Pablo Sagarra Renedo. “Grave es que se introduzca el divorcio; aún lo es más que su legalización se produzca en medio de nuestra indiferencia, o de un confusionismo provocado o consentido” (Cardenal Primado Don Marcelo González. Instrucción Pastoral “Divorcio, Doctrina Católica y Modernidad”. Toledo, septiembre de 1980)
    Tremendas y proféticas palabras del vallisoletano, de Villanubla, Don Marcelo González Martín.  Hace poco se cumplían los 50 años de su nombramiento como obispo de Astorga. Luego saltaría a la silla episcopal de Barcelona y, finalmente, a la sede primada de Toledo. En ciertos medios se le recuerda por sus predicaciones, su espíritu apostólico, su caballerosidad y su profunda humildad. Pocos hablan de su cariño a España y menos aún de su defensa sin fisuras de la familia y de su acerada crítica a la institución que más daño le ha hecho a aquélla: el divorcio.

Cuando el próximo 7 de julio de 2011 se cumplan 30 años de la aprobación por las Cortes españolas de la Ley que introdujo el divorcio en España, promovido por los gobiernos, que se decían democratacristianos, de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, es hora de hacer balance denunciando la tragedia silenciada del divorcio. Y decimos tragedia silenciada porque, pretenda quien pretenda ocultarlo, afecta dolorosa y directamente a millones de españoles, padres e hijos, y porque está silenciada ya que nadie, ni a nivel público ni privado, habla del divorcio. El silencio es total; no hay preguntas siquiera, sólo cifras frías. Y lo que es peor, a quien se atreve a cuestionar el divorcio se le hace callar por tamaño atrevimiento siendo defenestrado a la Gehenna político-social española, pestilente destino adjudicado a los “intolerantes” amigos del matrimonio indisoluble, el único verdadero, por otra parte. Soy consciente de encontrarme en el seno de una minoría que se niega a claudicar ante el triunfo del mal que mayormente destruye la felicidad del hombre: el divorcio.

En anteriores ocasiones, y con la hondura doctrinal que corresponde, hemos declamado por la salvaguarda legal del matrimonio, una institución natural, un contrato complementario entre un hombre y una mujer para amarse, ayudarse y abrirse a la llegada de los hijos y a su crianza. Tal institución no podía ni puede por ello ser otra cosa que monógama e indisoluble. Hemos efectuado también críticas al divorcio (y a la cultura divorcista) porque es el ataque más directo al matrimonio. Pero hemos hecho siempre una crítica constructiva planteando propuestas de orden jurídico, civil y canónico, para paliar los efectos de esta injusta y tiránica institución que supone un torpedo letal bajo la línea de flotación de la familia en España.

Hay que revalorizar esas frías cifras para España ya que el número de divorcios –las separaciones apenas suponen el 10% de las rupturas familiares-, se suceden a la velocidad de vértigo. Hay unos 130.000 divorcios en nuestro país al año durante el último lustro; cada 4 minutos se rompe un matrimonio, 15 a la hora y 359 al día; y más de 100.000 menores al año asisten a la ruptura de su familia. Es una tragedia nacional; nos acercamos a los dos millones de separados o divorciados en España y a otros dos millones de niños afectados.

A nivel social, las consecuencias del divorcio están coadyuvando al empobrecimiento y al invierno demográfico en España y Europa. Como ha denunciado Benigno Blanco, el Presidente del Foro de la Familia, es la causa mayor y más directa, de pobreza de la mujer en la Unión Europea. El envejecimiento progresivo de la población española, junto a la desestructuración de las familias, implica un futuro de nuestros mayores –de nosotros mismos- muy sombrío: no habrá jóvenes para trabajar, los recursos disminuirán y no habrá hijos para cuidar de sus padres… La situación es de emergencia nacional. La institución que mayor índice de felicidad reporta al hombre, la familia, está casi herida de muerte en nuestra Europa. Y el bienestar económico que tanto se persigue, peligra a ojos vista. Y la culpa no es sólo de la crisis financiera, o inmobiliaria en el caso de España. Son tiempos de denuncia para empezar a remediar esta sangría de matrimonios. Porque merece la pena para la felicidad de tantos millones de personas y porque evitaremos el hundimiento social. Hemos llegado a un punto de no retorno. 30 años son muchos años. Hay que ser realista y comenzar a poner freno a esta situación.

A nivel privado debe promocionarse el matrimonio, esté uno o no casado. Pero debe también atacarse el divorcio, jamás a los divorciados, porque lo criticable es la institución no los que recurren a ella, muchos de ellos sin culpa alguna y porque no han tenido otra salida.

Y en el ámbito de lo público hay mucho camino por recorrer; no basta con plantear soluciones parciales; hay que ser –aquí sí- maximalistas, porque nos movemos en el campo de lo innegociable tal y como expone el Papa Benedicto XVI, por activa y por pasiva. Por ello se debe exigir a los partidos políticos, sobre todo a los que tienen responsabilidades de gobierno, políticas activas –reales- a favor del matrimonio y la familia, al igual que a favor de la vida. Este es un punto muy importante. La defensa de la vida debe conllevar la defensa del matrimonio y la familia. Sólo haciendo una defensa absoluta de la vida y del matrimonio; sólo haciendo una crítica simultánea, por consiguiente, en los ámbitos y con las intensidades que correspondan, del aborto y del divorcio se podrá avanzar en el respeto del no nacido y en el respeto de la institución matrimonial. ¿Por qué?, sencillamente porque cuando una sociedad admite el divorcio difícilmente puede prohibir el aborto. ¿Quieres que no haya abortos?; lucha contra el divorcio.

Y por otro lado, a nivel eclesiástico institucional, nos ratificamos en la denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979 en el punto sobre el matrimonio. Es necesario que el matrimonio canónico quede desvinculado del ordenamiento jurídico civil, del mal llamado “Derecho de Familia” español. Esta acción es decisiva y urgente. El matrimonio canónico no puede seguir cohabitando con el matrimonio civil después de la aprobación unilateral por parte del Estado español de la Ley del Divorcio de 1981. Los católicos que quieran contraer matrimonio auténtico tenemos derecho a que nuestro matrimonio canónico no esté sujeto automáticamente a un Código Civil que ha socavado y desfigurado a la institución matrimonial. Si nos conviene casarse por lo civil lo harán los católicos pero partiendo que nuestro matrimonio canónico es anterior al Código y al Registro Civil.

Es hora también de promover el matrimonio civil indisoluble opcional. Aun cuando por lo que se refiere a su concordancia con la ley natural objetiva no sea una solución ideal se puede exigir una doble regulación civil del matrimonio que permita, por un lado, el matrimonio temporal y disoluble (el vigente) y, por otro, un nuevo matrimonio indisoluble con los efectos divergentes e irrevocables, correspondientes para cada uno de ellos. La inteligencia del hombre, de su natural antropología lo permite. ¿Por qué no vamos a poner esta doble modalidad opcional? Hay que requerir a los poderes públicos para que, los que queramos, podamos gozar de un matrimonio perpetuo reconocido así por el Derecho Civil.

En este triste treinta aniversario no caben las lamentaciones. Todos los hombres de buena voluntad y los católicos en particular –los únicos por desgracia que defendemos el verdadero matrimonio-, tanto laicos como pastores, debemos actuar unidos para promover una sociedad sin divorcio en la que el matrimonio se respete. Queremos que el poder público restablezca las condiciones mínimas para la institución que mayormente hace viable la felicidad terrenal –y ultraterrenal- de los hombres y de las mujeres en España (y en Europa): la familia.