Pedro Sáez Martínez de Ubago. La sociabilidad es algo que viene al hombre por su propia naturaleza. Nadie puede decir “YO” si no es en relación con un “TÚ”, de manera que, desde Aristóteles, el hombre se define como animal político “Resulta manifiesto que la polis es una de las cosas que existen por naturaleza y que el hombre es por naturaleza un animal político” (Política, I,1). La sociabilidad no es por consiguiente un añadido a la vida del hombre, quien vive y convive y, en la convivencia desenvuelve su vida y se le ofrecen las múltiples formas de realización. Sin la convivencia no serían posibles el lenguaje, la relaciones afectivas, el contraste e intercambio de ideas y proyectos, etc.
Si el hombre, como animal político, vive y se realiza en una sociedad estructurada en diversos grupos, familia, municipio, región o autonomía, agrupaciones y asociaciones profesionales, sindicales, económicas, culturales, políticas… toda una pluralidad de organismos que entre las que debe establecerse unas relaciones armónicas y justas, conformes con un ordenamiento jurídico garante tanto los derechos y deberes de cada individuo, como los de los individuos entre sí y sus relaciones con las agrupaciones intermedias, evitando el caos de la colectividad.
Ahora que el Partido Popular ha obtenido 186 escaños, no estaría de más recordar a sus responsables que dicho poder organizador que arbitra la sociedad en un marco legal es lo que se entiende por Estado, que el catedrático de derecho político Luis Sánchez Agesta describía y definía como “una comunidad organizada en un territorio definido, mediante un orden jurídico servido por un cuerpo de funcionarios y definido y garantizado por un poder jurídico, autónomo y centralizado que tiende a realizar el bien común, en el ámbito de esa comunidad”.
No está de más un paréntesis para decir que, en la España actual, esta concepción del Estado, parece chocar frontalmente con el denominado “Estado de las autonomías”, que en su modelo actual, impide la recuperación y el desarrollo económico de la nación y contribuye notablemente a la destrucción de la igualdad, la cohesión y la solidaridad que son fundamentales para el sostenimiento de la integridad de la nación española, además de implicar un altísimo e injustificado coste es el problema nuclear de la actual crisis.
El Estado, tal y como se ha descrito, es un producto de la sociedad moderna configurado como hoy lo entendemos mediado el siglo XIX. Y, si al Estado compete regular la sociedad en orden al bien común, deben hacerse a unas distinciones: 1) El Estado no es la sociedad y confundirlos es como matar el cuerpo para dar vida a la cabeza; 2) El Estado no es la nación, porque, mientras la nación es estable, el Estado puede desaparecer y transformarse como los órganos de gobierno; 3) El Estado no es el gobierno. Éste es sólo el órgano que, en un momento dado ostenta el poder del Estado y que puede cambiar mientras el Estado permanece; 4) El Estado no es el régimen político, porque el Estado es capaz de admitir diversos sistemas concretos de llevar a cabo su misión; y 4) El Estado no puede identificarse ni con un partido determinado, ni menos aún con un presidente o un rey que ostente o detente el poder.
Igualmente, el Estado debe regular su actividad en virtud de tres principios morales que indiquen su función e impidan que se extralimite en su misión de servicio a la sociedad y eliminen la prepotencia del Estado por encima de sus cometidos: 1) Principio de Libertad personal, pues no es el individuo para el Estado sino el Estado para el individuo y, cuando la libertad de éstos se anula frente al poder de aquél se incurre en el totalitarismo; 2) Principio de subsidiariedad e intervención, dado que, si la gestión de la acción pública es iniciativa de los individuos y las asociaciones intermedias, el Estado debe llegar a donde éstas no lo hagan, así como controlarlas a fin de que dichas iniciativas se ordenen al bien común y no al exclusivo privilegio de unas minorías; 3) Principio del bien común, pues la consecución del bien común constituye la finalidad el Estado y justifica sus poderes en la gestión pública. Esto debe ser escrupulosamente vigilado en los casos en que el estado sufra la presión de las fuerzas económicas o políticas, para evitar que en vez de ser gerente y garante del bien común, el Estado derive a la satisfacción de grupos de presión que ejerzan el poder socioeconómico o de los políticos que ostenten las magistraturas del Estado.
Es posible que lo que aquí se ha dicho lleve a una reflexión sobre la integridad y bondad de nuestro actual modelo de estado de la que se siga como consecuencia la necesidad no de simples cambios estructurales, sino de una profunda regeneración política, algo que el Partido Popular, con la mayoría absoluta que acaba de obtener en las urnas, debería estar en condiciones de afrontar. Exijámosle que así lo haga con valentía, ahora que o tiene excusas, pensando en las palabras de Ortega: “No lo que fuimos ayer, sino lo que vamos a hacer mañana juntos, nos reúne en Estado.”
PEDRO SÁEZ MARTÍNEZ DE UBAGO