El Estado de bienestar es una gran estructura de solidaridad de los que tienen trabajo hacia quienes no lo tienen, de los que tienen más ingresos hacia los que tienen menos, de los que se encuentran sanos hacia los que necesitan recuperar la salud, y de las generaciones presentes hacia las futuras. Para asegurarlo, la solidaridad se tiene que ejercer sobre una economía que pueda financiar sus prestaciones mediante el crecimiento y el empleo. Por eso, el Estado de bienestar solo se da en economías de mercado, abiertas y basadas en la iniciativa empresarial. No existe Estado de bienestar en las economías de la privación y la miseria soñadas por la extrema izquierda populista y predicadas por esta como sus modelos.

 Es en este contexto en el que tiene que valorarse la introducción del ingreso mínimo como una nueva prestación en el sistema de seguridad social. Novedad solo relativa porque las comunidades autónomas, en uso de sus competencias, han arbitrado diversos mecanismos de sostenimiento de rentas mínimas que este ingreso complementará en diversos supuestos. Varios análisis publicados aquí se han mostrado partidarios de un sistema temporal, rigurosamente gestionado, que sirva para aflorar economía sumergida y que no suponga desincentivar la búsqueda de empleo en sus beneficiarios. Es un deber moral y una política sensata remediar las situaciones de pobreza extrema y exclusión en nuestra sociedad, cuidar de los más vulnerables, tender una red de seguridad a los que la necesiten. La sociedad civil y diversas administraciones públicas lo vienen haciendo con esfuerzo. Ahora la administración del Estado sigue ese camino que la responsabilidad asistencial a nivel autonómico y local ya había abierto.

 No será un sistema temporal sino estructural y no está claro que la extraordinaria complejidad del diseño de esta política contribuya a una gestión eficaz y a una evaluación rigurosa de sus resultados. La retórica populista que ha envuelto su presentación no es un buen augurio.

 En todo caso, no habría que olvidar que sumados los desempleados, los afectados por ERTE, pensionistas, empleados públicos y ahora beneficiarios del ingreso mínimo, los que dependen de transferencias públicas superan ampliamente los 17 millones de personas. Este dato retrata la magnitud del reto que tiene por delante la economía española para recuperar crecimiento y empleo, ya que de lo contrario la sostenibilidad del modelo de bienestar llegará a un punto de máximo riesgo. Pero también esta situación social, tan inédita como preocupante, debería tenernos vigilantes ante los riesgos –más bien ante la evidencia– de manipulación populista de la crisis.