Teresa García-Noblejas

Tras la última "entrega" realizada por el ministro Gallardón sobre la reforma de la Ley Aído hemos sabido que el Gobierno tiene previsto aumentar el control médico del proceso para valorar la salud de la madre como motivo para practicar un aborto.

Según la Dra. María Alonso, coordinadora del Área de Medicina de Profesionales por la Ética, "es imprescindible que los controles médicos vayan acompañados de la consideración del valor de la vida que se está desarrollando". El problema, para la Dra. Alonso es que subsista el fácil acceso al aborto y una consideración social de esta práctica como "derecho" de la mujer.

"El legislador", explica la Dra. Alonso, "debe analizar el engranaje concreto que supone la atención a la mujer que solicita un aborto en la práctica clínica para promover una Ley inteligible que sea también protectora de los derechos del no nacido y se preocupe por la problemática concreta de la mujer que se encuentra en riesgo de aborto".

Así, la Dra. Alonso recuerda que España es el país en el que más ha aumentado el aborto en la última década, seguido de Bélgica y Países Bajos. "El verdadero cambio legislativo", asegura, "es que el Estado no promueva el aborto y éste sea considerado socialmente como una excepcionalidad. Este es el cambio cultural que necesitamos. Es una circunstancia histórica para llevarlo a cabo y no puede desaprovecharse".

La experiencia española del aborto ha mostrado:

• El rechazo de la clase médica a colaborar con el aborto; el “coladero” del supuesto psicológico.
• La pedagogía de derecho al aborto libre que se establece con una ley de plazos.
• La ausencia de protocolos clínicos y de ayudas a los médicos para desenmascarar situaciones de violencia estructural en las consultas.
• La transformación de la deontología profesional al obligar al médico a informar sobre dónde y cuándo realizar un aborto.
• La reciente y costosa financiación pública de anticonceptivos.
• El improcedente capítulo de enseñanza del aborto en universidades y en colegios mediante una conflictiva y no consensuada educación sexual.

La reducción del número de abortos no será posible sin las ayudas a la mujer, que no serán eficaces si no se propone paralelamente un plan operativo que lo impulse. La experiencia ha mostrado que aunque se disponga de Plan de apoyo a la maternidad (presente en 8 Comunidades) no resulta efectivo si sigue existiendo el aborto como opción y si no se implanta un plan director con instrucciones operativas de actuación para atención primaria.

Por ello, se propone la creación de Unidades de Apoyo a la Mujer Embarazada (UAME) que permitan ofrecer servicios personalizados, confidenciales y de carácter gratuito. Las UAME podrían estar ubicadas en los actuales Centros de la Dirección General de la Familia, por ser éstos dependientes de las Consejerías de Asuntos Sociales. Para el desarrollo de su actividad estas Unidades centralizadas estarían constituidas por un equipo interdisciplinar compuesto por médicos, psicólogos y trabajadores sociales con formación en valoración psicológica, mediación familiar y experiencia en el trabajo con familias y mujeres embarazadas. La creación de estas unidades específicas surge de la consideración que busca el mejor abordaje a un conflicto que requiere unos recursos sociales y profesionales especializados.

"Otra opción", indica la Dra. Alonso, "aunque de menor calidad, podría ser el desarrollo del Plan de Ayudas a la mujer a través de toda la red de Atención Primaria. En este caso, necesariamente debe implantarse paralelamente un plan operativo que lo impulse. Este podría desarrollarse mediante la intranet informática ya disponible en todas las consultas de atención primaria. A través de la universalización del acceso directo desde las consultas y mediante las instrucciones específicas y protocolización de las actividades».

En definitiva, no basta aumentar los controles médicos para reducir abortos si no hay todo un plan específico y una decidida voluntad política para frenar esta tragedia que nos cuesta 100.000 muertes anuales.