Sergio Salado Castilla. Ha aparecido en la prensa comarcal la noticia de la visita de Ignacio García, miembro de la Diputación Permanente del Parlamento Andaluz y coordinador provincial de campaña de Izquierda Unida para las autonómicas, a dos institutos de la Línea de la Concepción (Cádiz), Antonio Machado y Virgen de la Esperanza, “en las que informó a los más jóvenes sobre el Estatuto de Andalucía y los logros alcanzados por la comunidad”, ello en compañía de Cefe Peño, candidata de IU a la alcaldía de La Línea,  Manuel Sánchez Cárdenas, concejal de IU La Línea, y de otros miembros de su coalición electoral.
Este hecho, usar los centros educativos como lugares en los que desarrollar la campaña electoral, hecho de carácter negativo y de bastante gravedad, además de abusivo, no suscita, sin embargo, el más mínimo escándalo público y aparece reflejado en los medios de comunicación con la mayor naturalidad. Tampoco provoca escándalo privado y es que, lamentablemente, utilizar los centros educativos como lugares en los que hacer política partidista y, aún más, en los que adoctrinar ideológicamente, son prácticas que han devenido rutinarias.
Pero los institutos son centros formativos, a los que acuden los educandos, generalmente menores de edad, dato de la mayor importancia, a formarse, para lo que cuentan sobre todo con el recurso de los docentes que allí imparten sus enseñanzas. Entendido y aceptado esto, la noticia aparecida en la prensa comarcal, a poco que se piense, no hace sino generar un sinnúmero de inquietantes preguntas. ¿Necesitan estos estudiantes, además menores como se ha dicho, las particularísimas y previsibles opiniones sobre el estatuto de Andalucía, y sobre los presuntos logros alcanzados por esta comunidad, de Ignacio García, Cefe Peño y Manuel Sánchez Cárdenas? ¿Estos individuos, Ignacio García, Cefe Peño y Manuel Sánchez Cárdenas, integran el personal docente de aquellos institutos? Aunque así lo fuera, que no lo es, ¿las opiniones, y solo opiniones, de éstos forman parte del currículum de esos centros? No siendo personal docente de los mismos, ¿tienen autorización de todos y cada uno de los padres de los alumnos que han recibido estas charlas para qué estos últimos las reciban? Si no ha sido así, ¿tiene potestad la autoridad educativa del centro para autorizar estas charlas al margen del criterio de los padres? En tal caso, ¿es ético esto?
En España se ha hecho lamentablemente frecuente la infame práctica de la irrupción de agentes propagandísticos de alguna ideología o de algún partido en los centros formativos al objeto de adoctrinar a los que allí estudian. Como para escarnio de los decentes, las ideologías feminista, homosexualista e inmigracionista han encontrado en los centros educativos lugares habituales en las que enseñarse. Para sorpresa, además, de muy pocos, señal inequívoca del éxito que han tenido estos agentes en la ideologización de la gente en general. Pero la cuestión es delicada y atañe al mismo concepto de educación. Bien es cierto que la ideología y la política no han de estar ausentes de los centros educativos, pero como objeto de análisis, no como elemento con el que adoctrinar o politizar en sentido partidista a los alumnos. Ha de explicarse a éstos en qué consiste la ideología, o la política, y han de ponerse éstas en relación con sus determinantes estructurales. Por ejemplo, tratar de la ideología feminista sin hacer referencia a las necesidades capitalistas de incorporación de las mujeres al mercado laboral resulta absurdo. Otro tanto ocurre cuando tratamos con ideologías que fomentan la inmigración masiva; sin poner de manifiesto que la inmigración masiva es una política empresarial para abaratar la mano de obra el análisis no tiene sentido. Pasa lo mismo con el objeto de esta polémica, el estatuto de Andalucía, o el resto de estatutos, y la propia formación de autonomías, que no se entienden si se obvia su papel como fenomenal instrumento de generación de cargos y sinecuras para la casta política surgida con el régimen de 1978. Esto, obviamente, los beneficiarios de semejantes engendros administrativos no lo van a exponer al alumnado, más bien al contrario, con lo que este tipo de charlas adquieren el carácter de contra-educativas y no tienen lugar en centro educativo alguno, debiéndose entender como intrusiones.
En fin, lo que se sostiene es que si se trata de ideología y de política en los centros educativos, ha de hacerse de forma integral, de manera que el llevar estos temas al aula no esté al servicio de la ideologización y politización de los alumnos en tal o cual ideología o partido, extremo que en todo caso ha de hacerse en las sedes de los partidos y de las organizaciones interesadas y para sus militantes, activistas y simpatizantes; acercar estos temas a los alumnos ha de estar, en cambio, al servicio de una auténtica educación, es decir, de una mejor comprensión de los fenómenos sociales. Y esta labor, necesariamente, ha de ser llevada a cabo por el personal docente, que en términos ideales ha de hacer abstracción de su propia ideología y/o adscripción partidista de haberla, y no por los propagandistas de las ideologías concretas, o de los representantes de los partidos.