La secretaria general del PP defiende menos impuestos, trámites y burocracia, además de ofrecer seguridad jurídica y movilizar “todo el suelo que tienen las administraciones” para que “dejen de ser solares y se conviertan en viviendas” y para que los españoles puedan “acceder a vivienda a un precio asequible”. “Dato mata relato”, afirma Gamarra, al recordar que en siete años de Gobierno de Sánchez “el balance de viviendas es cero” en Castellón, algo que es “la generalidad de lo que ha ocurrido” en toda España: “La única preocupación en materia de vivienda del Gobierno es que Sánchez siga residiendo en La Moncloa y blindar a los okupas”.
"El Papa Francisco, bajo cuyo pontificado se ha producido el mayor cisma y apostasía de los últimos tiempos, y la politización de la Iglesia con su simpatía declarada por los regímenes de izquierdas, harán que la jerarquía eclesiástica siga cediendo hasta la indignidad... Y seguirán cediendo. El Gobierno tiene más fe en sus ideas que ustedes en las suyas. ¿Aún no saben que esto no es un asunto político, sino una cuestión de odio? ¿Siguen dispuestos a negociar bajo estas circunstancias? Los predecesores de este Gobierno que asesinaron en España a trece obispos, siete mil religiosos e innumerables laicos a causa de su fe no hace muchos años, pretenden ahora reescribir toda la historia y dinamitar todo recuerdo de sus fechorías precisamente en la propia basílica del Valle de los Caídos para más inri".
El Partido Popular ha presentado una PNL en el Congreso en la que exige la publicación “de manera inmediata” de los datos sobre pobreza energética de los últimos tres años, la bajada del IVA a la electricidad y la mejora del bono social eléctrico: “El Gobierno oculta los datos que sitúan a España como el país con más pobreza energética de la UE”. “Cuanto peor es la situación, más carga Pedro Sánchez de impuestos a los españoles y merma nuestro poder adquisitivo y perjudica a las rentas más bajas”, afirma la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín.
Claudia Pedrosa Sebastián de Erice. El pasado martes 18 de febrero tuvo lugar en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País un acto conmemorativo del 40.º aniversario de la firma del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas. El evento contó con la participación de destacadas personalidades, entre ellas D. Rafael Fernández-Pita, embajador de España, consejero de la Junta de Embajadores y miembro del grupo organizador de la firma del Tratado de Adhesión; D. Carlos Puente Martín, doctor en Ciencias Económicas y Ciencias Políticas, funcionario de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea y colaborador en las negociaciones de adhesión; D. José Luis Yzaguirre, director del Foro Diplomacia y Sociedad Civil; y D. Antonio García, directivo de la RSEMAP.
El periodista J. F. Lamata, creador de la web especializada en hemerografía e historia de los medios de comunicación La Hemeroteca del Buitre, publica El libro negro de TVE. De Balbín a Broncano, una investigación sobre la historia de Radio Televisión Española que revela los escándalos que han marcado la historia del ente público desde la llegada de la Democracia hasta hoy.
La maquinaria de RTVE se alimenta de un presupuesto anual de más de mil millones de euros pagados con los impuestos de los españoles. Un dinero público invertido con el fin de ofrecer una información veraz y de calidad, fomentar la cultura y dar un servicio a todos, pero que, en gran parte, va destinado a pagar a comisarios políticos, financiar purgas ideológicas, intentar censurar informaciones y ensalzar a los partidos que se reparten su control.
El presidente del PP considera un “disparate” las descalificaciones de la vicepresidenta Montero sobre la presunción de inocencia y señala que todo obedece a una estrategia de Sánchez para descreditar al Poder Judicial ante las sentencias que se le avecinan al PSOE por supuestos casos de corrupción. Considera al PSOE como una “organización privada” de su secretario general que utiliza el Consejo de Ministros como palanca para sus intereses políticos. “Tiene la llave de la caja y no debería ser parte de los debates territoriales”, subraya.
El próximo sábado 22 de Marzo, organizado por la Dirección de Acuartelamiento, tendrá lugar a partir de las 12 de la mañana en la madrileña Plaza de Oriente un acto de Jura de Bandera en al que tomarán parte más de 300 civiles, que han dirigido su solicitud a la Subdelegación de Defensa de Madrid.
El acto, que estará presidido por el General de División, Excmo. Sr. D. Joaquín Broch Hueso, Jefe de la Dirección de Acuartelamiento del Ejército de Tierra y Comandante Militar de Madrid, tiene por objeto estrechar los vínculos entre Fuerzas Armadas y Sociedad en un acto entrañable en el que los jurandos manifestarán de esta forma su compromiso con la defensa de España, con arreglo a lo que establece la Orden 1445/2004 de 16 de mayo, modificada por la Orden 8/2017 de 9 de enero.
Es inaceptable que el Gobierno de España, con la complicidad de su ministro del Interior, siga regalando competencias fundamentales del Estado a cambio de favores políticos. La inmigración y el control de fronteras son competencias exclusivas del Estado, tal y como establece la Constitución y la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, este Ejecutivo ha decidido traicionar a los servidores públicos y ceder ante los chantajes de los independentistas, poniendo en grave peligro la seguridad y la soberanía nacional. Del mismo modo, desde JUPOL nuevamente echamos de menos la defensa de las competencias de la Policía Nacional por parte del director general de la Policía y de los máximos dirigentes de la cúpula policial.
José Manuel Clemente Fernández-Prieto, juez de la Audiencia Nacional, que dirigió la vista oral mediática en el caso por el beso de Rubiales a Jenni Hermoso, ha decidido cortar por lo sano y dejarse de lios y, por supuesto, contentar al sector woke.
La sentencia, notificada este jueves, cuando no se ha cumplido una semana desde que terminó la vista oral, prohíbe a Rubiales acercarse a Hermoso en un radio de 200 metros y comunicarse con ella durante un año, además de esa sanción económica que equivale a unos 10.800 euros y una indemnización para ella de 3.000 -pedía 50.000, pero el juez lo ve desproporcionado-. No es firme, en todo caso, cabe recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, celebra la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona de desestimar los recursos interpuestos contra el sobreseimiento libre de la causa contra los 46 agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional que intervinieron en los hechos del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Esta resolución judicial reafirma la legalidad y proporcionalidad de la actuación de los policías nacionales en el cumplimiento de su deber, durante los operativos del 1-O en Cataluña.