Redacción Madrid. 29 de agosto.

La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, afirmó hoy que Spanair indicó al aeropuerto de Madrid-Barajas la posibilidad de sustituir la aeronave con destino a Gran Canaria, y que posteriormente resultaría accidentada, por otra, aunque "finalmente decidió continuar con la misma".

   Álvarez hizo esta revelación en su comparecencia en el Congreso para dar cuenta del accidente de Barajas en el que fallecieron 154 personas, después de que la Comisión de Fomento mantuviera un minuto de silencio en memoria a las víctimas.

   La ministra afrontó su comparecencia con la intención de "compartir toda la información de la que dispone y puede hacer pública el Gobierno" y de "aclarar todos aquellos aspectos que puedan llevar a confusión y acrecentar el dolor" de los familiares de las víctimas.

   Durante su discurso hizo un repaso de la cronología de los hechos. Así, señaló que el vuelo JK5022 de la compañía Spanair tenía hora programada de salida a las 13.00 horas; diez minutos después inició el rodaje desde la pasarela de la vista 36 izquierda, a las 13.25 horas, y se le dió autorización para despegar.

   Con posterioridad, explicó que, por solicitud del comandante, regresó al aparcamiento para que los responsables de mantenimiento subsanaran la avería detectada por el comandante. La compañía apuntó entonces la posibilidad de cambiar de aeronave para operar el vuelo, aunque finalmente decidió continuar con la misma.

   Así, a las 14.23 horas se autoriza de nuevo el despegue, con una configuración Norte, porque el componente en cola era de 10 nudos. A las 14.25, hora del accidente, se activó el plan de emergencia del aeropuerto de Barajas debido a que la torre de control avisó de inmediato al servicio de extinción de incendios del aeropuerto. "En tres minutos llegaron al lugar del accidente y se personaron los primeros equipos de bomberos", subrayó.

   Asimismo, destacó la "eficaz coordinación" entre los servicios que integran el plan de emergencia en el rescate de supervivientes y en el traslado de heridos a hospitales y de cuerpos a Ifema.

   Tras describir lo ocurrido, la titular de Fomento dio cuenta de las inspecciones a las que se había sometido el avión de Spanair siniestrado, cuya última revisión se realizó el pasado 15 de agosto. Todas ellas realizadas por la propia empresa o por otras subcontratadas autorizadas para ello.

   El avión había realizado hasta el momento del accidente 31.961 horas de vuelo y 28.132 ciclos o vuelos y contaba con el certificado de aeronavegabilidad, renovado el 29 de agosto de 2007, y un programa de mantenimiento propio aprobado el 3 de abril de 2008.

   Asimismo, informó de que igualmente se realizaron controles sobre la seguridad a Spanair entre el 1 enero y el 20 de agosto de 2008, con un total de 326 inspecciones por parte de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), y otras 26 que se llevaron a cabo en la Unión Europea.

   Álvarez señaló también que, ante la "situación económica" que atraviesa la compañía, la DGAC ha seguido "muy de cerca la evolución" de la aerolínea y dejó claro que este aspecto "nada tienen que afectar ni afecta a la seguridad".

   Además, detalló que la flota de Spanair se ha sometido a 36 inspecciones aleatorias en diferentes aeropuertos e igualmente se realizaron 32 inspecciones en la compañía, en relación al seguimiento de descanso de los pilotos para comprobar el cumplimiento de la norma vigente.

  Álvarez destacó también que Spanair fue sometida a 32 inspecciones en planes de vuelo, 38 en cabina de pilotos y 12 en cabina de pasajeros, y que los centros de mantenimiento de la aerolínea superaron 4 inspecciones.

   En relación a las inspecciones y los controles efectuados por la DGAC, Álvarez destacó "se han incrementado cuantitativamente y cualitativamente los controles" hasta multiplicar por tres las inspecciones realizadas desde 2003.

   En esta línea, defendió que España ha pasado de ser "uno de los países europeos que hasta el año 2003 hacía menos inspecciones a las aeronaves extranjeras, a ser el segundo que más inspecciones realizó en 2007.

   Así, subrayó que en la pasada legislatura, entre 2004 y 2007, se han realizado un total de 3.438 inspecciones, lo que supone "multiplicar por casi 42 el número de inspecciones que se realizan a las aeronaves extranjeras", siguiendo la normativa SAFA, que es la que se aplica a las compañías extranjeras.

   Álvarez apuntó que esto supone que el 18% de las inspecciones realizadas en toda la Unión Europeas se realizaron en España.

   La titular de Fomento indicó que este aumento ha sido posible gracias al "incremento del personal dedicado a la inspección" con la incorporación en el año 2004 de 160 personas al equipo técnico, perteneciente tanto a la DGAV como a los Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica (Senasa).

   Igualmente, apuntó que la plantilla actual de la DGAC ha aumentado un 40% y que de ese incremento, 115 personas más, un total de 73 están asignadas a tareas de inspección.

   En cuanto al resultado de las inspecciones, Álvarez informó que en 2007 los expedientes incoados han sido 175, sólo en lo referido a la seguridad aérea, como figura en la memora de la Ley de Seguridad Aérea, frente a los 14 formalizados en 2001.

  Para defender "el rigor" de la supervisión de la seguridad aérea por parte de Fomento, la ministra destacó que por primera vez se han empezado a aplicar medidas sancionadoras tales como la suspensión del Certificado de Aeronavegabilidad que poseen los aviones y la suspensión del Certificado de Operador Aéreo (AOC).

  La aplicación de estas sanciones ha supuesto la suspensión en 14 ocasiones de los permisos de navegación aérea, para 7 aeronaves de la compañía Air Madrid y otros 7 aviones de otras compañías, y tres suspensiones a las aerolíneas Air Madrid, Grijet y Cnalaire para operar, detalló Álvarez.

  Para concluir, reseñó que el Gobierno ha trabajado "intensamente" para reforzar el sistema de inspecciones y sanciones y retiteró su compromiso para poner en marcha la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, tal y como se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 8 de febrero, en el segundo semestre de este año.