“El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos”. Immanuel Kant

Miguel Massanet Bosch. Es evidente que, a los 36 años de la promulgación de la Constitución, existen puntos que hace ya muchos años que debían haber sido contemplados por el Legislativo, tanto por su importancia para evitar interpretaciones sesgadas, determinar derechos o fijar conductas, en relación con alguno de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Carta Magna. Todos sabemos que existen dos extremos que la Constitución dejó a los legisladores para que fueran regulados de modo que, los derechos de un grupo de ciudadanos, reconocidos como fundamentales, no pudieran llegar a chocar con los derechos fundamentales del resto de los españoles. En esta tesitura, tenemos hoy dos temas que vienen creando graves problemas interpretativos y que, en muchas ocasiones, debido a la situación, evidentemente mejorable, del poder judicial; la moda, practicada por algunos jueces y magistrados, de anteponer a las leyes, en sus resoluciones, sus propios pensamientos políticos e interpretaciones parciales; vienen causando confusión entre aquellos que quieren hacer uso de un derecho fundamental y  otros que se ven obligados a soportar, de alguna manera, las extralimitaciones, el ejercicio abusivo o violento del derecho de aquellos, sólo que ejecutado, por todos o algunos de ellos, de una forma que comporte la vulneración grave de sus derechos fundamentales.

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La huelga o el derecho a manifestarse libremente hace ya muchos años que debieran ser regulados por sendas leyes, que dejaran suficientemente claro cuáles son los casos en los que pueden ser consideradas comprendidas dentro de la definición, establecida en el texto constitucional, que permite su libre ejercicio y cuando reúnen aquellas características en las que se convierte en ilegal por incurrir en lo que el Artº 21.2 del texto constitucional autoriza a la autoridad para prohibirlas. El texto que a que nos referimos es el siguiente: “En los casos de reuniones den lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas y bienes” .Queda claro que, si en algún momento del transcurso de la manifestación, se producen las alteraciones del orden o el peligro para personas y bienes, se dan las circunstancias requeridas para que la autoridad gubernativa pueda intervenir para restablecer el orden.
La realidad, no obstante, viene demostrando que, en la mayoría de los casos en los que hay manifestaciones o huelgas en las que se reúnan un número importante de personas, es muy posible que tengan lugar hechos que causen daños materiales al mobiliario urbano o a los comercios o establecimientos que se encuentren ubicados por los lugares por donde transiten los manifestantes. Las compañías de seguros no suelen asegurar estas pérdidas y, como nadie se hace cargo ni parece que tenga responsabilidad alguna en las salvajadas cometidas, deben proceder a reparar los estropicios a su cargo. Podríamos entender que, si esta circunstancia se produjera en un reducido número o fueran de entidad menor, se contemplara con una cierta laxitud por parte de los gobernantes.
Sin embargo, en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao se puede decir que raro es el día en el que no se produzca una manifestación de protesta, una algarada estudiantil o una huelga en la que se reivindique algo que, en muchas ocasiones, sólo se refiere a un problema interno de una o varias empresas, pero que, en la mayoría de casos, lleva aparejada un acompañamiento sindical o la presencia de un grupo de radicales, de modo que aquello que empieza pacíficamente acaba quemando contenedores, incendiando autobuses, rompiendo escaparates o agrediendo o perjudicando a simples transeúntes  que tienen la desgracia de encontrarse en medio del jaleo o que, necesariamente, deben transitar por aquellas calles para ir a su trabajo.
Dejando aparte los millones que, esta proliferación de actos de protesta, cuesta a las ciudades afectadas por ellos, a la economía de las empresas afectadas y al Erario público; debido a que, a las izquierdas ( las principales culpables de que las calles se conviertan en el centro de sus reivindicaciones), les importa un bledo que la economía del país, aquella de la que depende que haya puestos de trabajo para que el desempleo vaya disminuyendo, se vaya destruyendo; lo cierto es que, esta falta de leyes que pongan límites a aquellos que sólo buscan que crear descontento, explotar los sentimientos de los resentidos y motivar a aquellos fácilmente irritables para que cometan actos que, en frío, no serían capaces de llevar a cabo; permite que muchas de estas gamberradas, atentados contra las fuerzas del orden o destrucción  de mobiliario, escaparates etc., pese a las denuncias de la policía, las pruebas fehacientes de los daños personales o materiales causados, debido a la incuria de determinados jueces, queden sin castigo. Y lo que es peor, sin que nadie se haga responsable de los daños causados y su reparación.
El hecho de que, ninguno de los gobiernos que han existido desde la restauración de la democracia en este país, haya sido capaz, haya tenido la valentía y la intención política de legislar la ley Orgánica que regule el derecho fundamental del Derecho de Huelga o haya fijado los límites del derecho de manifestación, de modo que se acabe con los abusos que, en uno y otro caso, se producen en la mayoría de los casos en los que salen a las calles. En el caso de los gobiernos de izquierdas, porque saben que cuando no gobiernan, cuando están en la oposición, pueden contar con los sindicatos, los vándalos antisistema o los estudiantes para que les ayuden, mediante la ocupación de las calles para ir desgastando al legítimo gobierno elegido en las urnas y cuando el gobierno es de derechas lo que ocurre es que siempre, aún en el caso de mayoría absoluta, tienen el temor a que la izquierda cargue contra ellos, se tiran para atrás si piensan que van a perder votos y son incapaces de buscar el acuerdo parlamentario, en este caso con razón, porque no encuentran en la oposición, fueren cuales fueren sus adversarios políticos, nunca van  a aceptar una ley que crean que no les va a favorecer, aunque sea en bien de España y de los españoles.
Resulta deprimente que sean las propias universidades y sus rectores las que den cobijo a grupos que, en la mayoría de los casos ni son estudiantes o, si lo son, llevan tantos años matriculados en ellas que podrían haber cursado varias carreras. Y esto podemos trasladarlo al resto de centros educativos públicos, en los que, la mayoría de sus profesores pertenecen a la izquierda extrema que, en lugar de enseñar a sus alumnos (algo que hacen mal, según los resultados académicos de nuestros jóvenes) se dedican a su adoctrinamiento político.
España no puede permitirse quedar en manos de quienes no tienen otro objetivo que destruir el orden, acabar con la seguridad ciudadana y crear un ambiente enrarecido que impida que, el orden y la seguridad, se restablezcan; se respete a las fuerzas del orden y que, aquellos que ejerzan legítimamente el derecho a la manifestación o la huelga, lo hagan de forma pacífica, respetando los derechos de los demás y con un servicio de orden que impida que se cometan actos de incivismo contra las personas y las cosas. Lo contrario, si se consiente, llevará a nuestro país al caos y el derrumbe económico. O así es, señores, como desde mi óptica de ciudadano de a pie, contemplo esta realidad.