Manuel Parra Celaya. El origen latino de la palabra está ya en el olvido; sin asomo alguno de pedantería, recordaré que es la abreviación de ad referéndum, que significa para consultar y equivale a plebiscito. Por mucho que pese, la palabreja la puso de moda Francisco Franco, a lo largo de su larga marcha hacia la monarquía, quien convocó dos de ellos, si la memoria no me falla: el de 1947, por el cual se aprobó la Ley de Sucesión, en la cual se declaraba a España como reino, y el de 1967, para la Ley Orgánica del Estado. De forma que las tesis del profesor Enrique de Aguinaga en su “Prontuario del Franquismo” se convierte en irrefutable; o, dicho de otro modo y con todo respeto de aquellos polvos vinieron estos lodos, dicho sea sin la menor intención peyorativa.

Luego vendrían las referéndums para la Ley de Reforma Política, pero eso ya no alcanza a la responsabilidad del Caudillo, que había fallecido dos años antes, y la consulta de Felipe González sobre aquel “OTAN de entrada no”, que luego resultó que sí.

La actualidad del latinajo se debe a Artur Mas, empeñado en segregar una parte de España con el voto de una población, adoctrinada durante más de 30 años por los sucesivos gobiernos y administraciones educativas del pujolismo y del Tripartito (que, en este tema y en otros no tan sanctus tanto monta…) y de los inmigrantes subsaharianos y magrebíes, a quienes se les ha prometido el oro y el moro (y nunca mejor dicho).

Con motivo de la abdicación de Juan Carlos I y de la proclamación de Felipe VI, se ha popularizado por parte de la izquierda la solicitud de otro referéndum: Monarquía o República (la continuación del Frente Popular de la 2ª, claro). Al parecer, los españoles estamos empujados irremediablemente a votar, no a trabajar en común, que eso sería otra cosa.

Como uno no quiere quedarse fuera de juego y que lo acusen de anacrónico, se ha permitido el lujo de proponer formalmente otros posibles temas de plebiscito, para que los ciudadanos puedan acudir alegremente a las urnas dispuestas para tal fin. He aquí unos cuantos, a vuelva pluma:

- ¿Le parece aceptable, conveniente, racional y eficaz el actual sistema autonómico?

- ¿Es usted partidario del sistema de listas cerradas vigente?

- ¿Considera que se debería completar la participación democrática del pueblo mediante representación de asociaciones culturales, deportivas y cívicas, municipios, ámbitos productivos, catedráticos universitarios y pensadores?

- ¿Acepta usted que la economía financiera rija y suplante a la economía real productiva y consumidora?

- ¿Le parece conveniente suprimir la palabra “nacionalidades” del texto constitucional?

- ¿Sería usted partidario de que se hicieran públicas las cuentas de los partidos políticos y de las fundaciones que estos sostienen?

Seguro que, con un poco de tiempo de reflexión, se me ocurrirían muchas otras cuestiones para consultar a los españoles; de llevarse a cabo mi idea, nos colocaríamos en la cabeza del libro de records Guidnes en materia de votaciones, pero, a lo mejor, también supondría autentificar la democracia y asegurar la existencia de España de forma menos tímida de la que al parecer está proponiendo el Sr. Rajoy.