Miguel Massanet

Siempre se ha dicho que, en España, las pequeñas y medianas empresas eran el meollo del entramado industrial y el gran cesto en el que se acumulaba el 90% del empleo, el motor de nuestra economía y donde, sin duda, quedaba explicitado de forma evidente el espíritu emprendedor e innovador del pueblo español. Ello no obstante, no parece que el Gobierno socialista haya tomado en serio lo que, durante los últimos años, la crisis que nos viene azotando ha conseguido hacer con este sector tan importante y esencial de la producción y venta en nuestro país. Son cientos de miles las empresas modestas que han tenido que bajar sus persianas y otros cientos de miles los autónomos que han debido de seguir su ejemplo, privando al país de este sector tan imprescindible para el buen funcionamiento del armazón, tan útil e indispensable, que siempre ha sido este sector, complementario y subsidiario de las grandes empresas industriales y ramas básicas de la producción que, sin su ayuda estratégica, difícilmente hubieran podido cumplir con sus objetivos comerciales. Sectores tan importantes como el del transporte, utillaje, fabricación de componentes, mantenimiento, industrias auxiliares, distribución y venta de tantísimos productos básicos y derivados que han formado parte esencial del gran desarrollo de los últimos años, experimentado por nuestra nación.

Sin embargo, ha sido un gobierno socialista, del que seguramente nunca se hubiera pensado que se convirtiera en aliado de los poderosos y verdugo de los débiles; el que ha dedicado todos sus esfuerzos y ha despilfarrado una gran parte de la reserva de euros de nuestro Tesoro, en apoyar a aquellos, los bancos y el sector financiero del país, en reunirse con los principales representantes de la oligarquía formada por los poderosos lobbies de la banca, de las entidades financieras y de las cajas de ahorros del país, para que decidieran cómo se debía emplear el dinero de los impuestos de los españoles, no, precisamente, para apoyar a las pequeñas empresas, faltas de circulante o a los autónomos que regentaban pequeños negocios, viables y rentables, a los que los bancos, en un ejercicio de la más despótica indiferencia y falta de sensibilidad, los han dejado colgados cuando se han negado a descontarles sus pagarés, a renovarles sus pequeños créditos o a concederles otros, destinados a ampliaciones o modernización de sus instalaciones, que los hubieran hecho más competitivos. En su lugar, ya sabemos todos lo que se hizo con los primeros 50.000 millones de euros, que se utilizaron en taponar agujeros contables de aquellas empresas financieras que, con sus especulaciones inmobiliarias, habían contribuido de forma directa a la caída de la famosa burbuja inmobiliaria. Luego vinieron rescates de otras entidades financieras y de las propias cajas de ahorro, que se habían salido de las funciones que les eran propias para aventurarse en especulaciones muy rentables, pero ajenas a sus fines legales.

Contradiciendo los fines que, el Gobierno, había previsto para las ayudas concedidas (pecando de inocente y temerario al fiarse de que los bancos iban a ampliar los créditos antes de parchear sus contabilidades), aquella primera ayuda no sirvió para aumentar los créditos a sus clientes y, tampoco, las sucesivas oleadas de ayudas han contribuido a ello, a no ser que nos fiemos de aquellos que han dicho que los créditos habían aumentado considerablemente. En efecto, en los últimos tiempos, se han dado más créditos, pero sus beneficiarios no han sido precisamente estas Pymes o estos autónomos, que más los precisaban para salvar sus negocios, sino las grandes empresas, las multinacionales, las empresas públicas o aquellas que, por su sincronía con los socialistas, han sabido sacar tajada de su apoyo al Ejecutivo del señor ZP. No obstante, después de que un grupo importante de empresarios –muchos de ellos que apoyaron las primeras acciones del Gobierno al principio de la crisis – presentaron al Rey un estudio pormenorizado de la situación desesperada en la que se encuentra España, debida, principalmente, a la gran desconfianza que las naciones de Europa y del resto del mundo, por el efecto contagio; que nuestro señor Rodríguez Zapatero ha sabido granjearse –gracias a su evidente incapacidad en materia económica, en su empecinamiento en no dar su brazo a torcer – y por en el retraso en poner en funcionamiento los reformas, débiles reformas debiéramos añadir, que fueron aprobadas hace meses. Tampoco han contribuido a crear confianza las declaraciones intempestivas, absurdas, incoherentes y deslavazadas de nuestra señora Salgado, que parece que, cada vez que ocurre un acontecimiento adverso a nuestros intereses, se cae del guindo y se escuda en una puerilidad, como es el decir: “esto que ha ocurrido el Gobierno ya lo tenía previsto” ¡Pues, señora mía, la tenemos, precisamente, para que no se produzca y ponga los medios para evitarlo!

Ahora y a destiempo, se ha decidido a adelantarse a los acontecimientos, resucitando del ostracismo aquellas advertencias que le fueron enviadas al principio de la crisis por los mismos empresarios; ha decidido citar a una treintena de grandes empresarios para que, de viva voz, le pongan en antecedentes de lo que es preciso hacer para salir del mal trago. El señor ZP, lo sabe perfectamente, porque se lo vienen diciendo, por activa y por pasiva, desde su partido y desde la oposición y, de manera más imperativa desde Bruselas; pero, como siempre, no se sabe si por su proverbial improvisación, si por su desconocimientos de los verdaderos problemas que afectan al país o por estar emperrado en amarrar a los poderes fácticos de la nación, prescindiendo de aquella parte de la población de la que más debiera de preocuparse; lo cierto es que se ha olvidado de convocar a los representantes de las Pymes y de los autónomos que, a mi modesto entender, como ciudadano de a pie, es posible que le dieran una visión más realista de lo que necesitan las empresas españolas. Al menos, servirían de contrapeso a la voracidad de banqueros y grandes empresarios que, como es sabido de todos, no respiran más que para engrandecer sus negocios, apoyarse en el poder para sacar la mejor tajada de la crisis y seguir haciendo negocio en el extranjero cuando la situación en España se pone “chunga”.

Porque, me van a permitir un digresión, cuando uno escucha a estos grandes magnates, a estos señores, a los que el dinero les rebosa de sus faltriqueras, hablar del tema de las pensiones, como lo hizo el señor Fernández Ordóñez, el gobernador del Banco de España, dando a entender que los pensionistas también tenían que estrecharse el cinturón para ayudar a solventar la crisis; se le enciende la sangre al constatar que, para ahorrar 1.500 millones de euros, que es lo que, aproximadamente, costaría el aumento de pensiones (algunas irrisorias e insuficientes para sobrevivir), existirían otras formas menos sangrantes y más justas; por ejemplo, un impuesto sobre los beneficios bancarios ( no parece que la crisis los haya suprimido si, quizá, disminuido); eliminar subvenciones que, en el 2010, ascendieron a la friolera de 20.000 millones de euros; vender edificios públicos de la Administración General que podría proporcionar otros 40.000 millones de euros; suprimir la mitad de las 4.000 empresas pública, un semillero de enchufados de los distintos partidos y que, por añadidura, que han engendrado una deuda de 52.000 millones de euros, así se mataría a dos pájaros de un tiro o, vean por dónde, se podrían vender las participaciones que tiene el Estado en grandes empresas cotizadas como por ejemplo: un 5’16% en Iberia; un20% en Red Eléctrica; un 8’65% en Puleva o un 5% en Enagás, entre otras. Aparte de los despilfarros en gastos del Ejecutivo y en contratación de funcionarios. ¡Por favor, no nos tomen más el pelo!