Francisco Rodríguez Barragán. Los medios de comunicación nos ofrecen cada día los casos de corrupción que se encuentran en los juzgados y los nuevos que van aflorando y todos tienen como características comunes la implicación de políticos y la antigüedad de bastantes años desde que se produjeron los hechos delictivos y, lo que es más grave, el transcurso de un largo periodo de tiempo desde que los jueces iniciaran el procedimiento y los pocos casos que vemos llegar a su final. En tantos casos de corrupción de políticos pocos son los que han sido castigados, ni siquiera con una inhabilitación temporal o permanente para poder presentarse a nuevas elecciones. De los que gozan de la condición de aforados no recuerdo ninguno, quizás por mi falta de memoria. Tampoco recuerdo, quizás también por falta de memoria, de condenados que hayan devuelto un euro de los que afanaron fraudulentamente. Pero si es condenable aprovecharse del cargo para aceptar coimas y sobornos, qué podemos pensar de los que dejaron entrampados a los ciudadanos con obras inútiles o insostenibles, aun en el caso de que no se hayan enriquecido, ¿están acaso exentos de responsabilidad por haber impulsado obras faraónicas, aeropuertos sin viajeros, metropolitanos innecesarios, polideportivos o teatros en cada pequeño pueblo, instalaciones que pocos utilizan, etc. etc.? Si una persona, física o jurídica, tiene mucho dinero y lo despilfarra, será su problema, pero si lo que se despilfarra es para llevar a cabo proyectos insostenibles es el dinero ajeno, el que se extrae del sudor y el esfuerzo de los que trabajan ─y sus descendientes que tendrán que seguir pagando la deuda acumulada─, ¿no debería ser condenado, al menos, a no poder participar nunca en la cosa pública? Si tenemos un sistema democrático en el que el gobierno de cada ente se distribuye entre gobierno y oposición y ─todos cobran sus sueldos─, ¿qué clase de oposición es ésta que no consigue frenar ningún proyecto insostenible, ningún desastre económico? A mi parecer es poca justificación alegar solo que votaron en contra, aunque será que no hay previstas acciones ni procedimientos para evitar tales descalabros o que nos conformamos con que estos malos gobernantes pierdan las próximas elecciones, lo cual una veces ocurre y otras no. ¡Oh, el caciquismo…! Tenemos un ley reguladora de la contratación pública pero, quien hizo la ley hizo la trampa, y se utilizan multitud de argucias para burlarla, por ejemplo con rebaja de la oferta a cambio de futuros reformados. Los criterios de la mesa de contratación para elegir entre los licitantes no son a menudo claros y los que resulten excluidos no pleitearan ¿para qué? Si para depurar responsabilidades hay que esperar a una sentencia judicial habrá que decir aquello de “cuán largo me lo fiáis”. Como más vale prevenir que curar hay que potenciar a los interventores, profesionales responsables, dependientes de la Intervención General del Estado, cuyos reparos no puedan ser ignorados olímpicamente, ni puedan ser puenteados por ingenierías presupuestarias ni contables. Toda administración pública, incluidas las empresas, fundaciones y organismos que ella misma cree, así como los partidos y los sindicatos, deben estar bajo la supervisión previa de la Intervención, pues se trata de dinero público, dinero del ciudadano, dinero del contribuyente, que no puede ser objeto de malversación ni despilfarro. Ojalá que la crisis que estamos padeciendo nos lleve a una acción política clara, transparente, responsable, que no necesite dirimirse en la tupida y garantista maraña judicial.