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El ejecutivo español debe regularizar su posición en la lucha contra la corrupción en el extranjero
OCDE alarmada por el abandono español ante el fraude internacional
Redacción. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), entidad internacional que se ocupa de coordinar las políticas económicas y sociales de sus 34 estados miembros, entre los que se encuentra España, ha emitido un informe que denuncia que en 13 años, nuestro país apenas ha prestado atención a la persecución de la corrupción y los sobornos en las contrataciones internacionales, por lo que se considera “seriamente alarmada” y urge al Gobierno español a perseguir con fuerza estos delitos y a reforzar nuestra legislación penal al respecto.
El ejecutivo español tiene que ponerse manos a la obra para presentar antes de que acabe este año un informe de auto evaluación que estudie la lucha contra el fraude en el comercio internacional por ciudadanos y empresas españolas, y que además emprenda las reformas legislativas necesarias encaminadas a corregir las carencias evidenciadas del abandono de nuestro país en este tema, o bien la organización tomará las medidas pertinentes. Esto es, si el informe que España presente antes de diciembre de 2013 no cumple con las expectativas de la OCDE, esta podría realizar un embarazoso examen suplementario, algo que hasta el momento solo se ha aplicado en Grecia y Suecia.
En este sentido, Patrick Moulette, jefe de la división contra la corrupción de la OCDE ha calificado de “bastante crítico” el informe emitido por el grupo de trabajo de esta organización que visitó nuestro país en julio pasado, y que ha denunciado que, desde que firmamos el convenio internacional anti soborno hace 13 años, los únicos siete casos de expedientes abiertos en España en los que se ha abierto una investigación de empresas o personas por un presunto delito de soborno en el comercio internacional, se han cerrado sin procedimientos, condenas ni sanciones, lo que pone de relieve la falta de resultados concretos de nuestro país en este ámbito respecto a los obtenidos por otras naciones.
La organización enfatiza que en España no se sanciona la comisión de delitos internacionales, frente a las 90 condenas que han tenido lugar en estos años en Estados Unidos, y la quincena en Alemania o la decena de sanciones en Italia.
Por otra parte, sería necesario adaptar nuestra legislación vigente al convenio de la OCDE, puesto que nuestro Código Penal contempla los casos de corrupción a funcionarios europeos pero no se incluye la posibilidad de que sea una empresa de titularidad pública quien perpetre este delito. Tampoco se protege en nuestra legislación a las personas que informen de buena fe sobre su comisión. Y se insta a eliminar en el País Vasco y Navarra las ventajas fiscales producidas en las empresas que realizan sobornos para conseguir contratos internacionales.
Como casos reales no penados en nuestro país, el informe de la OCDE señala algunos realizados por empresas españolas en Angola, Libia, Costa Rica, Letonia y Marruecos, en exportaciones de material militar, así como la violación del programa de la ONU con Irak bajo el régimen de Sadam Hussein, que cambiaba petróleo por alimentos.
También ha existido una falta de investigación, -prosigue el informe de la OCDE-, en una serie de presuntos sobornos que una empresa española realizó a varios funcionarios panameños en febrero de 2010. Así como tres casos más de entidades españolas que obtuvieron contratos comerciales pagando a cambio a funcionarios extranjeros.