Redacción Madrid. 28 de mayo. La Fiscalía llegó hoy a un acuerdo con los abogados de once acusados de pertenecer a ETA para reducir los seis años de prisión que solicitaba a los dos años. Esta condena implica que los procesados no deberán ingresar en la cárcel al no superar la pena los dos años de prisión.
Durante la celebración del juicio en la Audiencia Nacional, el fiscal Ignacio Gordillo consideró que podían aplicarse las atenuantes de dilaciones indebidas y confesión. Los acusados reconocieron los hechos recogidos en el escrito del fiscal, en el que les acusaba de pertenecer a comandos de información de ETA y suministrar datos sobre posibles objetivos.
Casi todos los acusados llegaron a la Audiencia Nacional vistiendo camisetas con el lema 'Stop Tortura' junto a la fotografía del rostro deformado de uno de ellos, de nombre Unai Romano, supuestamente maltratado por las Fuerzas de Seguridad.
Según la acusación del fiscal, el procesado Juan Carlos Subijana, 'Txampi', formó un comando de información al servicio de ETA, junto con los procesados José Ramón Acedo Espina y Zigor Bravo Sáez de Urabain.
El objetivo era facilitar datos a la banda terrorista para la ejecución de atentados.
Txampi captó para este comando a varias personas, entre otras, a los procesados Susana Achaerando Alesanco, Joseba Gorosarri Ramos y Unai Romano Igartua. Además, Subijana recibía del también procesado Enrique Celestino Uriarte Alonso, interno en la prisión de Nanclares de Oca, información acerca de los funcionarios de dicho centro con la finalidad de atentar contra ellos.
Joseba Gorosarri y Juan Antonio Cortes de Luis formaron un 'comando de información' para facilitar información a ETA. Este último, responsable del talde, había pertenecido anteriormente al 'comando Basurde', recibiendo cursos sobre el manejo de armas y explosivos que impartían en Francia otros miembros de la banda.
El resto de los procesados, Jon Echeverría Oyarde, Unai Romano Igartua, Daniel Gutiérrez Pérez, Raúl Vallinas Aduna, Aitor Durán Ruiz de Eguino, Sendoa Domínguez Moreno, Ivan Sáez de Jauregui Ortegosa y Jokin Cerain Alvarado, realizaron contactos con la dirección de ETA en Francia y captaron a personas para su integración. Además, todos ellos tienen procedimientos abiertos en la Audiencia Nacional por actos de violencia callejera.
Los acusados informaron a otros miembros de la banda sobre el domicilio de personas sobre las que la organización podría atentar. En concreta, iba dirigido a militares, agentes del Cuerpo Nacional de Policía y concejales del PSOE.
En el domicilio de Sáez de Jauregui, se ocupó informaciones manuscritas sobre vehículos y políticos del País Vasco que podían ser objetivos de ETA. El procesado Cerain Alvarado informó sobre un despacho de abogados cuyo titular era militante del PP, con el fin de que la banda actuase contra él.