Miguel Massanet Bosch. De todos ha sido odiada de corazón, a todos  ha intimidado y desde que la informática, ofimática y telemática irrumpieron, como elefante en cacharrería, en la Administración Pública, doblemente temida y convertida en la espada de Damocles, pendiente de un hilo sobre la cabeza de cualquier ciudadano que caiga en las garras de uno los  inspectores de la Agencia Tributaria. Nombrar a Hacienda en casa del defraudador, aunque sólo se trate de un mísero euro, es lo mismo que citar la soga en casa de ahorcado. De todos es sabido  que, un inspector de Hacienda, es capaz de encontrar fallos en la misma contabilidad de San Pedro y pocos son los comerciantes, empresarios, industriales o meros ciudadanos, que no hayan salido esquilmados después de sufrir una de estas temidas inspecciones.

Lo que no consigue la policía, los servicios de espionajes del Estado o los detectives más afamados, lo consigue el fisco. El caso más notable, que demuestra esta aseveración, es el de Al Capone,  uno de los gangsters más famosos al que,  el FBI, perseguía de cerca sin conseguir encontrarle el punto flaco que les permitiera atraparlo, hasta que fueron los servicios fiscales de los EE.UU los que consiguieron encarcelarlo; simplemente por unos errores que descubrieron en sus contabilidades. Hoy en día ha vuelto a ser noticia en numerosos casos de corrupción, quizá el más famoso por lo que ha sido aireado por la oposición, del señor Bárcenas, conocido como caso Gürtel.

El caso es que, con ser un organismo poco simpático para los ciudadanos, se puede decir, sin temor a mentir, que tenía la fama de ser una institución objetiva, seria, con funcionarios capacitados y escrupulosos en su trabajo y rigurosos en la aplicación de la Ley y, evidentemente, temido por todos aquellos que pretendieran dejar de pagar los impuestos que les correspondían. Esto ha sido hasta que, señores, ¡con la política hemos topado! ¡Ay! , si los ciudadanos de a pie ya habíamos perdido nuestra confianza en fiscales, jueces y magistrados, después de un número significativo de ellos han antepuesto sus ideas políticas a la correcta aplicación de las leyes; se hayan dejado influenciar por aquellos partidos políticos con los que simpatizan y se hayan olvidado, más veces de las que nos gustaría tener que aceptar, de que su deber primero es aplicar las leyes tal y como fueron votadas, cumpliendo la voluntad del legislador.

Últimamente, están ocurriendo situaciones que dejan entrever resquicios a través de los cuales  se filtran, se introducen y se trasmiten determinadas instrucciones que, sin duda pueden dejar perplejos a todos aquellos que confiábamos plenamente en que, al menos en la cuestión fiscal, todos los españoles éramos iguales ante la ley. Resulta ridículo que en una declaración del IVA uno se equivoque en una cifra y, cuando se aperciba de ello, presente una declaración complementaria y todavía tenga que abonar un recargo por ello. Ahora, para los más inexpertos, se nos ha aclarado que, para que una defraudación a Hacienda sea delito la cantidad dejada de pagar debe subir por encima de los 120.000 euros; caso en el que parece que se basa el señor Horrach, fiscal anticorrupción, que lleva el caso de la sociedad Noos del señor Urdangarín y el señor Torres.

El que en el, traído y llevado caso Noos, en el que figuran involucrados el señor Urdangarín y su esposa la infanta Cristina; resulte que existe una deuda a Hacienda de una cantidad que supera los trescientos mil euros aunque no alcancen los 120 anuales para constituir delito; no deja de ser llamativo, si lo juntamos con la serie de transferencias que les hizo el Rey a 0 % de interés y la aparición de una serie de facturas falsas que, para el jefe del servicio jurídico de la Agencia Tributaria, señor Herrero Egaña,  (en un informe redactado en el mes de Enero del corriente año) se rechazaban, taxativamente, las tres facturas falsas de Aizoon que, ahora, curiosamente, después de la llegada del nuevo director, Santiago Méndez, Hacienda sostiene que siempre las consideró “deducibles”. La Fiscalía Anticorrupción corroboró los argumentos de Herrero, en un informe presentado ante el juez del caso, señor José Casto, el 18 de enero. ¿Qué ha pasado que ahora, quienes dijeron una cosa dicen la contraria? Sencillamente, que han recibido las instrucciones de que la Infanta no debe ser acusada ni incluida en el caso que afecta a su marido señor Urdangarín. ¿De parte de quién? ¡Ustedes mismos!

Torpes intentos; absurdas manipulaciones y falta de sentido común y sensatez, cuando se pone en juego la credibilidad de la Agencia Tributaria y se pone en cuestión la objetividad de los funcionarios que en ella trabajan; para evitar algo que ya está en boca de todos, ya no hay nadie que crea que la infanta Cristina no supiera de donde sacaba su marido la gran cantidad de dinero que entraba en su casa y como se lo gastaba. Es que ¿la compra de un palacete de 5 millones de euros no le abrió los ojos a esta señora y no la puso sobre aviso de un enriquecimiento tan rápido? ¿No le extrañó que su marido fuera capaz de ganarse con su negocio tal cúmulo de millones? No hay nadie con dos dedos de inteligencia que se pueda tragar semejante bola. Lo que está sucediendo es que, con tan burdos intentos de salvar de la quema a la infanta Cristina, lo que se está consiguiendo es crear la opinión generalizada , ya largamente sustentada por los españoles –ante las evidentes actuaciones de ciertos fiscales y jueces – de que la Justicia necesita, de una vez para siempre, ser regenerada y librada de aquellos funcionarios contaminados políticamente y los corruptos que se dejan comprar por los políticos; con lo que se está creando la impresión cada vez compartida por más gente, de que hay dos varas de medir en la Justicia, que se aplican según sea la categoría y el apoyo político de las personas a las que se las relacione con una actividad delictiva.

Si lo que se pretende es dar oxígeno a la monarquía; intentar sacarla de la decadencia en la que se encuentra y que los españoles nos olvidemos de lo que ha ocurrido, recientemente, dentro de la familia real; para que el pueblo recobre la confianza en ella, tenemos que decir que el mal ya está hecho, que cada español ya se ha hecho su composición de lugar y que el prestigio de la monarquía va cayendo a medida que los acontecimientos vienen destapando que, a diferencia de lo que opina el fiscal, señor Horrach, el matrimonio de la infanta Cristina  y Urdangarín no es, por mucho que se pretenda argumentarlo, un “matrimonio normal”, como tampoco lo es el del príncipe Felipe y Leticia o el del Rey y la reina Sofía. Cada acto de un miembro de la familia real es mirado con lupa por el pueblo, que saca sus conclusiones y emite su propio y personal veredicto que, en el caso de Noos y el matrimonio Urdangarín, se puede decir que ya es firme; incluso antes de que el juez Castro pueda acabar la instrucción del caso.

Lo que el sentido común hubiera aconsejado es que, SM el Rey, despojara de los derechos dinásticos a la infanta Cristina, se desentendiera del señor Urdangarín impidiéndoles aparecer por la Zarzuela y dejar que la infanta fuera imputada; lo que le hubiera permitido defenderse y declarar, algo que ha tenido que hacer a través de comunicados y de las palabras de sus abogados que, todo hay que decirlo, hasta la fecha no nos han aclarado nada. Un asunto feo, un gran “marrón” para la Casa Real y un golpe bajo para las aspiraciones de Felipe para suceder a su padre. O así es como, señores, desde mi atalaya de ciudadano, veo esta intromisión de la política en un terreno que debería estarle vedado.