Pedro Sáez Martínez de Ubago. Aristóteles distingue y diferencia  en “La Política” los conceptos de persona y ciudadano, aunque para entender plenamente la diferencia habría que remitirse a otros  conceptos como  Estado y Sociedad. El Estado se conforma por medio de la unión de familias orientada al bien común. Y tras la unión de muchas familias, formando así el pueblo, y de la unión de muchos pueblos, se forma el Estado, que es un resultado de la dimensión social del hombre que le conduce instintivamente a conformar una sociedad  con otros.
También, según Aristóteles, no siempre deben de ser los mismos los que gobiernen, pues todos los ciudadanos son iguales y deben de tener igualmente acceso al poder. Así, en el libro segundo de su “Política”, Aristóteles describe algunas constituciones, en las que obviamente el ciudadano juega un papel importante, como en  la Constitución de Hipódamo de Mileto, que divide la sociedad en agricultores, artesanos y defensores a la  que  critica por considerar que es difícil que los agricultores y artesanos lleguen a ocupar puestos públicos. Es aquí cuando empiezan las dudas acerca de quien es considerado ciudadano, quién puede ejercer magistraturas políticas o de gobierno y quién no.
Seguidamente, en el libro tercero, Aristóteles habla  del ciudadano sosteniendo que  no cualquiera es un ciudadano,  pues la  persona no-ciudadano (esclavos,  extranjeros…) puede contar con un domicilio o el sujeto de derechos, pero sólo la persona-ciudadano puede tener funciones de juez y magistrado, o lo que es lo mismo, derechos y  libertades políticas. Pero también hay una división entre los ciudadanos. Los ciudadanos que aún no llegan a la edad requerida “Ciudadanos incompletos” y los ancianos que han sido eliminados de la inscripción cívica “ciudadanos jubilados”.
De esta forma, si el Hombre, como primera naturaleza es un ser racional, como segunda naturaleza es un ser o animal político. Para que se cumpla su naturaleza de ser racional y para que alcance su fin, se da en la ciudad el lenguaje, que se desarrolla estando en contacto con otros hombres, y a la vez lo distingue de los animales. La voz la poseen todos los animales, pero la palabra la posee solo el hombre, que también posee el sentido del bien y del mal, y le permite dar enunciaciones del orden ético y moral, lo conveniente y lo perjudicial, conjunto con la capacidad de pensar.
El es quien participa en la magistratura (funciones judiciales y administrativas) indefinida y se encuentra exento de los trabajos necesarios. La tarea de los ciudadanos es la seguridad de la comunidad, y la comunidad es el régimen, de tal forma que la virtud del ciudadano está forzosamente ligada con el régimen, es decir, si hay varias formas de regímenes no puede haber un virtud perfecta única del buen ciudadano (según el régimen será tal o cual virtud la del buen ciudadano). En cambio el hombre de bien lo es conforme a una única virtud perfecta. Se da igualdad política entre los ciudadanos, y con el mando político se manda a los de la misma clase y a los libres, es donde el gobernante debe aprender siendo primero gobernado. El buen ciudadano debe saber y ser capaz de obedecer y mandar, esa sería su virtud, conocer el gobierno de los hombres bajo sus dos aspectos a la vez.
Para ello, la prudencia es la única virtud del que manda, pero en el gobernado la virtud es la opinión verdadera. En Aristóteles la política no es una cuestión de conocimiento puramente teórico dado que, en la práctica, los ciudadanos son quienes establecen los mecanismos de funcionamiento del Estado y es malo que sea un hombre y no la ley, porque se haya sujeto a las pasiones.
A su vez  la justicia es solamente una virtud, aunque también existe una justicia natural. Como virtud sería el punto medio entre dos extremos de injusticias. El hombre justo es el que cumple la ley pero también lo es quien actúa hacia los demás comportándose de un modo igualitario.
Resumida así la doctrina aristotélica en lo concerniente a la calidad y las cualidades de una persona y un ciudadano, sería interesante sacar conclusiones no sólo sobre si es un buen ciudadano el magistrado que se desentiende de sus funciones de gobierno del Estado en momentos de particular dificultad para éste, o sobre si es justo el gobernante que en una sola pieza de caza se gasta el 150% del salario medio anual de sus gobernados o el 411% del salario mínimo interprofesional establecido por las leyes de su Estado; sino también sobre si son prudentes las formas políticas de estado que posibilitan el que se den casos semejantes en magistraturas vitalicias y hereditarias.