IU intenta desacreditar a la juez Alaya
Miguel Massanet Bosch. Resulta sorprendente la facilidad de cierta izquierda para esconder sus trapos sucios, olvidarse de las promesas que hicieron y mentir una y otra vez cuando, con ello, pretenden cubrirse las espaldas, intentando derivar las consecuencias de sus actos, errores, promesas fallidas y falsas justificaciones de modo que, aunque sea a costa de recurrir a las más torticeras tácticas, retorcidos argumentos o desleales métodos y tergiversaciones, dejar por embustero a aquel que trata de denunciar su verdadera naturaleza, arrancándoles esta careta de presunta superioridad moral y ética con la que pretenden cubrir la realidad de sus verdaderos propósitos, engaños, trucos y argucias de los que se valen para conseguir sus objetivos totalitarios y absolutistas.
Veamos el ejemplo de la formación política IU, un partido que gracias a la espectacular caída electoral del PSOE, se está beneficiando de los votos que, el señor Rubalcaba y sus seguidores, se van dejando caer a medida, que su credibilidad se va hundiendo en la sima del descrédito y la desconfianza. El señor Cayo Lara es uno de aquellos comunistas que, como les suele ocurrir a muchos de los que militan en su formación, han surgido de la nada, es agricultor de profesión y, a fuerza de forjarse entre los suyos, los sindicalistas, una cierta fama de progresista y alborotador, van subiendo escalones dentro del partido hasta que, no se sabe bien por qué tipo de mecanismo, se encuentra aupado al cargo de Coordinador General del PC. En Catalunya ya tuvimos, esta vez en el PSC, otro sujeto de parecidas cualidades, el señor José Montilla quien, ¡admírense ustedes!, sin ninguna preparación académica consiguió dirigir la Generalitat y hasta llegó a ocupar el puesto de ministro de Industria, ¡así nos fueron las cosas!
Lo peligroso de estos personajes es que pretenden suplir sus escasos conocimientos con declaraciones rimbombantes, con propuestas irrealizables y con ideas trufadas de contenido sindical, utopías sociales y barbaridades económicas y financieras que, cuando son tomadas en cuenta ( la gobernabilidad a veces requiere que se les concedan a estos sujetos algunas de sus “grandes ideas”), ocurre como nos ocurrió a España durante los siete años de gobierno del señor Rodríguez Zapatero ¡Una catástrofe nacional!
Pues en Andalucía, donde vencieron los del PP pero sin suficientes escaños para gobernar, el PSA, que llevaba 30 años gobernando en la región, decidió aliarse con los de IU para así desbancar al señor Arenas. Como ya se corrían fundados rumores sobre las irregularidades de los gobernantes socialistas y, aparentemente, quedaba mal que un, presuntamente “impoluto”, partido comunista apoyara a una formación puesta en entredicho; para justificarse manifestaron solemnemente que apoyarían a los socialistas andaluces pero a condición de que las dudas legales que pesaban sobre ellos se despejasen. Evidentemente, la juez Mercedes Alaya no sólo ha confirmado aquellas irregularidades sino que, en el caso de los ERE’s fraudulentos, ha profundizado y ha sacado a relucir tanta podredumbre que ha embadurnado, hasta ahora, nada menos que a 116 cargos políticos, algunos de la misma Junta de Andalucía. Señores como un tal Lanza, un chófer de un consejero de Trabajo y otros muchos, se han hecho ricos a costa del dinero de los impuestos de los españoles.
Llegados a este punto los de IU, representados en el Parlamento Andaluz por el señor Diego Valederas, vicepresidente de la Junta y Consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, en lugar de hacer honor a las condiciones que impusieron para apoyar al PSA, parece que ha decidido hacer el ridículo, demostrar su ignorancia o mala fe y, por ello, ha lanzado una diatriba contra la juez del caso de los ERE, doña Mercedes Alaya, acusándola de falta de “celeridad” y “prontitud” en la investigación del caso; mientras que, a su criterio, Andalucía necesita “pasar página” de este asunto. Para redondear su exabrupto añadió la guinda “y pasarla conociendo el alcance y las responsabilidades políticas y penales” ¡Bravo, este señor ha ganado cum laudem el premio a la estupidez e ignorancia! Vayan ustedes a saber lo que quiso decir.
Para este señor la separación entre los poderes del Estado no existe y, según dice, la Justicia se debería regir por las conveniencias políticas, de acuerdo con los deseos de quienes mandan, aunque éstos sean directamente responsable de un fraude millonario que, por si fuera poco, les privó a los trabajadores que debían percibirla, de una cantidad que fue desviada a los bolsillos de los imputados y sus amigos. ¿Y este sujeto es un alto cargo de la Junta y representante en el gobierno de Andalucía de IU? Pero, ¿qué es lo que hace el señor Cayo Lara, tan ufano de su supuesta superioridad moral sobre el resto de partidos, que no ha cesado inmediatamente, expulsándolo del partido, a ese tal Diego Valderas? ¡Ah! Y no se olvide de pagar la Seguridad Social de sus empleados, no sea que acaben todos denunciados por incumplimiento de la normativa laboral.
Estas son las consecuencias de poner en un cargo importante y de responsabilidad, a un individuo sin preparación alguna que es incapaz de tener la humildad, antes de meter la pata, de intentar informarse del tema del que quiere hablar. Y este señor se atreve a criticar a una señora jueza, doña Mercedes Ayala que, a su indudable capacidad para su puesto, ha añadido una valentía que nos tiene admirados a todos y un tesón, diligencia, preparación y saber hacer que ha conseguido vencer todas las dificultades que desde la misma Junta se le han puesto para el ejercicio de su labor, negándole informaciones, documentación, descalificándola y poniéndola de chupa de domine. Ha podido con todo ello y, para vergüenza de quienes se opusieran a que siguiera la instrucción del expediente y han pretendido apartarla de ella, la propia Audiencia de Sevilla acaba de fallar contra la demanda impuesta por un abogado, don José Pedro Cosano, dejando claro que la juez Alaya “no trata de demonizar a sindicatos empresas o políticos” sino que aclara “una trama corrupta en la tramitación de los ERE”.
El mismo tribunal a decidido que la juez debe “apurar y depurar la instrucción” aún en el caso que vayan apareciendo imputados que pudieran estar aforados. Apunta el tribunal andaluz que no es cierto que la jueza se base sólo en lo que el recurrente nominaba como “oráculo” de la Guardia Civil, sino en datos de la Agencia Tributaria, el Registro Civil, bancos y aseguradores. Más claro agua. Y una aclaración: la Audiencia ha remitido al fiscal jefe de Sevilla el recurso del abogado por si, las frases utilizadas en su escrito, pudieran constituir un delito si sobrepasan lo que pudiera ser el legítimo derecho de defensa. Contundente.
Una muestra más de la prepotencia de estos sindicalistas, que asumen la función que les compete como asesores y defensores de los derechos de los trabajadores como un derecho que supera al del resto de instituciones estatales. Ya va siendo hora de que se saquen a la luz todas las maniobras, fraudes, apropiaciones, trucos y maldades de aquellos que creen que ocupar un cargo público es para enriquecerse personalmente y no para servir a la ciudadanía. Esperamos de la juez Alaya que no desfallezca y lleve a toda esta escoria humana a que reciban el castigo que se merecen. O esta es, señores, mi opinión.