Miguel Massanet Bosch

Nos felicitamos y felicitamos a todos los españoles que todavía sienten en sus corazones el amor por España y, como es natural, por todas las hazañas, que ya son muchas, llevadas a cabo por nuestros deportistas, en especial por esta magnífica selección Nacional que nos ha dado la satisfacción de ganar el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Nos alegramos, como no, por el disgusto que deben tener todos aquellos que creían que, en esta nación, ya no quedaban restos de españolidad ni patriotismo, capaces de oponerse a sus pretensiones de convertir la tierra catalana en tierra de moros. Las banderas españolas que han ondeado estos días en todo el territorio nacional nos han demostrado que, cuando existe un motivo que nos una, cuando se toca la fibra sensible de nuestro patriotismo, los españoles, y así se ha demostrado a lo largo de nuestra historia, han sabido reaccionar ante cualquier intento orquestado que pusiera en cuestión nuestra unidad y nuestro amor a la patria. Curiosamente, los catalanes que se manifestaron, un día antes, en Barcelona, han tenido una respuesta inesperada a sus pretensiones soberanistas y a sus intentos de revolverse contra la sentencia del TC; y la han tenido precisamente en el mismo terreno en el que ellos la han planteado: en la calle. Porque ya no se trata si fueron 60.000 o un millón los que se manifestaron para pedir que no se acatara una sentencia del TC –que lo único que ha hecho ha sido rectificar lo que, a juicio de los magistrados, se oponía a los principios constitucionales; sólo unos pocos artículos en relación a la extensión del texto del Estatut catalán – sino que han sido  muchos millones los españoles, de derechas y de izquierdas, que ha vibrado,  enarbolando banderas nacionales, ante una ocasión, deportiva sí, pero que les ha dado ocasión de dar salida libre a sus verdaderos sentimientos patrióticos, como, con toda probabilidad, harían si desde Catalunya se empeñaran en proseguir con su carrera independentista; sólo porque unos políticos ineptos, sectarios, ávidos de poder y ofuscados por no disponer ni un solo argumento sólido al que agarrarse, para justificar sus ansias de hacer de Catalunya una nación distinta de España, han decidido tirarse al monte de la insurrección política.

Lo que estos días hemos leído en la prensa catalana, los argumentos con los que han querido justificar la manifestación; las declaraciones intempestivas de varios de los líderes nacionalistas; las absurdas argumentaciones expuestas  por sujetos, que se llaman letrados, sobre la sentencia del TC y las mismas pancartas exhibidas por los manifestantes respecto al derecho a “decidir”, ¿decidir qué?, decidirán sobre lo que tengan competencia y sobre lo que no la tengan deberán acatar, no olvidemos que estamos en un Estado de derecho, lo que dispongan las leyes y la Constitución. Resultaría cómico, si no viéramos en lo que esta sucediendo en Catalunya un calco de lo que tuvo lugar, en los años previos a la Guerra civil, cuando personajes que cortaban el bacalao en el Frente Popular eran otros, pero los instrumentos que manejaban eran muy parecidos a los que sus sucesores, los socialistas e independentistas, esgrimen, hoy en día, para justificar sus actuaciones en contra de España. Las contradicciones y papanatadas que, personas que se consideran cultas, son capaces de decir respecto a su proyecto de Estado catalán;  como las del señor Joaquim Nadal cuando ha dicho: “se ha traspasado una frontera que no se podía traspasar”, nos preguntamos ¿a qué frontera se estará refiriendo?, porque, a nuestro modesto entender, los únicos que se han salido de madre, han infringido todas las normas constitucionales, con su Estatut, y se muestran obstinadamente tercos en no aceptar las resoluciones judiciales, han sido,  en el pasado y en la actualidad, ( no han aceptado ninguna de las resoluciones del TSJC respecto a cumplir con la obligación de impartir la 3ª hora de castellano en la enseñanza), estos que ahora reclaman, afirmando que no importa que los artículos declarados anticonstitucionales lo sean porque, según ellos, así lo decidió el “pueblo catalán” ( un 30º% de los catalanes) y ello vale más que la interpretación de los magistrados del Constitucional. Parece que se olvidan de que este Tribunal se constituyó precisamente para evitar que las leyes salidas del Parlamento pudieran tener puntos que no estuvieran en concordancia con los preceptos constitucionales.; en cuyo caso su tarea consistía en devolverla al Parlamento para que se rectificaran los artículos que pudieran infringir, de algún modo, los preceptos de la Constitución.

Pero, si la reacción de los catalanes ha sido una muestra más de su pérdida de este “seny” del que tanto se ufanan, la actuación del Gobierno, la postura del señor Zapatero – que parece que no se ha enterado de los graves sucesos producidos en Catalunya en contra del orden constitucional y en abierta rebeldía de partidos e instituciones a la independencia del Poder Judicial y el respeto por el resto de españoles de las 16 comunidades restantes – no ha sido menos sorprendente, más inexplicable y más atentatoria al Estado de Derecho; cuando lo que pretendan es convertir España en una nación en la que sus ciudadanos no gocen de seguridad jurídica; en la que las leyes se limiten a ser utilizadas por el gobierno de turno, para ponerlas a su servicio y, cuando les sean incómodas para sus fines, se limiten a cambiarlas, para habilitar otras que se adapten mejor a sus propios intereses. En este caso, señores, nos encontramos ante una quiebra de la democracia y, en este contexto, pudiéramos considerar la promesa de Rodríguez Zapatero a Montilla, de hacer lo necesario para compensar, a través de no se sabe que vericuetos y combinaciones, a los políticos catalanes, por los recortes que el TC constitucional le ha hecho al Estatut, (en función de los extremos inconstitucionales que ha hallado en la Ley Orgánica por la que se aprobó); como un intento de subvertir el normal funcionamiento de la Justicia.. El aceptar que, el señor Montilla, pudiera llegar a influir en el Presidente del Gobierno para que se puenteé la sentencia del TC  con martingalas legales o situaciones de hecho, de forma que se llegue a los mismos resultados que han sido considerados, por el tribunal, como prácticas inconstitucionales, es algo de tal magnitud, de tal gravedad que, el impeachment que se dictó en EE.UU, en contra del presidente Nixon, por supuestas escuchas ilegales; se queda enano si lo comparamos con la traición a la patria y a su sistema judicial que tal comportamiento supondría. El que, por meras cuestiones políticas, se pudieran transgredir las sentencias de los tribunales, sólo porque el cabecilla de la rebelión, el señor Montilla, así se lo hayan exigido al señor Zapatero, no sólo es inadmisible para el pueblo español, sino que se trata de un agravio comparativo para el resto de autonomías españolas, el que se establezca una financiación privilegiada para unos en perjuicio de los otros.

España es indivisible. España es soberana y España está formada por 17 autonomías, todas ellas habitadas por ciudadanos españoles que, constitucionalmente, son iguales ante la ley. Es hora de que el  Gobierno y el PP dejen claros estos extremos, que han sido confirmados por el TC en su reciente sentencia. Es preciso que se recuerde, a estos separatistas, que el terreno sobre el que viven, desarrollan sus profesiones o negocios, disfrutan del ocio y tienen la libertad para moverse libremente, no les pertenece en exclusiva, sino que sólo lo disfrutan en usufructo. La unidad de España está por encima de camarillas, terroristas, enredadores y falso profetas. El hacer dejación de las facultades del Estado ante semejantes dislates no es, ni más ni menos, que un delito de traición a la patria y, como tal, debe ser tratado e impedido. ¡A la fuerza, si fuera preciso!