Rafael González Rojas. 16 de noviembre.

Juan José Cortés es un español de los que uno se siente orgulloso de ser su compatriota. Ha sufrido una de las peores desgracias que le caben sufrir a un padre: el asesinato de su hija Mari Luz, una preciosa niña de cinco años muy  espabilada. Una pena. Este hombre, de etnia gitana –sea destacado el dato para honra de su raza- desarrolló, con tesón, pero con ejemplar serenidad e incluso elegancia, una campaña en pro del endurecimiento del Código Penal. Quiere que casos como el de su hija no se repitan; que por mor de esa especie de laxitud que enerva la legislación penal española, desgracias como la suya no sean tan frecuentes que ocurran. En concreto, pedía más severidad en las penas y más rigor en su cumplimiento. Algo que comparte la mayoría del pueblo español, para el cual la seguridad ciudadana, la creciente violencia y los crímenes de toda naturaleza -en especial los que se comenten contra personas débiles e indefensas-, están, con el paro y la carestía de la vida, entre sus principales preocupaciones.

Haciéndose eco de esa inquietud, y gracias a una especie de zarandeo a que ha sometido Cortés, suave y educadamente, eso sí, a los estamentos, instituciones y a la sociedad en general –“siembra invisible que recogerán otros”, ha calificado él-, el Consejo de Ministros aprobó el viernes un anteproyecto de ley que modifica la Ley Orgánica del Código Penal de 1995. La novedad principal es un endurecimiento de penas para terroristas y pederastas, e introduce mayores medidas de control tras la salida de prisión de los condenados por esos delitos. En líneas generales, el texto aprobado (que debe ser discutido y aprobado por el Congreso y el Senado) crea los delitos específicos de  "abusos y agresiones sexuales a menores" e introduce la agravante, penada hasta con 15 años de prisión, cuando la víctimas se encuentre en una situación de total indefensión a causa de su escaso desarrollo intelectual y físico. También se crea la pena de privación de la patria potestad cuando los menores sean agredidos por sus progenitores.

Le ahorraré al lector otros detalles de este anteproyecto de ley, que abarca muchas más cuestiones. En efecto, en un centenar de artículos, el anteproyecto se ocupa también de la corrupción de funcionarios vinculados a la inspección y control de proyectos urbanísticos, y penaliza con mayor castigo la corrupción privada; es decir, sobornos  en el mundo empresarial. Y contempla además nuevas formas de delincuencia informática, así como la creciente trata de personas relacionadas con la inmigración y la prostitución.

Destacaré, sí, que el Gobierno –según su vicepresidenta De la Vega-, con esta iniciativa quiere enviar dos mensajes. Uno, a los violentos: “que no hay ni habrá resquicio para la impunidad”. Y otro, de tranquilidad y seguridad para los ciudadanos: “que estarán más protegidos frente a quienes hayan quebrantado la ley tan gravemente, aunque hubieran cumplido la pena principal en su condena”.

Muy bien; que nos lo hagan bueno. Supongo que no encontrarán grandes dificultades para ello. La proliferación de asaltos domiciliarios, con terribles palizas a los moradores, y los frecuentes atracos a comercio por grupos temporales de delincuentes, viene demandando nuevas tipificaciones y cuantificaciones penales. También la violencia sexual contra los menores es otra lacra con muchas variantes,  desde la agresión sexual al consumo de pornografía infantil por Internet, que requieren instrumentos eficaces para su erradicación. Para ello se cuenta, desde hace mucho tiempo, con un gran consenso social y jurídico sobre la necesidad de  agravar y adecuar las penas al daño que ocasionan los delincuentes sexuales. El caso de Mari Luz ha sido la gota que ha desbordado el vaso de la indignación social. La ejemplar campaña de su padre, justamente condecorado con la Medalla de Oro de Huelva (¿por qué no también la de la Beneficencia?, ha empujado al Gobierno para acometer la reforma. Como ha dicho Cortés, no se hubiese obtenido un resultado tan positivo si se “hubiese quedado en su casa lamentándolo”. No podía recuperar a su hija, pero él ahora se siente feliz “de haber luchado por el beneficio de otras personas”. Todo un ejemplo.

En resolución, que la iniciativa del Gobierno, aunque ha necesitado ese zarandeo, en su conjunto es muy acertada. Pero como toda reforma, merece un serio debate en el Parlamento, en el cual, el grupo socialista no debe anteponer, como ha hecho en otras ocasiones, sus tics doctrinarios que tanto perjudican a aquellas propuestas que no suelen merecer el beneplácito de la progresía eczematosa.