Carlos Gregorio Hernández. 7 de agosto.

Cada cual es responsable de sus actos. Esta sentencia, que parece una obviedad, ha quedado oscurecida en los últimos días por la salida de prisión de Ignacio de Juana Chaos. Cuando un hombre mata a otro hombre los agentes de la autoridad tienen la obligación de perseguir al asesino y ponerlo en manos de la justicia para que los jueces apliquen la sentencia que le corresponde según el ordenamiento vigente. Pero ninguno de ellos, ni el asesino, ni el policía, ni el juez, son responsables de elaborar las leyes que se van a aplicar en cada caso. Esa es la tarea que el sistema constitucional reserva al Parlamento y es a sus miembros, es decir, a los diputados, a quien habría que dirigir la atención de los flashes de los medios en unas circunstancias tan lamentables como las que padecemos.

Mientras todos atienden a la salida de la cárcel del etarra y se rasgan las vestiduras porque este hombre puede vivir al lado de los familiares de sus víctimas, no se debe olvidar que quienes ahora piden el endurecimiento de las penas —hay correctivos que siguen siendo tabúes— han abogado en otro tiempo por las políticas penales y penitenciarias que han permitido hechos como el que ahora se contemplamos.

Tanto el PSOE como el PP han reaccionado de una manera parecida buscando algún resquicio para volver a encerrar a de Juana. Se trata de una maniobra de distracción para que pase desapercibida su fechoría, que cuenta con la indispensable complicidad de los medios de comunicación. En este caso la impunidad del terrorista es directamente proporcional a la de los políticos. No es justo que un terrorista que mata a 25 personas salga de prisión a los 21 años, pero no lo es por la acción consciente de los políticos, que seguirán desgobernando España sin ni siquiera recibir la mínima sanción que ya ha pagado de Juana. Ellos sí que son verdaderamente irresponsables de sus actos.

Pero no hay que olvidar que la fechoría no comienza con de Juana. En España el terrorismo gozó del privilegio de la amnistía e incluso de la legalidad para sus organizaciones políticas desde que se operó el cambio de régimen porque sus compañeros de viaje consideraron que luchaban contra aquél y no contra España. Pero los etarras, sorpresivamente para sus benefactores, continuaron su espiral de terror con mucha mayor virulencia durante la democracia y ni siquiera entonces se endurecieron las penas contra los criminales. Tampoco ahora.

La vicepresidenta Fernández de la Vega, tratando de defender la actitud del Gobierno en este caso, aseveró con gesto firme y sin ningún rubor que el respeto a la ley y el Estado de derecho son los pilares de la democracia española. Queda claro que la prensa de nuestro país sigue sin ser libre. Ninguno de los grandes medios ha tenido a bien sonrojarla con una simple recopilación de las andanzas de su partido en este terreno durante los años ochenta y en la anterior legislatura. La falta de reacción contra el Estado por un caso tan grave como la liberación de Ignacio de Juana es una prueba palpable de que la auténtica fortaleza del sistema es su capacidad para apaciguar a los débiles de espíritu y acallar a los contestatarios. Todo está atado y bien atado. Su salida de prisión no es sólo una humillación a las víctimas sino que debería indignar a todos los españoles de bien, pues el hombre al que se ha liberado mató para destruir España. Ahora se le quiere procesar por enaltecimiento del terrorismo. Si es así que se le procese, pero es el propio Estado el que enaltece el terrorismo cuando un asesino de 25 personas puede volver a pasearse por las calles sólo 21 años después de haber ingresado en prisión.