Como estaba previsto, las dos fuerzas mayoritarias PSOE y PP, con el apoyo de las formaciones nacionalistas de CiU y PNV, han unido hoy fuerzas en la subcomisión parlamentaria que estudia la reforma de la Ley Electoral para “tumbar”, según la expresión utilizada por el portavoz parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, el más mínimo cambio dentro de los planteados por esta formación para modificar en profundidad el actual modelo electoral, pese a que estas propuestas venían avaladas por el informe elaborado el año pasado por el Consejo de Estado a solicitud del propio Gobierno.

Llamazares calificó lo ocurrido en la reunión vespertina de esta subcomisión -creada en el seno de la Comisión Constitucional que preside el socialista Alfonso Guerra- como un “portazo electoral” previamente pactado y coordinado por PSOE y PP por el que estas formaciones “blindan su actual sistema de privilegio, el bipartidismo imperfecto existente y arrinconan a fuerzas como IU que necesitamos hasta siete veces más votos que los dos grandes para lograr un escaño”.

Durante la subcomisión, PSOE y PP junto a las principales fuerzas nacionalistas, fueron diciendo “no” una tras otra a las históricas demandas de IU para hacer más proporcional y justa una Ley Electoral que data de 1985. Esta propuestas fueron recogidas también en el extenso trabajo del Consejo de Estado que, entre otras, avalaba poder crear una bolsa nacional de votos (que sumaría todos los sufragios de todas las circunscripciones que no hubieran servido para lograr un escaño, para adjudicarlos luego de forma proporcional a nivel nacional), aumentar el número de diputados hasta 400 como permite la Constitución, rebajar de 2 a 1 el número de diputados inamovibles por provincia y cambiar la Ley D'Hont de cálculo matemático de escaños por otra más proporcional que beneficie menos a los dos principales partidos.

En el informe encargado por la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega al Consejo de Estado -tras el compromiso adquirido por José Luis Rodríguez Zapatero en la sesión de investidura de 2008 de facilitar y abordar en serio una reforma electoral-  este órgano consultivo señaló que la vigente Ley Electoral perjudica a las formaciones de ámbito estatal como Izquierda Unida, exponía la necesidad de mejorar la proporcionalidad de la norma, así como el principio de igualdad y el propio régimen democrático, seriamente vulnerados en la actualidad.

Para Gaspar Llamazares, visiblemente molesto por lo acontecido durante la reunión, “simplemente se ha consagrado la ‘ley del embudo’ que es hoy la Ley Electoral, esto es, lo ancho para los mayoritarios y lo estrecho para IU y las minorías. Además, nos piden que sigamos tragando el ‘aceite de ricino’ amargo que supone esto”.

El parlamentario de IU señaló que los dos grandes partidos “se han limitado a tenernos dos años de trabajo para luego acabar ‘mareando la perdiz’ y plantear sólo cambios cosméticos como modificar la papeleta electoral del Senado o estudiar la figura del diputado suplente”.

“Al aumento de diputados –enumeró Llamazares- han dicho ‘no’, alegando ahora razones de austeridad y sin tener en cuenta que cuando se hizo la ley éramos algo más de 30 millones y ahora somos más de 40 millones de población. A reducir el mínimo de diputados por provincia han dicho ‘no’, considerando que algunas circunscripciones se verían perjudicadas, es decir, les preocupa la proporcionalidad de forma individual pero no la proporcionalidad en su conjunto del sistema. A la creación de un fondo o bolsa de restos han dicho ‘no’ porque no. Y a cambiar la fórmula D'Hont han dicho ‘no’ ya que opinan que no es bueno cambiar y porque podrían perder influencia”.