Luis Montero Trénor. “Me parece aberrante que el señor Ruiz-Gallardón decida si una mujer ha de dar a luz un monstruo”. Tras esta frase, en la que Rosa Regás dejó muy clara su opinión acerca de quién merece nacer y quién no, la escritora se justificó aclarando el significado de la palabra “monstruo”, para lo que acudió a una definición académica, la de la RAE: “ser que tiene alguna anormalidad muy notable y fea”. Palabras así están lejos de provocar un escándalo generalizado en España, acostumbrada desde hace años a cualquier aberración, pero no podrían ser pronunciadas con semejante impunidad en la mayor parte de Hispanoamérica. Y eso que Regás tiene por cualquier rincón del planeta un buen número de camaradas con los que comparte ideas y fines.
Destacan entre ellos los del CDR (Center for Reproductive Rights), organización jurídica neoyorquina que trata de legalizar el aborto en la América Hispana a través de una batalla legal que ya dio resultado en países como México. Comprobado el escasísimo apoyo popular obtenido por el feminismo radical, esta vía se ha revelado más eficaz. Pero la propaganda no cesa e intenta, como siempre, inflar el número de mujeres fallecidas en abortos ilegales para hacer claudicar a una sociedad que terminaría aceptando el asesinato masivo de bebés, con tal de que el holocausto se produzca en medio de importantes garantías sanitarias.
¿Cuál es la protección del nasciturus a lo largo y ancho de Hispanoamérica? Intentamos responder a esa pregunta a través de una clasificación en la que se detalla de qué forma salvaguardan su vida las leyes de cada país.
Naciones en las que el aborto no está permitido: Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.
La legislación chilena sí contempló el aborto entre 1931 y 1989, pero finalmente fue suprimido por el régimen de Augusto Pinochet. En el caso de Nicaragua es reseñable que su abolición tuvo lugar hace sólo seis años.
Lugares donde sólo se consiente cuando corre riesgo la vida o salud de la mujer: Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Venezuela.
Además del supuesto anterior, incluyen la violación como causa que justifica el aborto Argentina, Bolivia y Ecuador.
Las leyes argentinas sólo admitían el supuesto de violación cuando la víctima tuviera mermadas sus facultades intelectuales. Esta primavera, la Corte suprema decidió implantar una ley más permisiva.
Si se dan las circunstancias de Peligro para la vida de la madre, violación o malformación del feto, el aborto es legal en panamá.
Más allá llega Uruguay, que añade la angustia económica como motivo suficiente para que un aborto pueda llevarse a cabo.
México y Colombia son casos aparte. En el primero, cada uno de los estados posee su propia legislación aunque los diferentes códigos penales coinciden en considerar legal el aborto si el embarazo fuera producto de una violación. A partir de ahí nos encontramos con posturas tan distantes como las de Yucatán, donde aparece el supuesto de “factores económicos”, o Guanajuato que contempla penas de hasta treinta años para las mujeres que aborten. La gran excepción, Ciudad de México, admite practicas de abortos sin alegar pretexto alguno y con niños no nacidos de hasta doce meses.
En Colombia cambió recientemente la legislación para completar tres posibilidades: violación, riesgo para la salud de la madre o malformación fetal. Se da la circunstancia de que el término “salud” es observado desde una perspectiva muy amplia, siguiendo la definición de la OMS (Organización Mundial de la Salud) o el Tribunal Supremo de Los Estados Unidos, y de este modo podríamos encontrarnos ante un país en el que los abortos no tendrían la menor cortapisa legal. Además, todos los centros de salud serán probablemente obligados a tener personal especializado.
Y por último nos topamos con Cuba. En toda la isla está absolutamente permitido poner fin a la vida del nasciturus con la única condición de que las gestantes aborten en las primeras ocho semanas. La dictadura castrista y el feminismo radical están, por tanto, en perfecta sintonía.
Una vez conocidos estos datos, y aunque determinadas excepciones pudieran hacer pensar lo contrario, tenemos que convenir en que no es precisamente Hispanoamérica una de las zonas en las que abortar sea más fácil. Al contrario, nada tienen que ver sus legislaciones con la terrible permisividad de una Europa que admite, en algún caso, masacres de nasciturus con hasta veinticuatro semanas de vida. Pese a las influencias del exterior, la lucha Provida hispana goza de buena salud.