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La nueva ley del aborto cambiará el actual sistema de plazos por su predecesor sistema de supuestos, aunque revisado
Ruiz Gallardon sigue sin suprimir la ley del aborto
Diario Ya. Antes de que termine el año, el Gobierno del PP presentará varios proyectos de reforma, entre los que se encuentra la legislación del aborto. La nueva ley del aborto cambiará el actual sistema de plazos por su predecesor sistema de supuestos, aunque revisado, según declaraciones de Alberto Ruiz-Gallardón, Ministro de Justicia en una entrevista para el diario La Razón de este domingo. Una de estas “revisiones” será que, en la nueva legislación, la malformación del feto no será ya un supuesto para interrumpir el embarazo.
Ruiz Gallardón afirma "No entiendo que se desproteja al concebido, permitiendo el aborto por el hecho de que tenga algún tipo de minusvalía o de malformación" y añade “Me parece éticamente inconcebible que hayamos estado conviviendo tanto tiempo con esa legislación".
Desde 1985 en España la legislación sobre el aborto contemplaba, en efecto, un sistema de supuestos en los que la madre podía abortar: cuando era víctima de una violación (12 semanas), en caso de malformaciones en el feto (22 semanas) o en caso de riesgo grave para la salud física o psíquica (durante todo el embarazo), siendo este último caso el más usado como recurso para abortar.
Con la llegada de Zapatero, La ley Aído modifica el sistema por otro de plazos en el año 2010, que constituye el aborto como un derecho de la madre y establece una libertad total para interrumpir el embarazo durante las primeras 12 semanas sin necesidad de argumentar las causas ni dar razones de ningún tipo respecto a la decisión de abortar. Hasta la semana 22, estaba permitido el aborto en caso de grave riesgo para la vida o la salud de la madre o el feto, o en caso de anomalías en el feto. Superado ese plazo, se permite abortar cuando se detectan anomalías "incompatibles con la vida" o por la existencia de enfermedad extremadamente grave e incurable en el feto.
Las reacciones no se han hecho esperar. El PSOE se ha mostrado completamente en contra de lo anunciado por Gallardón y ha denunciado que supone una "amenaza de una penalización total" que nos retrotrae "a la clandestinidad y la inseguridad sanitaria y jurídica".
Por su parte, Elena Valenciano, Vicesecretaria general del PSOE, denuncia que el Ministro de Justicia quiere volver "a la hipócrita España de los 70". En la misma línea, la secretaria de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, afirma que “El PP deja claras las opciones a las mujeres españolas respecto a la interrupción voluntaria del embarazo: si tenemos dinero podremos salir de España para hacerlo, si no, corremos los riesgos de la clandestinidad, la inseguridad sanitaria y jurídica".
El secretario general del PSM, Tomás Gómez, ha realizado un comunicado en el que acusa a Alberto Ruiz-Gallardón, de "querer recortar el derecho de las mujeres a decidir sobre su embarazo e imponer su ideología al conjunto de la sociedad". Según declara Gómez, “El Partido Popular no sólo recorta en lo económico, sino también en derechos y libertades. Quiere un retroceso, nos está llevado a tiempos de antes de la Constitución de 1978. Lo que le pasa al PP es que está en contra de que las mujeres puedan decidir" y añade que “Lo que pretenden "es imponer a toda la sociedad su ideología de integrismo radical y religioso, pero eso no es posible en la España del siglo XXI".
La presidenta de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, considera que el anuncio de Ruiz-Gallardón, sobre el aborto, "es una gran tragedia en relación al derecho a la mujer a decidir", y ha advertido que "enciende de nuevo el debate social sobre el aborto, algo que es muy peligroso y confunde a la gente", ha opinado.
Sin embargo, para Derecho a Vivir, el fin del aborto eugenésico es “un progreso histórico en la protección de la dignidad humana”, dice Gádor Joya, portavoz médico: “Cuando le contemos a nuestros nietos que en España se abortaba a un niño o una niña por tener síndrome de Down, nos mirarán con vergüenza y compasión, como si viniéramos de una época bárbara y oscura”.
Además, Gádor Joya anima al Ministro de Justicia “a suprimir también el supuesto del aborto en casos de riesgo para la salud mental de la madre y presentar el proyecto de reforma antes de agosto y salvar así vidas humanas concretas, vidas de niños y niñas que, de otro modo, serán eliminados por tener una discapacidad”.
Aunque para la portavoz de Derecho a Vivir “la melodía de la reforma suena razonablemente bien, es vital que el ministro no espere al otoño para presentar la nueva ley: hoy, ahora mismo, siguen perdiéndose vidas humanas por la aplicación de una ley injusta y cruel”.
Gádor Joya subraya que la reforma perfilada “implica necesariamente el fin del aborto como un derecho, que es en lo que lo convierte la Ley Aído”. Se trata “de un cambio de enfoque decisivo: el aborto nunca es un derecho, el único derecho objeto de protección es el derecho a la vida”, remarcó.
“Si la nueva ley de supuestos es consecuente, como anuncia el ministro, con lo aprendido en estos 27 años en los que se han eliminado más de un millón y medio de vidas humanas, la principal enseñanza de esa experiencia es que el supuesto del riesgo para la madre es el coladero del aborto en España y lo que, de hecho, lo convierte en una práctica libre en nuestro país, con total desprotección de la vida del nasciturus”, observó Gádor Joya.
Derecho a Vivir ha presentado el pasado 5 de julio, coincidiendo con el segundo aniversario de la aplicación de la Ley Aído, la campaña AbortoCero, con la que se recogerán firmas y se convocarán movilizaciones en toda España, a partir de septiembre, para pedir al Gobierno que la reforma de la Ley del Aborto proteja la vida humana y apoye la maternidad.
También el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha mandado un comunicado a los medios en el que valora las palabras de Gallardón y recuerda que desde hace años el aborto eugenésico por razón de discapacidad es contrario a los derechos humanos, ya que parte de la premisa de que la vida de las personas con discapacidad es menos valiosa que la del resto.
La pauta jurídica de la reforma será el establecimiento de la vida del nasciturus como un bien jurídico que hay que proteger, como establece la doctrina del Tribunal Constitucional, expuesta en la sentencia 5/1985.