Pedro Sáez Martínez de Ubago. Este pasado sábado el Ministro de Hacienda hablaba de poner en marcha un procedimiento que podría desembocar en la intervención económica de Asturias y, al día siguiente, en el palacio Esukalduna de Bilbao, y en el marco del XIII congreso de PP vasco, Rajoy decía, aunque sin mencionar directamente a Montoro ni al Principado, que no se va a cansar de hacer las reformas que considere necesarias para España y advertá a las Comunidades Autónomas que no va a tolerar que incumplan el objetivo de déficit fijado para ellas. Todo lo cual ha dado lugar a que se interprete que el Gobierno de España puede andar pensando en dar a todos un escarmiento con la intervención de Asturias, ante lo que ya han protestado quienes más tienen que ganar con el agua revuelta: Álvarez Cascos y Rosa Díez.
Ante ello, cabe preguntarse si tal intervención sería posible y si sería justa. Y la respuesta a lo primero es que sí, porque, con la Constitución en la mano y de acuerdo con su artículo 155, “ Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
Sin embargo, en lo tocante a la justicia de la intervención, la respuesta sería la contraria, por diversas razones. Incluso asumiendo que el denominado “Estado de las Autonomías”, por su altísimo e injustificado coste, es el problema nuclear de la actual crisis; y que, por su propia naturaleza, aspira a incrementar constantemente sus techos competenciales en una espiral perversa y sin fin que nos lleva, desde hace décadas, a la ruptura de la unidad de mercado y a la ruptura del modelo de Estado basado en la indisoluble unidad de España recogida en el artículo 2 de la Constitución, se hace evidente que hay otras comunidades, como Andalucía o Cataluña, si nos guíanos por criterios exclusivamente económicos, o la Comunidad Autónoma Vasca y Cataluña, si nos guiamos por el artículo 139 de la Constitución, donde la hipotética intervención sería mucho más apremiante.
En efecto, con datos del año pasado, la región más endeudada era Catalunya, con 31.886 millones de euros, cantidad que representaba el 27,6% del total de la deuda acumulada en el conjunto de las comunidades; y a Cataluña, le seguían dos comunidades en que tradicionalmente el Partido Popular viene gobernando con mayoría absoluta: la Comunidad Valenciana (17.600 millones de euros) y Madrid (13.492 millones de euros) acumulando entre las tres el 54,5% del total del endeudamiento autonómico. Por el contrario, Asturias (1.634 millones de euros) iba en decimo quinto lugar del total de las 17 comunidades que integran el reino de España.
Con otros criterios que algunos entendemos más importantes, como el cumplimiento del artículo 139 de la Constitución, donde se establece que: “1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado” y 2. “Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español”; es preciso reconocer que en Asturias, al contrario que en Vascongadas o Cataluña, ningún español es perseguido o víctima del terrorismo de bandas criminales como ETA o Terra Lliure, ni perseguido por razones políticas, etnológicas -recordemos la reciente propuesta de Martín Garitano sobre la clasificación de los habitantes de Guipúzcoa por sus apellidos y pensemos que el partido del señor Garitano aliado con el PNV (cuyo fundador, Sabino Arana, propugnaba “que restaure su idioma hasta el punto de exiliar de sus dominios al francés y al español, que purifique su raza y que se aísle del mundo exterior en su carácter y en sus costumbres”) podrían obtener en las próximas elecciones autonómicas la mayoría absoluta, con unos 43 escaños de los 38 necesarios- lingüísticas y en Cataluña, aun contra las resoluciones judiciales, se multa a quien ejerce su derecho de usar el castellano como lengua oficial del estado… 
Siendo así, se aplique el artículo 155 o el 139, son otras las comunidades en que debería intervenir el Gobierno de la Nación, incluso aplicando el artículo 8 “Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”, mucho antes que en Asturias.
¿Por qué entonces Asturias? Quizá fuera mucho, afirmar que por razones de personalismo, como el enfrentamiento que desde las últimas elecciones autonómicas viene enfrentando a Rajoy, Álvarez Cascos y Rosa Díez y a sus correspondientes partidos. Pero, si a decir de Rajoy, Europa ha puesto los ojos en nuestro sistema autonómico y hay que dar un escarmiento, el Partido Popular se jugaría mucho menos haciéndolo con Asturias, Comunidad con 8 parlamentarios (3 socialistas, 3 populares, 1 de FA y 1 de IU) y 4 senadores (3 del PP y 1 del PSOE) que haciéndolo con Cataluña, con 48 diputados (16 de CIU, 14 socialistas, 11 populares, 3 de IU y 3 de ERC) y 16 senadores (9 de CIU y 7 socialistas) o Vascongadas, con 18 parlamentarios (6 de Amaiur, 5 del PNV, 4 socialistas y 4 populares) y 12 senadores (4 del PNV, 3 populares, 3 de Amaiur y 2 socialistas), cuando la historia de las últimas cuatro décadas demuestra que el apoyo de los grupos separatistas de estas regiones ha sido tan útil a populares como a socialistas para acceder al gobierno de España.
Añadamos a todo lo anterior las recientes sentencias del Tribunal Supremo rebajando ya condena impuesta a Otegui y del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en virtud de la cual pitar y silbar al rey durante la interpretación del himno nacional, como en la final de la Copa del Rey que hace un año jugaron en Valencia el F. C. Barcelona y el Athletic de Bilbao, no constituye delito, ni se puede considerar ni injurias al rey, ni apología al odio nacional, ni ultraje a España y, si no lo teníamos aún, tendremos por cierto que una cosa es lo que dicen y prometen los políticos y otra lo que hacen y que los españoles, como Rajoy no se cansa de demostrar, sólo vamos a ser, sin saber el cómo y el porqué, las víctimas de sus engaños, intereses y manejos.
Ya dijo Pío Baroja el 13 de mayo de 1904 en el marco de las tertulias del Café de Levante: “La verdad es que en España hay siete clases de españoles: Los que no saben; los que no quieren saber; los que odian el saber; los que sufren por no saber; los que aparentan que saben; los que triunfan sin saber, y los que viven gracias a que los demás no saben.Estos últimos se llaman a sí mismos `políticos´ y a veces hasta `intelectuales´”.