Miguel Massanet Bosch. La cuestión, señores, es muy simple. Los principios básicos de una democracia los puede entender cualquier ciudadano sin necesidad de haber cursado ninguna carrera técnica ni ser un político consumado. Se trata de que el pueblo soberano, en virtud de su poder de delegación (que se demuestra a través de unas votaciones), decide encomendar, por un lapso determinado de tiempo que, en el caso de España, es de cuatro años, la gobernación del país. Naturalmente, ello comporta que todos los ciudadanos han de saber que aquellos que han conseguido una mayoría suficiente van a poder poner en práctica su propio programa de gobierno; eso sí, vigilados por un Parlamento y un Senado que se preocuparán de que el gobernante se ciña a la legalidad y cumpla las normas constitucionales que todos los españoles nos dimos con la Constitución de 1.978. Ello significa que las normas de convivencia las dictarán quienes tengan la delegación del pueblo; las leyes económicas, sociales, financieras y administrativas será aprobadas por la mayoría de las cámaras y las que afecten a la constitución requieren un procedimiento especial que comporta ser aprobado por una mayoría más amplia.

Todos aquellos que no lo entienden así y quieren atribuirse una representación que no les ha sido otorgada por las leyes no hacen más que obstruir la acción de la Justicia, minar la recuperación económica, obstaculizar la libre convivencia de los españoles y crear problemas de orden público que, en ocasiones, pueden erosionar gravemente la libertad de los ciudadanos y crear falsas ideas que pueden atribuir la facultad de decidir a pequeños colectivos que basan su poder en la coacción, presión y chantajes que pueden provenir de un número limitado de personas que han decidido encauzar sus, en ocasiones, justas peticiones por los cauces que, en la mayoría de los casos, no son los legales. Y hablo de ello desde un punto de vista que, en ocasiones, no sabemos o no somos capaces de valorar los ciudadanos de a pie y, no obstante debería preocuparnos. Ciertamente que no son pocos los impuestos (directos e indirectos), tasas y recargos municipales o estatales, etc. mediante los cuales la Administración, en general, se ocupa de vaciar nuestros bolsillos para , sólo teóricamente, atender a la multitud de servicios públicos, sanitarios, de defensa, clases pasivas y asistenciales destinados a contribuir al bienestar de los ciudadanos. ¡La verdad es otra!

Pero ¿en realidad se gastan nuestros impuestos en atender aquellos servicios básicos en beneficio de la comunidad? Esta es la pregunta que, en ocasiones, nos hacemos cuando observamos lo que nos cuesta a los ciudadanos que una serie de exaltados, agitadores, vándalos y antisistema se dediquen, una y otra vez, a destrozar el mobiliario urbano, romper escaparates, quemar autobuses, provocar huelgas salvajes, obstaculizar el tránsito e impedir ejercer el derecho a la libertad de trabajar a aquellos que desean acudir normalmente a su puesto de trabajo. Pero esto, con ser importante sería pecata minuta si lo comparamos con las ayudas del Estado a los Sindicatos (todos sabemos la forma en la que las invierten y el gran bombazo que la jueza Alaya ha hecho explotar en la UGT de Andalucía, que ha salpicado a CC.OO y es muy probable que, si va tirando de la manta, se descubran nuevas estafas y fraudes en otros sitios de España). Somos de la opinión de que los sindicatos deberían subsistir, como ocurre en otras naciones, de las cuotas de sus afiliados ¡Verían ustedes los pocos que lograrían subsistir si fuera así!

Pero lo que más nos duele, a los sufridos ciudadanos, es el gran despilfarro que la implantación de los gobiernos autonómicos ha significado para el país, en cuanto al incremento del gasto público. No hay duda de que, sin esta servidumbre, que ha venido a casi duplicar el gasto público (al subsistir con una serie de organismos del Estado y empresas públicas creadas específicamente para realizar funciones que la Ley les impide asumir a los municipios), el agobiante peso del aparato de la Administración Pública quedaría descargado de uno de los motivos más prescindibles del déficit público del Estado y, con toda seguridad, el ciudadano se beneficiaría de la reducción de la enorme carga fiscal derivada de la necesidad de mantener a una serie de funcionarios e interinos perfectamente prescindibles.

Si ustedes se van fijando en las inyecciones de fondos públicos que se van transfiriendo, para soportar los inmensos gastos autonómicos, pronto se apercibirán de que el mantener en funcionamiento estos gobiernos paralelos, aparte de que, en algunos casos, se han convertido en los defensores de propuestas separatistas y que, para más INRI, (como ocurre en Catalunya, País Vasco, Valencia y otras comunidades que se consideran especiales y por encima de las demás) pretenden acaparar la parte del león de los fondos destinados a todas ellas; resulta poco menos que insostenible y la causa mayor de que España, a día de hoy, se encuentre endeudada por encima del 90% de su PIB y se vea obligada a hacer equilibrios presupuestarios para no superar el porcentaje de déficit público  al que nos hemos comprometido con la UE.

Sin embargo, asistimos atónitos a sucesivas entregas por parte del Gobierno de millones de euros que salen de nuestros impuestos para taparles la boca a los gobernantes de comunidades, como Catalunya y el País Vasco que, por si fuera poco, todos estamos convencidos de que una parte de ellos serán destinados a favorecer a los separatistas, pagando organismos especiales dedicados a crear un gobierno en la sombra para cuando logren su “hipotética separación de España”. De los 23.000 millones que el Gobierno ha dispuesto para que el FLA pueda financiar a aquellas autonomías que no son capaces de financiarse acudiendo a los mercados (no olvidemos que la deuda de Catalunya está calificada por las agencias de rating como “deuda basura”); la que más se va a beneficiar es Catalunya que va a recibir la cantidad más substanciosa de todas con nada menos que 7.000 millones de euros. Al respecto conviene que se recuerde que, entre el FLA y el mecanismo de proveedores, Catalunya ha recibido, entre 2012 y 2013, la friolera de 24.000 millones de euros ¡para que se vayan quejando del trato recibido del resto de España! ¿Cómo es posible que el señor Mas se calle esta información, cuando se lamenta de la poca ayuda que recibe del gobierno español?

El “terrible” señor Montoro, que parecía ser el ogro de las autonomías, parece que se ha convertido en el perrillo faldero de las mismas, porque acaba de conceder al País Vasco el traspaso de 7 impuestos, por un importe de 70 millones de euros, que van a engrosar las arcas de dicha autonomía. ¿Ven con buenos ojos, el resto de españoles, a los que se los cose a impuestos y, últimamente, se les han aumentado las cotizaciones a la Seguridad Social, todo este trasiego de fondos? ¿Es posible que el Gobierno del señor Rajoy siga exprimiendo a los ciudadanos, para intentar contentar a aquellas autonomías que vienen demostrando que no se van a conformar con nada que se les dé?, porque van a seguir insistiendo en que se les dé más y, con todo, seguirán abominando de España y siguiendo en su intento de conseguir separarse de la nación española.

Ha llegado el momento en denunciar esta política de apaciguamiento, que significa que, fondos que podrían aliviar la situación de parados y de ciudadanos que tienen problemas para subsistir, se destinen a subvencionar a quienes después se aprovechan de ellos para defraudar; ayudar a aquellos que no se lo merecen o a pagar chantajes para evitar que los nacionalismos se nos suban a las narices. O este es, señores, mi parecer al respecto.