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Piden a los diputados católicos que den su voto contrario a la reforma del texto
Los obispos califican la Ley del Aborto como "una fuente envenenada de inmoralidad e injusticia"
Redacción Madrid. 18 de junio. La Conferencia Episcopal Española (CEE) tachó hoy al Anteproyecto de la nueva Ley del Aborto de una "fuente envenenada de inmoralidad e injusticia" por su pretensión de calificar el aborto como un derecho que debe de ser protegido por el Estado. "El derecho a la vida no es una concesión del Estado, porque éste carece de autoridad para establecer un plazo, dentro de cuyos límites la práctica del aborto dejaría de ser un atentado contra el derecho de la vida", afirma la declaración hecha pública hoy por la Comisión Permanente de la CEE en una rueda de prensa presidida por el secretario general de la CEE, Juan Antonio Martínez Camino.
Los obispos denunciaron que el Anteproyecto de Ley presente el aborto provocado como un derecho que forma parte de un programa de salud sexual y reproductiva porque, tal y como manifestaron, "abortar, nunca es curar, es siempre matar".
Por ello, recalcaron que el Estado "no puede erigirse en árbitro sobre la vida humana adoptando medidas legales que toleren o justifiquen como supuestos derechos acciones individuales que atenten contra el derecho a la vida".
Según el criterio de la CEE, el Gobierno presenta el aborto como si fuera un asunto privado ligado sólo a la decisión de la madre, "pero eliminar una vida no es un asunto meramente privado".
"Se trata de un acto de gran transcendencia pública", destaca la declaración.
Los obispos han hecho público este documento antes de la tramitación de la nueva normativa con la esperanza de que la reforma de la ley no se apruebe finalmente. Por ello, tal y como manifestó Martínez Camino, solicitan a los diputados católicos que den su voto contrario a la normativa del Gobierno. "Ningún católico coherente con su fe podrá dar su voto favorable", destacó. Pero su mensaje no sólo se limitó a los católicos, el documento señala que el texto no debe de ser respaldado tampoco por ninguna persona que atienda "a los justos imperativos de la razón". "Espero que la guía presentada hoy dé luz a cualquier persona que quiera escuchar esta reflexión", apuntó el obispo.
Sin embargo, y en caso de que el Anteproyecto de Ley finalmente salga adelante, la CEE, que desmintió que vaya a emprender manifestaciones o protestas, aseguró que el nuevo texto supondría "un serio retroceso respecto a la actual legislación despenalizadora, ya de por sí injusta". Además, y tal y como señala la declaración, haría que la justicia quedara "gravemente dañada al llamar derecho a la violación del derecho a la vida".
OBJECION DE CONCIENCIA
Martínez Campos señaló que la objeción de conciencia de los profesionales ante el aborto "existe, esté regulada o no". Por ello, el texto también destaca la necesidad de reconocer y agradecer "el valor mostrado por tantos ginecólogos y profesionales de la sanidad que, fieles a su vocación y al verdadero sentido de su trabajo, resisten presiones de todo tipo e incluso afrontan ciertas marginaciones con tal de servir siempre a la vida de cada ser humano".
Preguntado por si recaería la "excomunión" sobre aquellos católicos que practicaran un aborto o sobre las mujeres que intervinieran su embarazo, Martínez Campos prefirió no contestar y destacó que habría que analizar cada caso concreto. "La excomunión es una pena medicinal, una especie de luz roja para los que intervienen directamente en un aborto realizado", afirmó.
REACCIONES
El documento de la CEE despertó a lo largo de la mañana toda una cascada de reacciones a favor y en contra, especialmente, de que la Iglesia intente influir en las decisiones políticas. El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, que respetó que las organizaciones sociales "digan lo que quieran", señaló que "los intereses y derechos de los ciudadanos se regulan en sede parlamentaria. "La CEE tiene que entender que en el ámbito de lo público la única moral posible es la de la Constitución", destacó.
Más críticos se mostraron el ministro de Fomento, José Blanco, y la ministra de Economía, Elena Salgado. El primero denunció la "hipocresía" de la Jerarquía Eclesiástica y la segunda destacó que la Iglesia "no sabe cuál es su lugar".
Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, afirmó que "cada uno puede decir lo que quiera" y agregó que bajo su punto de vista es "un disparate" hacer una ley de plazos para regular el aborto. "Desde luego votaré en contra y no porque me lo diga nadie", aseveró.