José María Caparrós

En plena canícula, ha vuelto a la palestra el polémico tema de la Ley Sinde, contra la “piratería” del cine por Internet. El nuevo director del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), Carlos Cuadros, brazo derecho de la ministra de Cultura, declaró a la Agencia Europa Press que las páginas web con contenidos protegidos por derechos de autor “estarán cerradas antes de que acabe el año”, añadiendo que esto sucedería “probablemente porque lo hagan ellas mismas. Sabrán las consecuencias de responsabilidades civiles que se les pueden pedir una vez que se les va a identificar y acabar la impunidad del anonimato. Eso saben que se les ha acabado y se van a cuidar muy mucho de seguir cometiendo acciones que como mínimo son delitos contra la propiedad. Muchas de ellas directamente van a cerrar, y por eso han hecho este último esfuerzo comunicativo de generar tanto ruido, porque todos los meses que puedan arañar de seguir robando dinero lo van a hacer, mediante venta de datos, de publicidad. Internet es la mayor oportunidad de la historia de la humanidad para la distribución de los contenidos culturales, solamente comparable a lo que supuso la imprenta. El Gobierno está enormemente feliz de que esta medida se está convirtiendo en referente cultural a nivel internacional”.

Asimismo, el responsable del ICAA manifestaría su convencimiento de la capacidad de la industria para ofrecer contenidos legales a precios competitivos en Internet, y añadió que “hay empresas que están invirtiendo mucho con enorme generosidad apostando por ello, para demostrar que el modelo es posible y viable. No podemos encontrarnos -concluyó- con que estando todo preparado, el estrangulamiento de los contratos haga que no se puedan poner las películas a disposición”.

Aun así, sabemos que la SGAE hizo su agosto con el cobro de los derechos de autor. Esperemos que esa nueva amenaza de cierre sea para el bien de los espectadores y de un sector que también en crisis; pues, según los últimos datos, España es el cuarto país del mundo con mayor “piratería” de películas.