Miguel Massanet Bosch. Siempre he sostenido que hay mucha hipocresía y fariseismo en este peliagudo tema que es la inmigración. Y si me apuran diré que, los que más han contribuido a que eso sea así, son los propios socialistas que, encabezados por el propio Caldera en su etapa de ministro de Trabajo, quiso marcarse un tanto y, de paso, solucionar un problema del que no veía forma de desembarazarse, al proclamar una amnistía para todos los sin papeles, que significaba la regularización de más de 1.000.000 de personas que habían entrado en España de forma ilegal. Si hay unas leyes será, sin duda, para que se cumplan y si el Estado es incapaz de conseguir reprimir la entrada de personas irregularmente en el país, será porque no ha tomado las medidas adecuadas, no ha empleado la diligencia precisa o se ha visto desbordado por un erróneo cálculo de demagogia sensiblera, utilizado como una baza electoral, para presentarse ante la ciudadanía española como un verdadero defensor de los que huyen de sus países por no conseguir un trabajo digno en ellos. Todo esto suena muy bonito y tiene su público dispuesto a tragarse todo los seriales lacrimógenos que se les quieran largar; sin embargo, un Gobierno tiene la obligación de valorar sus actos, de prevenir sus consecuencias y de anteponer los intereses de la población autóctona a sus tretas para conseguir votos.

Existen dos aspectos que deberían ser considerados. El primero, que los españoles no han conseguido el bienestar del que, actualmente (me refiero a la época anterior a la crisis que nos está azotando) se goza, sin que antes, varias generaciones que nos han precedido y de las cuales algunos somos parte, hayan tenido que sacrificarse trabajando muchas horas, haciendo muchos sacrificios y aceptando no pocas renuncias. España quedó asolada después de una Guerra Civil a la que siguió, sin solución de continuidad, la Segunda Guerra Mundial de la que nos libramos por los pelos, pero no de sus consecuencias. Diez años de hambruna, de interdicción internacional y de sueldos escasos, fueron la consecuencia de una guerra entre hermanos y ello comportó, sin duda, que muchos millones de ciudadanos tuvieran que esforzarse en sacar adelante a sus familias. Nos preguntamos el por qué en los países de origen de los inmigrantes la población ha consentido que la corrupción, los caciques y los dictadores se enriquecieran sin hacer nada para evitarlo. ¿No sería mejor que la ONU, este organismo inoperante, se ocupase de que se estableciera la justicia en tales naciones y se las ayudara a aprovechar sus propios recursos y a establecer gobiernos verdaderamente democráticos? ¿Por qué, España, tiene que ser el refugio de todos los desfavorecidos de la fortuna, cuando el resto de países europeos tienen controles rígidos y leyes que condicionan el tipo de personas que pueden acceder a su ciudadanía? El segundo aspecto se refiere a que, cuando un país, como el nuestro, tiene necesidad de determinada mano de obra, precisa trabajadores para ciertos tipos de trabajo que los oriundos no se prestan a cubrir; lo primero de lo que se ha de ocupar es de traerse del extranjero a aquellas personas que cumplan los requisitos precisos para cubrir aquellas bajas, siempre con la precaución de evitar “importar” a sujetos indeseables que puedan ser el germen de una delincuencia no deseada.

La actuación del Gobierno socialista, por duro que sea reconocerlo, no ha tenido en cuenta ninguno de los condicionamientos mencionados, sino que se ha limitado a abrir la espita y por ella y por las pérdidas marginales, que han rebasado la vigilancia de aquellos que tenían el encargo de controlar la venida de nuevos ciudadanos, ha provocado que la avalancha incontrolada de cientos de miles de ciudadanos de otros países, nos hayan invadido, se hayan afincado donde han podido y se hayan introducido en todas las modalidades de trabajo, en muchos casos de trabajo no controlado, con lo cual no sólo han perjudicado a los trabajadores españoles, sino que también han generado una gran bolsa de trabajo fraudulento que, sin embargo, no ha sido capaz de ser absorbida por la demanda y ello ha producido que, muchos de estos inmigrantes, se hayan constituido en personas marginales que viven a salto de mata, que han formado bandas de malhechores, que han importado de sus países culturas del crimen que, en España, no se conocían.

Claro que nadie podía esperar que se produjese una crisis de las proporciones que estamos padeciendo, no obstante, la pasividad con la que se ha permitido la llegada de “cayucos” a nuestras costas; la falta de diligencia en promulgar medidas legales para deshacerse de todos los que arribaron ilegalmente; la equivocación de desparramar a los ilegales por toda la península y la falta de control que se ha tenido sobre ellos ha contribuido, de una manera decisiva, a que los efectos de la recesión sobre la masa trabajadora haya sido superior a la que se hubiera producido si la inmigración se hubiera mantenido dentro de los límites de las necesidades efectivas del mercado laboral. No obstante, los partidos de izquierdas siguen emperrados en “sostenella y no enmendalla”; en anteponer al razonamiento lógico la demagogia de los “derechos de los inmigrantes” con lo que sólo han conseguido que las penurias derivadas de un derrumbe de la economía se hayan multiplicado, de forma que ahora no sólo afecta a los inmigrantes que trabajaban, sino que también a los que no lo hacían y vivían marginados y, por supuesto, a los trabajadores españoles que tienen que competir con ellos por un puesto de trabajo.

Ahora se critica a determinados ayuntamientos que no quieren censar más que a los que tienen los papeles legales y, se puede dar la contradicción, verdaderamente absurda y carente de lógica, de que sean precisamente las leyes de los socialistas, dictadas para favorecer a todos los inmigrantes, con y sin papeles, que obliguen a algo tan incomprensible, tan carente de lógica y tan fuera del sentido común, como sería que se tuviera que censar, como ciudadanos, a personas que no tienen derecho a serlo por el simple hecho de carecer de legitimidad para estar en España por haber entrado en ella ilegalmente o no disponen de la documentación precisa para permanecer en ella. Este es, señores, el Estado de Derecho actual en nuestra patria. La Constitución se incumple, no sólo por los partidos políticos, sino también por aquellos que tiene la misión de defenderla y evitar que sea incumplida. Estamos en aquello de que las leyes “deben interpretarse según convenga a la jugada” como decía el ínclito señor ministro de Justicia, señor Fernández Bermejo. Los llamados “derechos humanos”, llevados al extremo del absurdo, se han constituido, en virtud del progresismo imperante, de las devaluaciones de las normas legales y del imperio de los hechos consumados; en el salvoconducto para que cualquier situación irregular se convierta, sin más tramite que el hecho de la presencia física en territorio nacional, en el medio para regularizar la situación de cualquier individuo.

Y ahora que nos vengan, estos demagogos, a decirnos que en España los inmigrantes deben tener derecho a votar en la municipales y que, a través de las instituciones, puede que en pocos años, puedan desbancarnos de ellas para sumergirnos de nuevo en la cultura árabe, donde en lugar de Iglesias haya Mezquitas y en la que, las mujeres, vestirían el tradicional Burka y se someterían a la mutilación del clítoris. Parece broma, pero les digo que vamos camino de ello.