Pio Moa. El delito está relacionado, por una parte, con la individuación humana (diferencia y a menudo oposición de sentimientos, ideas, intereses, tendencias... entre los individuos) y por otra con la ley, pudiendo definirse como conculcación grave de una norma legal. La propia individuación impulsa a satisfacer las exigencias del ego a costa de los demás, y a la consiguiente guerra de todos contra todos. Para evitarlo, la ley trata de establecer normas aceptables para la mayoría y hacerlas cumplir, de modo que si la ley no se impusiera mediante un amplio aparato coercitivo y represivo, la delincuencia se generalizaría. Pero una ley, aparte de que nunca satisfará a todos, puede ser considerada injusta. Un caso obvio podrían ser las leyes raciales de Núremberg, o más recientemente, en España, otra tan injusta y totalitaria como la de "memoria histórica"; las cuales plantean la exigencia moral de la desobediencia. ¿Serían delincuentes quienes infringieran tales leyes? La noción de injusticia de una ley plantea a su vez la cuestión interminable de si su promulgación, siguiendo ciertas formalidades, la hace necesariamente de obligado cumplimiento, o si existe en el ser humano un sustrato ético, la "ley natural", fuente del sentido de la justicia por encima de cualquier formalismo.

Conviene señalar, por lo demás, que muy a menudo los delincuentes desconocen la ley que infringen. Es más, la inmensa mayoría de las personas ignora la mayor parte del cúmulo de leyes en vigor. Por tanto, la conducta corriente no se guía por esas leyes, sino más bien por una especie de sentido común e idea intuitiva de la justicia... para llevarse a veces la sorpresa de que esa idea choca con tal o cual norma aprobada por los políticos. Se da así la paradoja de que uno puede ser condenado por una ley que desconoce, y que la misma, sin embargo, ha de cumplirse prescindiendo del "detalle" de la ignorancia de la gente normal, pues la ignorancia siempre podría ser esgrimida por el acusado para evitar la condena.

Señalemos asimismo la enorme importancia económica del delito. No me refiero solo a los daños o a los movimientos de dinero que puede causar, en especial el delito organizado (tráfico de drogas, trata de blancas y similares), sino al tremendo aparato de jueces, policías, abogados, juzgados, prisiones, funcionarios y empleados, etc., necesario para asegurar el cumplimiento de la ley y la sanción a los infractores.

Por otra parte, no hay una correlación obligada entre delincuencia y población penal, como vimos anteriormente. Además, la comparación entre unos países y otros es complicada, porque a menudo la penalización del delito, incluso su misma calificación para un mismo acto, varía según las respectivas legislaciones.

No obstante, sin adentrarnos mucho por estos caminos escabrosos, creo posible hacer una aproximación comparativa grosso modo entre países, considerando la delincuencia como un índice de salud social o calidad de vida (valga esta bárbara expresión), que será objeto de otro artículo.

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