Gonzalo Rojas Sánchez.  El libro El Otro Modelo, como lo dice su nombre, pretende ser la hoja de ruta para un eventual gobierno socialista en Chile.Por eso, después de todas las críticas que formula al supuesto neoliberalismo imperante en el país  -que como hemos visto, no existe más que en la mente de los autores del libro-   los intelectuales bacheletistas se afanan por proponer soluciones varias para los problemas políticos nacionales. En esta entrega nos haremos cargo de algunas de ellas. En la próxima, de las restantes.
 

        En primer lugar, sostienen que toda ley debe ser aprobada por ³la mitad más uno de los senadores y diputados presentes en la sala² (92) Eso significa que, dados los bajos quórums exigidos habitualmente para que la sesión tenga lugar, habría textos aprobados por 20 o 25 representantes del pueblo en el caso de la Cámara, y quizás por unos 10 a 12 en el senado  (92). Vaya democracia de las mayorías, vaya democracia de la meritocracia.
 

        En segundo lugar, es constante su insistencia por ir hacia formas de semipresidencialismo y de democracia directa (97-8). Estas últimas, nos dicen, no deben sustituir sino complementar las de la democracia representativa. Si se lee bien, debiera haber menos poder para el presidente, menos poder para el parlamento, y más poder para las organizaciones informales que hablarán a nombre del pueblo y forzarán los plebiscitos, las iniciativas populares de ley y las revocaciones de mandatos que los mismos autores sugieren.
         Más activismo, menos representación, menos reflexión.
 

        En tercer lugar, como se busca privar al Tribunal Constitucional de parte importante de sus actuales funciones, los autores sostienen que es a través de la acción política que el contenido de la Constitución se desarrollará en el tiempo (95). De nuevo: unos pocos grupos bien organizados de lobbistas políticos, muchas veces con financiamiento extranjero, nos dirán qué es la Constitución.   Afirman que el pueblo se podría ir apropiando de la nueva Constitución mediante la acción política, como supuestamente lo hizo con la de 1925. (118). Ya se entiende qué significa esa apropiación: la Constitución dirá lo que estos intelectuales quieran que se lea, porque, recordemos, para ellos lo importante no son los textos, sino como son leídos.
 

        Todo esto, ¿le cabe alguna duda? debe ser promovido a través de una Asamblea Constituyente, mediante la cual nos animan a creer que se logrará el objetivo de contar con una Constitución genuinamente democrática (113). Estiman que los temores de venezolanización son absurdos, porque Chile tiene una trayectoria republicana más sólida que la de los estados bolivarianos (115), pero los mismos autores sostienen a cada rato que las instituciones chilenas son deficientes y además, ignoran la crisis institucional de la UP y la composición de las fuerzas rupturistas que hoy promueven aquella Asamblea.
 En todo caso, los redactores no vacilan en contradecirsse al afirmar que si no hay una salida constitucional como la que ellos quieren, podría aparecer un caudillo que aproveche el descontento para sus propios fines (118). O sea, un caudillo distinto del caudillismo pseudo intelectual que ellos mismos ofrecen hoy.
      Claro, eso no les convendría.