Miguel Massanet Bosch.

Llega un momento en la vida de un pueblo en el que no es suficiente ser una persona buena y honrada, tener el marchamo de ser un buen ciudadano, cumplir con el deber de toda persona civilizada y de buenas costumbres. Es preciso, cuando llega aquel instante en el que los que buscan acabar con el orden y la seguridad del país, los que deciden prescindir de las leyes democráticas para suplantarlas con otras que más les favorecen, sin tener en cuenta lo que favorece o perjudica al resto de ciudadanos, en el que hay que pensar en el bien común del país, hay que ponerse en pie para evitar que, los que buscan desestabilizar la convivencia, provocar el enfrentamiento entre hermanos o subvertir el orden establecido, consigan sus objetivos revolucionarios; si la inoperancia de las autoridades, directivos o miembros del Gobierno o de las cámaras de representación popular, se limitan a encogerse de hombros ante los avances de todos aquellos que, enfrentados a la Constitución, se han propuesto establecer un régimen tiránico y de opresión al pueblo, el último destinatario de la acción gubernamental.

Es obvio que, a poco que uno siga la situación política de nuestra nación, España, no tardará en advertir que, lo que está sucediendo en Cataluña, o lo que se está urdiendo en la política española entre los actuales gobernantes y los partidos comunistas, aquellos que vinieron financiados por el régimen venezolano del autócrata Maduro con la misión de crear en España lo que se podría llamar, si estuviéramos en los años 30 del siglo pasado, un nuevo frente popular, como se intentó en tiempos de la II República, con los resultados que todos conocemos y las consecuencias para los ciudadanos españoles que acompañaron a una cruenta Guerra Civil, donde lucharon hermanos contra hermanos y amigos contra amigos. Las consecuencias de décadas de años en los que los españoles tuvieron que someterse a privaciones y ser objeto de sanciones internacionales por países que, como suele ocurrir con frecuencia, dieron más crédito a la propaganda comunista que a las verdaderas causas de que se produjera el levantamiento del 18 de julio de 1.936.

Estamos ante un desafío en el que se ha puesto a la nación española ante un dilema, indiscutible si nos atenemos a la legalidad constitucional y el respeto por las normas democráticas, pero en el que, una parte de  determinadas autonomías, impulsados por activistas y por viejas disputas sobre la identidad de los pobladores de las mismas, hace unos años que están poniendo en cuestión, alegando inexistentes razones históricas, la pertenencia a la nación española, pretendiendo que se les permita constituirse en un país independiente. Los que utilizan la negación de la vigencia de las leyes democráticas españolas, rechazan estar regidos por la Constitución de 1978, y se rebelan en contra del Estado español son los que, curiosamente, critican el nacionalismo de los españoles, como si se tratara de una cuestión obsoleta y, a cambio, ellos se muestran como los más fanatizados e intolerantes defensores de sus regionalismos excluyentes.

Durante la historia de España y en lo que han sido las más recientes amenazas a la integridad de España, las que han tenido lugar en los últimos años a partir de los años 30 del siglo pasado, ha tenido que ser el Ejército el que pusiera fin a los diversos intentos de atentar en contra de los intentos revolucionarios en busca de la independencia de algunas regiones más levantiscas, en contra de España. Recordemos la Revolución de Asturias de octubre de 1934, con la colaboración de las Juventudes Socialistas dirigidas por Santiago Carrillo. Fue el Ejército, al mando del general Franco, quien acabó con aquel intento y también fue el Ejército el que en Barcelona puso fin a la declaración de independencia del señor Companys. También fue el Ejército el que evitó que, en 1.936, España, con su Frente Popular, acabara siendo un satélite más de la URRS.

Alguien especialmente los de la izquierda, los socialistas y con mayor énfasis los separatistas vascos y catalanes, han sido los que, con más fuerza, han estado anatematizando a los militares hasta llegar al absurdo de impedir que las caravanas de camiones militares, los vehículos acorazados y los aviones de guerra puedan circular por las calles o los cielos de las ciudades catalanas. No obstante, no está tan claro que los militares tengan que mantenerse lejos de los temas que afectan a los ciudadanos españoles y, con mayor razón, en lo que respecta a aquellos que puedan poner en cuestión la unidad intocable de la nación española; estando obligados, por la misma Constitución, en su artº 8º, a intervenir cuando se produzcan circunstancias que puedan atentar contra la integridad de toda la nación española.

En febrero de 1941 hubo un intento de sublevación militar cuando se permitió a los comunistas volver a formar parte de las cámaras de representación popular. Fueron unos momentos difíciles que comportaron severos castigos para grandes patriotas que, puede que a destiempo, quisieron impedir, precisamente lo que en estos momentos está amenazando a la nación española. Fracasaron por la intervención de Juan Carlos I y todos pagaron su intento en las cárceles. Sin embargo, lo que entonces pudo parecer una de las famosas intentonas militares en contra de la democracia, ahora estamos viendo que, la permisividad, las posibilidades que se les dieron a las izquierdas de entrar en las instituciones han ido derivando, cada vez más, a que, hasta los que fueron terroristas de ETA o de sus sociedades afines, hayan entrado en las instituciones públicas y los gobiernos regionales y, desde allí, siguen haciendo campaña para intentar debilitar al Estado español para, poco a poco, irse haciendo dueños de los resortes políticos que les han permitido, como ha ocurrido en Cataluña y, con más astucia, en el propio País Vasco, para seguir en sus posturas revolucionarias.

Sin embargo, si descontamos a viejos militares de los que estuvieron a las órdenes de Franco, que siguen manteniéndose leales a la Constitución y no han entendido el que se les diera tanta libertad a los activistas que han ido socavando la autoridad del Estado en España y, atribuyéndose facultades que nunca han tenido, se han atrevido hasta a poner en duda la figura del Jefe del Estado y la vigencia de la Constitución y las leyes del Estado en sus autonomías. ¿Qué hay de los que juraron la bandera española y pronunciaron la fórmula del juramente de defender al país contra aquellos que, de una manera u otra, intentaran dividirlo o perjudicarlo? ¿Se ha convertido el Ejército, como algunos ya dicen, en una ONG, dedicado, como el caso de la UME, a ser un complemento de las unidades de bomberos o de protección civil? ¿Acaso sus intervenciones se han de limitar a ir a prestar ayuda a países donde también existen problemas? ¿Qué hay cuando es preciso salvaguardar nuestra Constitución?

Las humillaciones a las que han sido sometidas las unidades del Ejército presentes en Cataluña por parte de politicastros, como la alcaldesa Ada Colau, que quiso impedir su presencia en determinadas celebraciones y exposiciones, precisamente por su cualidad de pertenecer a la milicia. En el país vasco sucede lo mismo y, aquí tenemos a gobiernos débiles, incapaces de reaccionar y cobardes ante las actitudes levantiscas de aquellos que ya debieran de haber padecido las consecuencias de haberse atrevido a enfrentarse a quienes, por su propia naturaleza, son los encargados por el pueblo español, a través de elecciones, de poner orden donde hubiera necesidad de restaurarlo a causa de quienes maquinan delitos en contra de la nación española.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, que está viendo como España está cayendo, irremisiblemente, en manos de traidores a la patria empeñados en ir favoreciendo la descomposición de las instituciones, intentan destruir la separación de poderes, como ha sido el caso de la fiscal general del Estado que parece que ha dado órdenes a los fiscales que han de actuar en contra de los traidores a la nación españoles, presuntamente responsables de graves delitos, entre los cuales son acusados de rebelión, de que sean magnánimos a la hora de solicitar las penas correspondientes para quienes son acusados de intentar independizar de la nación española nada menos que a la comunidad catalana; una de aquellas que, cuando se votó la actual Constitución española, fue de las que mayor número de votos favorables emitió. Ahora, por el contrario intenta, por medio de quienes siguen esforzándose en conseguir que se les permita aplicar los mecanismo adecuados para separase de la tutela del Estado español. ¿Qué más se debe esperar que suceda para que alguien, en este país, se deje de más monsergas y empiece a para poner orden, poniendo en su lugar a esta serie de cobardes que, si se les enseñara el poder del Estado se retirarían hacia a la frontera de Francia, como hicieron cuando Barcelona fue tomada por las tropas de Franco, sin que hubiera un “valiente” que se atreviera a disparar sobre ellas? Y es que, una cosa es salir a las calles con esteladas, sabiendo que la policía catalana está cohibida por las órdenes de sus mandos de no intervenir y,  otra muy diferente, si con los que se tuvieran que enfrentar fuera con militares uniformados y perfectamente pertrechados para cumplir con su deber.