Miguel Massanet Bosch. Cuando la ciudadanía nota que le chirría el sentido común, se le revuelven las tripas y siente un cierto escozor en la conciencia, que le indique que hay algo que no se ajusta al concepto de Justicia que cada cual llevamos dentro; es preciso que intentemos encontrar la causa de tal desasosiego, busquemos las explicaciones lógicas que permitan entender el por qué no nos cuadran los hechos que nos han inquietado y busquemos, en los causantes de tales turbaciones, los esclarecimientos que nos permitan recuperar la tranquilidad de ánimo o, en caso de no satisfacernos, nos permitan dar nuestra opinión afeando, criticando y demandando a quienes, a nuestro modesto criterio, no han actuado como era debido.

Es cierto que, de un tiempo a esta parte, la ciudadanía parece andar a la gresca con determinados colectivos, como es el caso de los políticos que, si queremos ser francos, han conseguido, con su errático comportamiento, su propensión a enriquecerse, su egoísmo, su escasa preocupación por aquellos a los que representan, su fanatismo y su incapacidad para dejar de lado sus antipatías y sus propios sentimientos; la desconfianza y repudio de una gran parte de la ciudadanía. No es de recibo que, cuando la nación les pida que se entiendan unos con otros, para evitar que el país acabe pagando sus desvaríos y los españoles seamos los verdaderamente perjudicados por su mal hacer e irresponsabilidad –algo que se le puede exigir a cualquier servidor público –; se mantengan en posturas intransigentes; se erijan en caudillos de la revolución y sean capaces de vender, como hizo Esaú con su herencia, el bienestar, progreso, tranquilidad y paz de todos los españoles por un simple plato de lentejas que, en este caso, consiste esencialmente en el afán, egoísta e insensato, de llegar a alcanzar la presidencia del gobierno de España aunque, para ello, deba venderla a los comunistas bolivarianos que todos sabemos cuales son sus verdaderas intenciones.

Pero esta misma o similar desconfianza se ha empezado a gestar entre los españoles con respecto al comportamiento de jueces y fiscales que, con su comportamiento inquietante, han conseguido crear en la ciudadanía la semilla del desconcierto, la creencia de que están demasiado politizados y la grave sensación de que, en algunos casos, sus actuaciones están demasiado influidas por factores ajenos a los que corresponden a la aplicación de las leyes, no tal como parece que algunos las pretenden interpretar, erigiéndose, no en funcionarios encargados de aplicar a cada hecho delictivo el peso de la ley según la interpretó el propio legislador y se aprobó en el Parlamento de la nación, sino que, en oportunista sustituto del legislador, aplicando su propio criterio, incluso por encima de la misma ley que pretende alterar. Los fiscales de la ANC no es la primera vez que han emitido juicios que han sido puestos en la picota por la Fiscalía general del Estado, ni tampoco es una excepción que, cuando se trata de temas relacionados con los intentos del nacionalismo catalán, de ir avanzando en su camino errático en busca de la independencia de esta autonomía española, sean ellos los que se muestran más comprensivos, tolerantes, complacientes o displicentes.

Ya ha sucedido en otras ocasiones en las que, ante el pasmo generalizado de los españoles que no somos independentistas, los fiscales de la Audiencia catalana parece que intentan aplicar la benevolencia a actuaciones que, a juicio de los ciudadanos y de sus propios colegas del resto de España, han tenido un fuerte componente delictivo, si no en cuanto a la ejecución del ilegal si, respecto al delito en grado de tentativa. Permítanme, por una vez que, les traslade un párrafo de la Enciclopedia Jurídica que nos habla de esta figura jurídica: “Hay tentativa cuando el culpable da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores.

Si a este comienzo de actos externos siguen los necesarios para que se cometa el delito, la tentativa no habrá sido más que una etapa del iter criminis o desarrollo del delito. El interés, no obstante, de la tentativa reside en tanto no se produce este ulterior desarrollo; en tal caso, y toda vez que se han producido hechos externos constitutivos de la ejecución del delito, la tentativa del mismo está tipificada por la ley penal y, en consecuencia, castigada.” Para el fiscal jefe del TSJC, señor José Mª Romero Tejada, parece que el acto de desobediencia explícita, consistente en que: contra la repetidas advertencias desde el Gobierno y la posterior anulación, decretada por el TC, de los efectos jurídicos del mal denominado “referendo plebiscitario” del 9N del año 2014, no entraña ninguna responsabilidad penal. No olvidemos que la anulación de los efectos jurídicos por el TC (el 25 Febrero 2015), fue posterior a la celebración de las mencionadas elecciones, un simple simulacro de elecciones si se quiere, pero que en aquellos momentos constituía, antes de la anulación del TC, una claro delito de incitación a la desobediencia y un ejercicio por quienes lo organizaron y permitieron, de indebida atribución de unas facultades, de las que carecían. Si la fiscalía hubiera actuado diligentemente y se hubiera prohibido la celebración ilegal de aquella consulta, no hubieran podido excusarse en que el TC declarara aquel referendo sin efectos jurídicos; y hubiera actuado de conformidad, como posteriormente les exigió el Fiscal General del Estado, de oficio.

Pero no lo hicieron y siguieron manteniendo una postura equívoca, como lo han hecho durante todo este proceso, demasiado largo, con demasiadas concesiones al nacionalismo y con los efectos consecuentes de envalentonamiento manifestado, con toda evidencia, con la declaración de la presidenta del Parlamento catalán cuando leyó, solemnemente, ante todo el foro de representantes parlamentarios catalanes, aquella declaración acordada en su seno, por la que se anunciaba que Cataluña se quería separar de España y que, desde aquel momento, ya no se aceptarían las leyes españoles y las resoluciones del TC que fueran en contra de lo que ellos designaron como “proceso constituyente” Si todos estos actos mencionados, procesos iniciados, comisiones constituidas y declaraciones repetidas, una y otra vez, en contra de España, de la Monarquía, y de las propias instituciones y Cortes españolas, cuya autoridad se niegan a reconocer, no tienen el efecto de tentativa, cuando no de delito consumado, y, consecuentemente, no se haya procedido a castigar, con la sanción correspondiente, a todos aquellos que, de forma directa y con luces y taquígrafos, se han manifestado en contra de España y anunciando su propósito de iniciar el camino para la redacción de una Constitución Catalana para ponerla en funcionamiento cuando, de aquí a 18 meses, decidan emanciparse, unilateralmente, del reino español; no sabemos que será necesario que ocurra para que los señores fiscales de la ANC encuentren motivos para frenarles los pies a todos estos sediciosos que, si esto estuviera ocurriendo en cualquier otra nación de Euiropa, haría tiempo que los organizadores estarían pagando su osadía en alguna de las prisiones europeas, para que pudieran reflexionar acerca de sus utopías imposibles.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, continuamos sorprendiéndonos ante lo que sucede en nuestra Administración de Justicia, cuando es evidente que, cada día más, se ha producido un evidente divorcio entre lo que los ciudadanos consideran que debería castigarse con rotundidad y esta actitud complaciente de nuestros funcionarios de la administración de Justicia que, en ocasiones, como ya ha venido sucediendo muchas veces, dan la impresión de que en vez de representantes del Estado encargados de solicitar el castigo de los delincuentes, son sus abogados defensores.

Vean el caso infumable del comportamiento del fiscal Horrach, de Baleares, convertido, no sabemos en virtud de que representatividad, en un defensor más, junto al abogado Roca, el abogado del Estado y la propia Hacienda, de la infanta Cristina y, conste, que no tenemos prejuicios respecto a la inocencia o culpabilidad de esta señora; pero nadie podrá negar que se trata de un caso inédito en el funcionamiento de la Justicia: todos, salvo la acusación particular, a favor de la investigada. Nada más faltaba este desconcierto general en nuestra política nacional para que, quienes atentan contra la unidad de España desde el secesionismo y este comunismo bolivariano importado de Venezuela que intentan, por otros métodos, acabar con lo que queda de nuestra patria; para intentar conseguir crear algún tipo de gobierno de estos que planean en las mentes de algunos de nuestros políticos, para que este país se convierta en una subasta de saldos territoriales.