Elena Vizcarro. Barbastro. 

          Hace unos días leíamos en la prensa que el juzgado de primera instancia de Alcobendas dictaba un auto en el que ordena la salida del domicilio familiar de una mujer con sus tres hijos para que entre el marido, denunciado por maltrato con el agravante de ser poseedor sin licencia de armas de fuego.

                También nos sorprendía la prensa por dos condenas que afectan a dos jueces. Una al juez Tirado de una multa de 1.500 euros por retrasos en la ejecución de la sentencia que permitió al presunto asesino de Mª Luz Cortes, acusado de abusos a su hija, de estar en libertad. La portavoz del Consejo del Poder Judicial señaló “que la conducta del magistrado fue de desatención leve y retraso injustificado”. Recordemos que Santiago del Valle fue condenado en Noviembre de 2002 por el Juzgado de lo Penal nº 1 de Sevilla a dos años y nueve meses de prisión por abusar de su hija menor, lo que confirmó la Audiencia de Sevilla en diciembre de 2005.

                Otra, al juez de familia de Murcia Fernando Ferrin a dos años y tres meses de inhabilitación y  a una indemnización de 6.000 euros por velar por el interés de una menor y tratar el proceso de adopción por una pareja de lesbianas con el mismo rigor que se trata la adopción por cualquier pareja heterosexual. La sentencia condena al juez Ferrin por haber tenido el expediente 6 meses parado, cuando en realidad en la justicia española los asuntos están mas tiempo sin que se realice actuación alguna sobre ellos. Me parece que todos conocemos casos de adopción que han tardado años para que los padres hayan tenido con ello a sus hijos. Además este retraso no es por no hacer nada sino por no tener los informes solicitados al equipo psicosocial adscrito al juzgado que nunca se realizó. Las propias lesbianas reconocieron a El País que nunca fueron evaluadas por los profesionales del equipo. En el juicio el juez Ferrin manifestó que “nadie tiene derecho a adoptar, sea del sexo que sea; es el adoptado el que tiene derecho a serlo”. Comentario que provocó el aplauso de algunas personas que seguían la vista y que fue cortado de forma rápida por el presidente del tribunal, Julián Perez-Templado.  En otro momento declaró que el fiscal y la acusación particular “llegaron a un acuerdo que me trasmitió el procurador de los tribunales y que consistía en que la querella sería retirada si accedía a irme de Murcia y entregaba 10.000 euros al letrado de la querellante”.

                ¿Es esto justicia? Mas bien parece un juicio con el fin de convertir a este juez en cabeza de turco para lanzar  un mensaje a los demás jueces que pretendan ser con las parejas homosexuales igual de rigurosos que con los demás adoptantes.

                No solo quieren cargarse la libertad de expresión sino forzar y presionar a los profesionales honrados (jueces, médicos, farmacéuticos…) para imponer los lobbies “su ley”. ¿Qué clase de democracia es esta?.