Miguel Massanet Bosch. Si hay algo que hoy se pueda afirmar que, en España, preocupa a la ciudadanía, es que los españoles, en general, han dejado de tener fe en la Administración de Justicia; no sólo en cuanto a la forma en la que se está llevando a cabo la actuación de los jueces y magistrados en cuanto a su misión de aplicar correctamente las leyes, sino también en la falta de eficiencia de toda la organización judicial, a los pocos medios de que disponen para llevar a cabo su trabajo, a la politización de una parte importante de fiscales, jueces y magistrados y, yo diría, que de una manera especial, a la poca o nula efectividad de aquellos organismos profesionales encargados de vigilar y sancionar, si hubiere lugar a ello, las actuaciones de los miembros de la carrera judicial cuando, sus comportamientos no se ajustan a los principios de la ética, la transparencia, la correcta aplicación de las normas o la falta diligencia debida en el ejercicio de la facultad judicativa que les corresponde.

Es un mal endémico en nuestro país la penuria de medios materiales de que disponen los juzgados, para poder absorber, con una cierta garantía de salirse airosos del trance, los miles de legajos que se les acumulan en sus dependencias, al no disponer de los modernos sistemas que, hoy en día, dispone cualquier oficina privada. La falta de un sistema centralizado de registro de expedientes, la escasez de personal auxiliar, la falta de funcionarios debidamente cualificados y la notoria escasez de jueces que merezcan que se les considere como tales, debido a la urgencia con la que algunos han sido reclutados sin acudir al habitual sistema de oposiciones; es posible que sean algunos de los motivos que han convertido a la actual Administración de Justicia en una especie de Casa de la Troya en la que, por desgracia, se han producido importantes fallos de coordinación y falta de información, que han llevado a que se hayan producido casos clamorosos en los que, la incuria de algunos jueces, ha dado lugar a que se hayan producido crímenes espantosos que, con algo más de comunicación entre las distintas dependencias judiciales, se hubieran, sin duda, podido evitar.

No podemos dejar en el tintero el hecho de que, muchas de las leyes vigentes, también las procesales, necesitarían adaptarse a las circunstancias actuales que, en determinados aspectos, especialmente en lo referente a la tipificación de nuevas formas de delincuencia, surgidas de los cambios derivados de nuevas tecnologías, de cambios sustanciales en los medios de comunicación y nuevos instrumentos para delinquir y en la proliferaciones de delitos contra las personas, delincuencia de género, delitos sociales y económicos, que debieran de impulsar a los legisladores a reformar tanto el código penal como el correspondiente sistema procesal, para evitar que, como hoy ocurre, delincuentes expertos utilicen las  deficiencias de las leyes, para delinquir impunemente; sea valiéndose de la menor edad penal ( un cambio necesario de actualización) o amparándose en el excesivo proteccionismo de nuestras leyes  para los delincuentes, en detrimento de los derechos fundamentales de los ciudadanos. A ello, sin duda, han contribuido determinados sectores de la judicatura que, impregnados de ideas progresistas, empeñados en culpar a la sociedad de ser la responsable de que determinados delitos se cometan, han optado por aplicar las leyes con la máxima benevolencia y tolerancia hacia los transgresores; de tal forma que hoy, España, es considerada, en el extranjero, como el paraíso de Europa para delinquir, sin temor a ser sancionados duramente.

Sin embargo, donde se puede apreciar el mayor deterioro, precisamente en lo referente a la independencia de la Administración de Justicia respecto a los otros poderes del Estado, es en todos aquellos organismo en cuya elección intervienen el Gobierno y los partidos políticos, Es evidente que la forma de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, como aquella en la que son elegidos los componentes del CGPJ, no es la más apropiada para garantizar que, estos dos organismos ¬– el último encargado de la vigilancia de las actuaciones de los jueces y magistrados –  actúen con la independencia que debieran de gozar, para poderse enfrentar sin temor alguno al Ejecutivo o al Legislativo, cuando la ocasión lo requiriera, sin el recelo o la prevención de que, el apoyar una determinada resolución o actuación disciplinaria, pudiera perjudicarles en su carrera profesional. El palmario ejemplo del TC, en cuanto a la resolución sobre la legalidad del Estatut catalán, tanto desde el punto de vista de eficiencia y economía procesal, como a causa de la evidente politización de sus miembros; ha constituido uno de las más grandes causas de escándalo y repulsa por parte de la mayoría de los españoles que ven, en un retraso de más de tres años, una forma de prolongar, mediante triquiñuelas legales, el pronunciarse sobre un tema que tanta transcendencia tiene en cuanto a la unidad, solidaridad, equidad y defensa de los derechos de los españoles y de la propia España, como nación única.

Lo que ocurre es que, el desconcierto de nuestra Administración de Justicia; su saturación; sus reclamaciones dirigidas al Ejecutivo, que quedan desatendidas; los problemas que se derivan de la acumulación de expedientes sin resolver por falta de medios; los enfrentamientos entre unos fiscales, muchos de ellos politizados (como el mismo fiscal General de Estado), señor Conde Cumplido, y los jueces; la falta de una informatización general que permitiera una mayor fluidez  de los registros y una centralización que permitiera, a cualquier Juez, consultar con rapidez la situación procesal de cualquier individuo en otros juzgados etc.; es tal, ha llegado a tal grado de saturación, que parece que, desde las bases de la judicatura, han decidido denunciar públicamente la situación y lo han hecho mediante un documento titulado “Manifiesto por la despolitización y la independencia judicial”, que fue presentado en Madrid y que ha sido suscrito por 1.400 jueces. En él se denuncian todas las deficiencias de la actual administración de Justicia, desde las condiciones del trabajo diario y la organización de la Justicia, sin dejar de poner el acento sobre el Consejo General del Poder Judicial, al que se le tacha de estar politizado y de ser correa de transmisión de la voluntad política de los partidos. Se quejan de que, a los jueces, se les endosan las culpas por unas disfunciones de las que ellos no se consideran responsables, cuando, en realidad, ellos las vienen denunciando desde hace años sin obtener satisfacción alguna por quienes, en el Gobierno, debieran velar para que no se produjeran.

El Gobierno socialista ha preferido destinar cientos de miles de euros a otras causas, como la Alianza de Civilizaciones; las ayudas a países del Cono Sur; a determinadas comunidades en las que necesita garantizar un voto favorable;  a sostener ministerios carentes de cometidos, como son los de la Vivienda y el de Cultura; a ayudas al cine y a los de la farándula o a preparar actos con motivo de la presidencia de ZP de la UE, una presidencia que transcurre, a la vista de lo que está ocurriendo, con más pena que gloria y en la que a ZP es posible que, al fin, se le salga el puchero. Todo esto forma parte de un totum revolutum  en el que se están barajando todos los problemas de España, como si se quisiera formar una argamasa con ellos para que, al final, nadie acabe por entenderse. Quizá es lo que busca ZP, para ocultar la gravedad de la situación del país.