Gonzalo Rojas
Uno de los temas de mayor sensibilidad en la discusión constitucional que enfrentará Chile, de una forma u otra, es el del Estatuto de las Fuerzas Amadas.
Al respecto, confluyen en las izquierdas chilenas dos tendencias atávicas: por una parte, su conceptualización de las FFAA como aparato represor del Estado burgués y, por otra, su afán por cobrar venganza a la histórica derrota sufrida desde el 11 de septiembre de 1973.
Las izquierdas hace ya tiempo que vienen desplegando esa doble vertiente y, qué duda cabe, encontrarán en los próximos años una ocasión soñada para llevarla al plano de la consagración constitucional.
Repasemos, textualmente, algunas de las principales aportaciones que nutren las posturas de las izquierdas respecto de las FFAA.
El punto de partida es que “el Chile civil fue completamente desplazado y obligado a subordinarse al Chile militar, esta verdadera ocupación armada del país trajo, además, como consecuencia directa, un importantísimo aumento en los beneficios y prerrogativas políticas económicas y legales de las Fuerzas Armadas. El alcance de estas fue de tal magnitud que su corrección resulta imposible, a menos que se ejerza contra ellas medidas semejantes en envergadura a las que las generaron. Una deuda pendiente de la transición a la democracia” (Dauno Tótoro).
Por su parte, desde el MIR se estima que “el golpe de estado y el terrorismo de estado acentuaron el carácter neocolonial y la función de guardaespaldas de la oligarquía que juegan las FF.AA. y Carabineros. Es un deber patriótico rescatar a esas instituciones del rol vergonzoso de subordinación a los intereses del Imperio y de los otros amos de Chile” (Manuel Cabieses).
Unas visiones más moderadas, pero igualmente descalificadoras, se expresan en que “la desconfianza ha hecho que el control civil se ejerza a la defensiva y los militares tiendan a la endogamia. Eso en la parte leve pues, en la parte grave, estos han cuestionado decisiones del poder civil o se han insubordinado” (José Rodríguez Elizondo) y en que “no hay Fuerzas Armadas profesionales sin democracia, ni democracia sin Fuerzas Armadas profesionales, pero la suma de las políticas gubernamentales al respecto no logra constituirse en política de Estado. Los peligros de la orfandad de dirección civil democrática sobre su profesionalización y su falta de integración coherente en el Estado y sociedad han sido evidentes”. (Augusto Varas).
Por todo eso, creen las izquierdas que es imprescindible un cambio de la definición constitucional. Así se lo ha mirado desde el PS:
“El más difícil de los problemas que deberá enfrentar la izquierda chilena en el proceso de erradicación del fascismo en Chile y de renovación de nuestra institucionalidad democrática: la transformación radical de las FF.AA. tradicionales chilenas, a fin de impedir para siempre que vuelvan a usar las armas, que se les entregó para defender a Chile, en contra de su pueblo y de su lucha por un mundo mejor. (…) Esta transformación de las Fuerzas Armadas… debe equivaler a la substitución de los institutos castrenses tradicionales y conservadores por unas nuevas Fuerzas Armadas. (…) Baste señalar que esta política supone toda una concepción distinta de la articulación de las Fuerzas Armadas con el resto de la sociedad, que se traduce en la supresión de la distinción básica entre la sociedad civil y la institución militar, concebida esta última como un compartimiento estanco dentro de la sociedad y del Estado, y supone también una vinculación estrecha entre ellas y el quehacer nacional, con el pueblo organizado y con las tareas revolucionarias que lleva a cabo el Poder Público con el apoyo popular” (Clodomiro Almeyda).
Y para el PC, el diagnóstico ha sido análogo: “Ayudar a las FFAA a desprenderse de esta dependencia y de la ideología fascista, y a crear una nueva estructura y una nueva doctrina castrense es una tarea patriótica de la mayor importancia. Es una tarea que deben imponerse los propios militares con el apoyo de todos los chilenos” (Luis Corvalán).
Por su parte, en una mirada marxista no alineada con partido alguno, se afirma que “las Fuerzas Armadas deberán participar en las asambleas ciudadanas, especialmente locales y regionales” (Gabriel Salazar).
En concreto, “la propuesta central consiste en la supresión del capítulo especial de la Constitución destinado a la regulación constitucional de las Fuerzas Armadas, porque se considera  que éstas son parte de la administración del Estado, y en tal calidad deben ser reguladas en el párrafo de la carta Fundamental denominada Bases Generales de la Administración del Estado, sin que les quepa un rol privilegiado como garantes de la institucionalidad” (Pablo Ruiz Tagle)
No hay términos medios: “Es un hecho que el ‘problema histórico de los militares’ sólo podemos plantearlo y resolverlo nosotros mismos, el pueblo soberano. Y nadie más. Exactamente eso: nadie más” (Gabriel Salazar)
En cuanto a la permanencia de la autonomía educacional de las FFAA, las izquierdas tienen muy claro que deben arrasar con ella.
La visión más extrema expresa que “hoy, más que nunca, la voluntad soberana de los pueblos… debe formar y educar toda institución armada. Ella la que debe hacer del soldado un ciudadano más, como cualquiera de nosotros, deliberante como nosotros, fraternizados por todos nosotros. Ella la que debe programar, vigilar y controlar sus estudios, su entrenamiento”. Para eso, “deberá crearse un sistema educativo y de control permanente (por parte de las asambleas ciudadanas regionales y del Senado) sobre las Fuerzas Armadas, de modo que éstas se formen y actúen siempre en correspondencia y lealtad con los intereses manifiestos de la ciudadanía, y no en su contra. No pueden, por tanto, auto-educarse ‘gremialmente’”. (Gabriel Salazar)
Y una postura algo más moderada, pero igualmente destructora de la autonomía educacional, postula que “siempre es posible debatir y reformular el contenido y propósito de la educación militar. Así, las materias que los oficiales debieran estudiar, la organización de su currículum y el sistema de selección y monitoreo de sus instructores son temas de la mayor importancia en una sociedad democrática. (…) Todas estas materias deben estar bajo control legislativo, y estas medidas deben ser adoptadas de un modo que puedan servir para reforzar el compromiso institucional de las Fuerzas Armadas y de profundizar sus convicciones democráticas” (Pablo Ruiz Tagle).
Por supuesto, el tema de las platas es clave para las izquierdas. Hay que “promover nuevas regulaciones y controles acerca del muchísimo dinero que las Fuerzas Armadas reciben y administran a veces como si se tratara de recursos propios y no del país” (Agustín Squella) porque “en el entendido que las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad son parte de la administración del Estado, no parece justificado un mecanismo de determinación presupuestaria distinto al que corresponde a todos los organismos de la administración estatal” (Pablo Ruiz Tagle).
La sintonía de la mayoría de estas proposiciones con el Foro de Sao Paulo es obvia, si se recuerda que sus integrantes consideran que las Fuerzas Armadas son un instrumento de dominación de los bloques dominantes, por lo que promueven una nueva concepción -un nuevo modelo- para las Fuerzas Armadas, a fin de amoldarlas a los objetivos del socialismo.  Las Fuerzas Armadas -tal como están concebidas en la actualidad- deben ser destruidas, o transformadas en otro tipo de instituciones, para que funjan como brazo armado de la revolución, con el único objetivo de asegurar la permanencia en el poder de los abanderados del socialismo.