El querer convertir la Diada del día 11 de septiembre en algo más que una celebración de la derrota que sufrió Rafael Casanovas, en su enfrentamiento con las tropas del aspirante Felipe V, convirtiendo lo que debiera de ser para los separatistas una fecha de crespones negros y silicios, en una especie de complot multitudinario en apoyo de la emancipación de Catalunya; aparte de ser un juego peligroso al estar incomprensiblemente, patrocinado por las fuerzas políticas catalanas, incluida la Generalitat y el propio gobierno del señor Mas y el señor Durán, (un aragonés a quien le ciega la ambición de conseguir un importante cargo que lo eleve a los altares de su insaciable ego y que, sin embargo, nunca ha conseguido que le nombraran ministro), constituye un acto de deslealtad cometido en el peor momento para España. Si mal no recordamos de nuestros tiempos de estudiantes existen en el Código Penal algunos artículos que hacen referencia directa a la Rebelión, Sedición y  usurpación de atribuciones que, seguramente, sería directamente aplicables a estos señores que públicamente se atreven a reclamar la independencia de la autonomía catalana saltándose la Constitución con la misma facilidad que otros se comen un helado.

 

Ya hemos comentado en numerosas ocasiones que, el incremento de aquellos ciudadanos catalanes que se han pasado a las filas del auto gobierno o de la independencia de España, se ha debido a dos factores fundamentales. El primero, del que no podemos exonerar del todo al señor Aznar, debido a las facilidades y cesiones concedidas al señor J. Pujol para que apoyara al primer gobierno del PP, se ha materializado cuando de un exiguo 20% del extremismo catalán consiguió el apoyo necesario del gobierno central para que sus incumplimientos de la Constitución en materia lingüística y en enseñanza, fueran tolerados, especialmente durante las dos legislaturas del señor Rodríguez Zapatero, en las cuales se cometió la torpeza de aprobar el famoso Estatut catalán y de aflojar el control de las instituciones catalanistas y vascas, de tal modo que pudieron  incrementar su propaganda, sin que nadie lo evitara, e implantar una Inquisición lingüística, desterrando de ambas regiones la enseñanza del castellano, sin preocupàrles infringir la Constitución. Esta desidia ha llevado a que se hayan celebrado referendos separatistas en casi todas las ciudades de la comunidad catalana; se hayan extremado las labores propagandísticas, inculcando en el pueblo catalán la especie de que todos sus males que afectan al país catalán se deben al gobierno de Madrid. Se ha sembrado el odio y la cosecha parece abundante.

 

El segundo factor, el que se deriva que la permisividad del gobierno central haya dado lugar a que. en la actualidad, sea más del 52 % el número de catalanes que se declaran partidarios de la independencia, y se muestran contrarios a las políticas del gobierno del señor Rajoy aunque, olvidando que fueron los del Tripartit los que le dejaran al señor Mas, de CIU, unas deudas de 42.000 millones de euros. La imperativa necesidad  en que se encuentra el Gobern catalán de tener que acudir al fondo de rescate de los 18.000 millones de euros, que el nuevo gobierno del Estado ha creado para ayudar a las autonomías cuyo déficit excede del 1’5% fijado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ha dejado en evidencia que una cosa son las bravatas de los que se creen que Cataluña se puede financiar por ella misma y la realidad, la dramática circunstancias de la falta de liquidez que está agobiando al gobierno de la Generalitat que se ve precisado a hacer verdadera acrobacias para poder pagar los sueldos de los funcionarios.  Esta contradicción de penuria económica, que ellos pretenden justificar con la eterna reivindicación de que Cataluña aporta más de lo que le corresponde, (cosa incierta ya que es Madrid la que contribuye con el 60% de su PIB la mayor contribuyente a los gastos del Estado) y su postura desafiante y sobredimensionada en contra de un posible control de los fondos que se le concedan, por el ministerio de Hacienda; no hace más que poner en cuestión el aceptar ninguna de sus exigencias.

 

El señor Mas y su equipo se valen de dos  medios extremos para evitar que la ciudadanía se les eche encima y les pida cuentas. El primero, basar toda su campaña en conseguir el famoso Pacto Fiscal, que no busca otra cosa que la financiación del Estado a Cataluña sea más sustancial que la que se les concede a otras autonomías, para así poder atender a los compromisos de pago que los están acosando; y el segundo, ante el fiasco de Euro Vegas, poder presentar una alternativa, para que los desengañados por el fracaso de la negociación, se puedan consolar con este nuevo Complejo que supondrá una inversión de 4.700 millones de euros ( Euro Vegas suponía una de unos 18.000 millones). 

 

El complejo de seis parques temáticos, que parece que se ha acordado construirlo en unos terrenos de La Caixa muy cercanos al complejo Puerto Ventura, en parte de los cuales existen urbanizaciones paralizadas por la crisis, no es más que un negocio para La Caixa que, de un tiro, se desprende de unos terrenos, ahora invendibles, que les gravaban sus activos inmobiliarios, para cedérselos a una sociedad (Veremonte) regida por un tal, Enrique Bañuelos, de más que dudosos antecedentes,  relacionado con el fracaso de Astroc, que viene del Brasil donde montó otros negocios que parece que siguen el camino de aquella sociedad; sin que parezca que ello les preocupe demasiado a la La Caixa y a la propia Generalitat de Cataluña. ¡Había que encontrar una rápida alternativa para cubrir el fracaso de Euro Vegas y lo han conseguido! Falta saber a qué precio. Lo que no nos tragamos es que el señor Mas Colell diga: “este proyecto no es para promocionar el juego” ¿O es que los seis casinos que se van a instalar serán para que los niños jueguen al parchís?¡ Un poco de seriedad!. Ojo con el 11 de septiembre, el nacionalismo creciente y el ambiente revolucionario que se masca en las calles de muchas ciudades catalanas. Nos recuerdan otros tiempos de ingrato recuerdo. O esta es mi opinión.