Jacobo Rodríguez. El próximo 8 de noviembre la Audiencia Nacional decidirá sobre la extradición a Kazajstán de Alexandr Pavlov (en la foto, documento de la Interpol), , quien está acusado de intentar cometer una campaña terrorista y la comisión de delitos financieros. Acusado de terrorismo y tomar ilegalmente un préstamo del BTA Bank de 22.5 millones, Pavlov es conocido como un representante autorizado de Ablyazov.

Según el Comité de Seguridad Nacional de Kazajstán, esta persona, siguiendo las instrucciones de su jefe, planeó un campaña terrorista en Almaty para desestabilizar la situación en el país. En marzo de 2012 agentes de la seguridad nacional evitaron un acto terrorista en el parque de "La familia" detrás del centro de cines "Saryarka" en el distrito de Auezov en Almaty. Pavlov personalmente instruyó al que iba a ser el ejecutor. Además, se planeó atentar en el metro en la avenida Al-Farabi. Como dice el Fiscal General de Kazajstán, Pavlov dio 25 000 dólares americanos para llevar a cabo los actos terroristas.

El ejecutor tomó 15 000. Los restantes 10 000 se habrian abonado tras el cometido del delito. La investigación reveló que Pavlov no es sólo un jefe de seguridad de Ablyazov pero también ejecuta sus instrucciones más "delicadas" y confidenciales. En particular, ayudó en la malversación de fondos del Banco BTA. En febrero de 2009 organizó la extracción de los datos personales de Ablyazov y los discos duros de los ordenadores del banco de su división de negocios corporativos. Después se fue a Gran Bretaña. Desde 2009 se encontraba con su jefe en Londres.

Su defensa, sin embargo, alega que es un refugiado político, por haber sido jefe de seguridad de Ablyazov, ex presidente del banco BTA y que llevó a cabo un desfalco de 6 billones de dolares.
La Audiencia tiene que decidir acerca de su extradición, mientras recibe presiones para no llevarla a cabo. ¿Pero quienes apoyan a Pavlov?

El pasado 11 de septiembre, el parlamentario del grupo Verts/ALES, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, utilizó el artículo 117 del reglamento del Parlamento Europeo para realizar las siguientes preguntas a la Comisión: ¿Está la Comisión informada sobre el proceso de extradición de Alexandr Pavlov? ¿Tiene la Comisión previsto tomar medidas para evitar que países de la Unión Europea extraditen ilegalmente, como en el caso de Alexandr Pavlov? Se trataba, en definitiva, de un intento para presionar a nivel internacional y dar a conocer su caso.
Sin embargo la idea de la izquierda nacionalista no ha sido buena. Conviene recordar que Irazabalbeitia es miembro de Aralar, y que durante su paso como concejal fue socio de Bildu, considerado como el brazo político de la banda terrorista ETA. No es de extrañar, por tanto, que políticos vinculados con el secesionismo vasco y con acuerdos con los brazos políticos de terroristas, pidan que no se extradite a una persona con juicios pendientes en su país, precisamente por el intento de haber llevado a cabo un acto terrorista.

Quizá porque durante mucho tiempo, los actos terroristas en España y en otros países europeos eran considerados por sus autores o afines como parte de una supuesta “lucha por la libertad”, y avalaban, de esa forma, el terrorismo. Por ello son este tipo de gente los que defienden a Pavlov. Los que han considerado que la democracia española “oprimía al pueblo vasco”, son los que ahora consideran que Kazajstán oprime a su pueblo. Poco favor le están haciendo a su propia defensa.  

La Audiencia ha de decidir, por tanto, si seguir la línea apoyada por personas vinculadas a brazos políticos de grupos terroristas, o aceptar la extradición a un país, como Kazajstán, con el que España, por cierto, sí tiene firmado un convenio de extradición.

El hecho de que en España, siguiendo una directriz de Europa, se liberen a terroristas con una veintena de muertos a sus espaldas, no es óbice para que en otros países se pretenda juzgar a quién tiene cuentas pendientes por terrorismo con la justicia.