Porque, vean ustedes por donde, cuando se trata del Estado, de las Administraciones públicas y de aquellas instituciones responsables de prestar los servicios por los que todos cotizamos; cuando los enfermos de larga duración, los que tienen una incapacidad absoluta, los que cobran viudedad, orfandad o los mismos jubilados; pasan a depender de las pensiones de la Seguridad Social, se pueden encontrar, como sucede actualmente, por parte de la Administración pública se comience a hacer recortes, variaciones, descuentos y demás alteraciones de aquella prestación que se comprometió a pagar y que forma parte de la contraprestación a la que tienen derecho aquellos que estuvieron cotizando, durante muchos años de su vida, para obtenerla.

 

En Catalunya, que siempre somos adelantados en esto de pagar tributos, tasas, impuestos y demás cargas tributarias, por aquello de ser diferentes del resto del Estado; ya se comenzó a aplicar el copago de los medicamentos dispensados por las farmacias a los beneficiarios del Instituto de la Salud, un cobro que se adelantó al resto de autonomías, consistente el pago de un euro por medicamento, desde hace ya un par de meses; ahora, como era de esperar, cuando el Estado ha dispuesto otro tipo de copago, basado en un complicado sistema relacionado con la renta de los beneficiarios (algo que constituye una más de las cacicadas que se inventan los gobiernos cuando necesitan recaudar, a costa de lo que sea) nos encontramos que, al ir a recoger una medicina, no sólo debemos pagar el mencionado euro, sino que debemos abonar  otra contribución que se ha calculado sobre el IRPF de los beneficiarios, un cálculo que no se nos ha facilitado y que, naturalmente, las farmacias donde expenden los medicamentos no tienen ni idea  ni, por cierto, deben tenerla, ya que se trata de un documento privado de cada persona. Eso sí, no proteste y pague porque, en caso contrario, no se le facilitará la receta que usted precisa para curar su enfermedad. Muchos pensionistas con pensiones escasas, el tener que abonar este sobreprecio les representa el tenerlo que sacar de otras partes de su economía, algo imprevisto y que, en tiempo de crisis, con las pensiones casi congeladas, supone un grave trastorno para quienes ya no pueden trabajar ni obtener otro tipo de ayudas.

 

Ahora (todo lo malo se pega) han empezado a imitarlos en Madrid eso sí, ¡sin fines recaudatorios! Sólo para evitar abusos y despilfarros ¿?. No sabemos si, como ocurrió en Catalunya, para llegar a destapar el enorme fraude existente en la dispensación de recetas, algo que los inspectores, que cobran de nuestros impuestos, no supieron descubrir, a pesar de que el timo a la SS., consistente en el uso de tarjetas de personas muertas para conseguir medicamentos gratis que luego se revenden parece que fue práctica común, como ha salido a la luz recientemente cuando se ha descubierto una mafia de médicos y farmacéuticos que habían conseguido, con este procedimiento pingues beneficios. ¿No hubieran podido, los inspectores de la Sanidad, hacer su trabajo mejor, para que no hubiera sido necesario que quienes actuamos conforme a ley tengamos que pagar las consecuencias? Por lo visto no.

 

Pero, ya que hablamos de Catalunya y de sus organismos rectores, nos resulta muy cuesta arriba llegar a entender que, antes de acudir a recortar derechos de los ciudadanos el señor Mas y sus correligionarios no hayan comenzado por meter la tijera a la mastodóntica administración catalana, nido de enchufados, refugio de amiguetes y reducto de independentistas designados a dedo por quienes ostentan el poder político de esta autonomía. Detallar todos los recovecos de esta “intocable” mafia pública requeriría varios artículos, pero como no dispongo de tanto espacio sólo me limitaré a consignar algunos números,        

                                                                                                                                       Nº empleados

Diputados autonómicos, provinciales, consejeros comarcales, alcaldes y concejales                 10.448.-

Cargos en el Gobierno catalán                                                                                                  3.826.-

Miembros de organismos estatutarios                                                                                               67.-

Personal órganos superiores de Administración                                                                     623.-

Funcionarios Generalitat                                                                                                       173.093.-

¡Consejos asesores! Otros (178)                                                                                                  2.206.-

¡Consorci  per a la normaliciació lingüística! (22 centros de los que dependen

143 centros de Actividades)                                                                              Consejeros             350.-

                                                                                                                      Trabajadores            915.-

Otros entes públicos (Comunidad y Entes locales) 1.933                                                         17.965.-

Parlamento (Diputados y otros cargos)                                                                                            231.-

Diputaciones (Diputados provinciales y otros cargos)                                                                        415.-

 

 

Todo un ejército de funcionarios, asesores, empleados de entes públicos, diputados y un largo etcétera que es evidente resulta desproporcionado para una sola autonomía; a lo que podríamos añadir las 6 “embajadas” en el extranjero que suponen un coste anual de 32’8 millones de euros. 

 

Sólo para la TV catalana  se presupuestaron para el 2012, 338.900 millones de euros y para Catalunya Radio la friolera de 43.931 millones de euros; otros 11.720 millones de euros para el Teatro Nacional de Catalunya o para la Escola Superió de Músique de Catalunya fueron presupuestados otros 11.464 millones de euros. También se destinaron 400.700 euros al Museo Memorial del Exili o 55.700 millones de euros al Consejo Catalán del Deporte; todo ello sin tener en cuenta el despilfarro que se produce al destinar, a un organismo intervencionista y censor como es la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, 273.442. millones de euros ¿Pero en qué clase de país estamos? ¿Son tan importantes estas partidas para mantenerlas mientras se recortan salarios a los funcionarios, se escatima en sanidad y en los servicios médicos o se pide el copago a los pensionistas y demás trabajadores?; luego resulta que no pueden pagar las facturas de sus proveedores  u obligan a los ciudadanos a afrontar unas cargas que sólo hacen que agravar su situación económica.

 

Y, señores, ¿son estos políticos catalanes los que piden la independencia? Primero que nos expliquen, con detalle, cómo se las van a arreglar cuando nos quedemos aislados del resto del mundo, fuera de Europa y, luego, que nos digan cómo van a poder hacer frente a tantos pagos. Mientras, lo mejor es que se callen. O así es como veo yo tanta falta de sentido común y tantas utopías irrealizables.