Carlos Gregorio Hernández. 9 de octubre.

Recientemente el periódico El Día, una de las cabeceras con mayor tradición de Canarias, ha sido censurado de forma unánime primero por el Cabildo de Gran Canaria y luego por el Parlamento autonómico. La censura no viene, como cabría suponer, por el insulto que antecede a estas palabras y que es moneda común en el diario propiedad de Don José Rodríguez Ramírez, sino por sus reiteradas invectivas contra la isla de Gran Canaria a la que, entre otras cosas, pretendía sustraer el Gran de su nombre. La propia Fiscalía de la Comunidad Autónoma ha emprendido acciones con el fin de esclarecer si estos ataques pueden ser perseguidos por la Justicia, puesto que se ha argumentado que podrían ser tipificados como xenofobia.

El disparate, que no es más que una pelea en el seno del bloque de poder que domina el Archipiélago desde Gran Canaria y Tenerife, es de tal magnitud que no merece mayor comentario. Lo grave a juicio del que suscribe es que Parlamento, Cabildos y Justicia puedan considerar alarmante que un periódico cuestione el legítimo Gran de Gran Canaria, que puede leerse desde las mismas crónicas e historias de la Conquista, y no la deriva separatista de la cabecera propiedad de José Rodríguez Ramírez.

Los demócratas de los Cabildos, Parlamento y Justicia, elegidos y nombrados en virtud del orden constitucional imperante, nunca han cuestionado el separatismo que se ha preconizado desde este medio, incluyendo disparates como la publicación de la Constitución de una República Federal Independiente Canaria, elaborada por Antonio Cubillo, e insultos del calibre del mencionado en el título de este artículo. Para ilustrar lo escrito incluyo unas líneas de un editorial del periódico que no han recibido ningún reproche por parte de nuestros políticos y jueces, salvo las tímidas palabras de los mandos militares: “No podemos consentir que los canarios continuemos con la nacionalidad española. Eso es una afrenta al genocidio de nuestros antepasados. No olvidemos que, o somos canarios libres, o esclavos de los españoles, como ahora”. El mismo propietario no dudó en tergiversar la memoria de su antepasado Leoncio Rodríguez, el ilustre fundador del periódico que ahora regenta, y convertirle por arte de editorial en un defensor de un separatismo por el que nunca abogó. Es evidente que el diario no sólo promociona la animadversión contra Gran Canaria, sino que, con falsos argumentos, también instiga el odio a España. Lo más grave es que en este punto el periódico cuenta con la solidaridad de personajes como Miguel Zerolo, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, y Tomás Padrón, presidente del Cabildo de El Hierro, ambos cargos institucionales y miembros de Coalición Canaria e incluso con la cobertura de todo un partido que ha tomado como emblema la bandera separatista que creara Cubillo en la década de los sesenta.

El Día, como Coalición Canaria y el Partido Popular en el poder autonómico, han afrontado la cuestión de la inmigración, especialmente a raíz de la llegada masiva de cayucos, con argumentos claramente xenófobos contra los negros, pero nadie ha salido al paso tampoco en esto para detener sus ataques hacia este colectivo. Se pudo leer en El Día que “Canarias sufre una invasión de africanos de raza negra pura —salvo en caso de sida o enfermedades contagiosas— la cual prima sobre la blanca en caso de mezclarse”. Pero, más allá de lo escrito en un periódico, en sede parlamentaria y contra todo lo reflejado en nuestra Constitución y ordenamiento jurídico, se ha llegado a abogar por una ley de residencia que controle la presencia en Canarias de los otros “inmigrantes” llegados desde la Península y Europa. Esta idea, que no es nueva, la venía promoviendo el colectivo Identidad Canaria, que encabezaba un asesor del ya citado alcalde de Santa Cruz de Tenerife y que utilizó las páginas de El Día para promover sus documentos y acciones.

Contra qué reaccionan, que toleran y qué secundan nuestros políticos es una manera de comprobar con qué están verdaderamente comprometidos tanto en el Archipiélago como en Madrid, sobre todo cuando la conducta se mantiene a lo largo de los años, generando un clima propicio para que prospere socialmente el separatismo en el Archipiélago y utilizando la inmigración como un argumento que les exime de sus responsabilidades a los ojos de los votantes.