Pedro Sáez Martínez de Ubago. Este lunes, el gobierno catalán ha pedido formalmente el rescate al Gobierno de Mariano Rajoy, parece que haciendo prevalecer –la pela es la pela- sus gravísimos problemas de tesorería sobre su furia independentista incluso ante la inminente Diada.

Francesc Homs, como portavoz de la Generalidad de CIU, ha solicitado 5.023 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Dinero que, según dice se precisa con urgencia para pagar los vencimientos de los bancos, la emisión de deuda y la cobertura del déficit contraídos por una Cataluña, obligada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, al igual que las demás regiones españolas, a cumplir el 1,5% de déficit. Pero, a decir de CIU, el gobierno catalán está cargado de razones para reclamar esa suma que considera que “pagan los catalanes con sus impuestos y gestiona el Estado”. Con esa apreciación, Homs ha hecho una expresa distinción de lo que le sucede al conjunto de España cuando se pide el amparo económico de Europa y esperaba que Rajoy ayude a Cataluña sin exigirle a cambio “condicionantes políticos”.

Ante esta singular apreciación de las cosas, puede ser conveniente recordar las notables irregularidades que el Gobierno de Cataluña viene perpetrando, tanto a la hora de allegar, como de despilfarrar el dinero de Cataluña y del resto de la nación, con frecuencia en detrimento de la unidad de España.

Pero, como cuando el PSOE o el PP no tienen mayoría absoluta en las Cortes Generales han de ir a morir al palo de los dictados del nacionalismo catalán, los partidos de este ámbito pueden reírse, campar por sus respetos y hacer de su capa un sayo, como se vio cuando el partido socialista se comprometió en campaña electoral a liquidar estos vehículos de evasión de capitales para las grandes fortunas en la campaña del 2004  y en 2005, en cumplimiento de dicho programa, se intentó modificar la legalidad de las SICAV, pero CIU presionó, para que el único cambio sustancial fuera el requisito de tener 100 participes sin ningún requisito mínimo ni máximo de participación de ninguno de ellos.

Quizá convenga recordar que la Generalidad y las administraciones de Cataluña, llevan años abusando de la fuerza para, por medio de multas lingüísticas que, contraviniendo al Tribunal Constitucional, han sido impuestas a ciudadanos que rotulaban en lengua español apropiarse indebidamente de cerca de 1.500.000 euros, 900.000 bajo el Gobierno del Sr. Montilla y el resto con el Sr. Mas.

Hablando de política lingüística, recordemos también que el Gobierno de Cataluña lleva una política educativa lingüística también contraria a las sentencias de T. C. en lo tocante a la enseñanza del castellano y del catalán como lenguas vehiculares y que la Consejería de educación maneja de forma irregular unos presupuestos anuales que con la actual crisis se han reducido a 4.894 millones de euros en 2011 y 4.610 en 2012.

Igualmente, hay que recordar que, al contrario que las restantes regiones españolas, que hasta 2011 percibían el 35% de los impuestos devengados por el IVA y desde la reforma del modelo de financiación autonómica de 2011 vienen a percibir el 50%, Cataluña hace años que venía percibiendo el 100% de lo recaudado en concepto de IVA, cantidad que en el primer semestre de 2012 ha supuesto 5.421.747 euros. Sólo ese 50% “gratis et amore” de diferencia con el resto de los españoles supondría el 50% de lo reclamado este lunes.

Gracias a estas irregularidades y privilegios a la hora de allegar fondos, las instituciones catalanas han podido apoyar a una entidad privada como es el F. C. Barcelona, cuya deuda asciende a 340 millones de euros. Sin olvidar que el F. C. Barcelona, sus instalaciones, directivos y socios han protagonizado o sido usados como tribuna para numerosos actos del separatismo radical que ha ofendido al resto de los españoles.

Estas irregularidades y privilegios han permitido también que, mientras los ciudadanos de Cataluña ven reducidas sus prestaciones sociales, sanitarias, educativas, estructurales… los políticos catalanes sean con diferencia los que más cobran entre todos los políticos españoles.

Así por ejemplo, mientras el Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy percibirá este año un total de 78.185,04 euros en concepto de retribución, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, cobra 144.030,12 euros brutos al año y 108.576 cada uno de sus once consejeros, mientras los 135 parlamentarios autonómicos catalanes perciben una media en torno a los 75.000 €. Entre otros cargos catalanes generosa o desmedidamente retribuidos –según se mire- destacaremos que un director de una entidad autónoma cobra 80.589,54 euros; el presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Catalán de la Mujer, el presidente de la Autoridad Catalana de la Competencia y el director del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales perciben 84.078,50 euros cada uno; el director de la Biblioteca de Cataluña tiene un sueldo de 71.451,98 euros, el director del Instituto de Desarrollo de las Comarcas del Ebro se embolsa 69.398; el gerente del Patronato de la Montaña de Montserrat 69.620; el director del Instituto de Desarrollo y Promoción del Alto Pirineo y Arán 62.467. Y mención especial merecen el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, quien cada año cobra 109.939 euros (a los que habría que sumar las dietas que percibe del organismo Área Metropolitana de Barcelona) y el presidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve i Figueras, que cobra 128.581 euros brutos al año… La lista sería interminable.

Para el final, por ser el tema más urgente en detrimento de la proyección exterior de España, he dejado los 26,9 millones de euros presupuestados sólo en 2012 para la red de 27 oficinas y cinco <embajadas> que la Generalidad de Cataluña mantiene en el exterior. Sobre ello eso a pesar de que el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, García-Margallo, en un gesto de buena voluntad ofreció a los gobiernos autonómicos las infraestructuras del Gobierno en el extranjero para ahorrar costes, Artur Mas (CiU), presidente autonómico de la Generalidad, ya ha anunciado que no piensa ahorrar ni un euro en aceptar esta propuesta, dado que “como país, Cataluña tiene perfil propio y seguiremos con nuestra red, pero siempre que podamos lo haremos en colaboración con la red diplomática española, como hemos hecho siempre".
Repárese en que el artículo 149 de la Constitución establece que “El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:

1 La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.

2 Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.

3 Relaciones internacionales.

4 Defensa y Fuerzas Armadas.

5 Administración de Justicia.

6 Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas…”

A la luz de todo lo anterior, y siempre desde la legalidad y con la Constitución en la mano, de acuerdo con su artículo 155, Mariano Rajoy debería recordar a Artur Mas que “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”.

Esperemos al día 11, a ver si, en el marco del circo de la Diada, el perro que ahora pide pan, lame, se limita a ladrar o muerde, como otras veces, la mano del tonto que se supone que se lo va a arrojar.