El presidente del Foro de la Familia, Ignacio García-Juliá, considera que la enmienda a la Totalidad a la Ley LGTBI que ha registrado el Partido Popular “es una norma descafeinada para intentar contentar a todos, cuando el problema es que se trata de medidas no necesarias, puesto que la defensa de la Igualdad y la protección de la no discriminación por razón de sexo ya se encuentran recogidas en las legislaciones española y europea”.

“El Foro de la Familia respeta la dignidad todas las personas, y condena todo tipo de discriminación o agresiones por razón de sexo. Por supuesto que apoyaremos y aplaudiremos las medidas y normas que refuercen la protección de la Igualdad y la protección de la no discriminación”.

Sin embargo, y a pesar de que el texto propuesto por el PP reduce significativamente la iniciativa de Podemos, “este tipo de normas establecen y blindan una serie de privilegios para una minoría que pretende universalizar una forma particular e ideológica de entender la sexualidad”, analiza el presidente.

Para el Foro, “sobrelegislar para privilegiar a una minoría creará confusión jurídica. Confusión que se agravará debido a que el grupo a ‘no discriminar’ no se define por una característica objetiva, como sexo o raza, sino por un termino ambiguo y difuso como es ‘orientación sexual’ y que, como su propio nombre indica, puede ser cambiante”.

Además, la urgencia por brindar una especial protección a este colectivo en concreto no se sostiene según los datos del Informe del Ministerio de Interior sobre la evolución de los delitos de odio de 2016. Según este documento, los relacionados con la orientación sexual de la víctima ocupan el cuarto lugar, con un 18,1%. Estadísticas por debajo del 32,7% por racismo/xenofobia, el 20,4% por Ideología o el 20,6% por discapacidad.

“Con estas estadísticas no queremos menospreciar a ninguna víctima, puesto que todas ellas lo han sido del odio y de la falta de valores y respeto al otro. Tan sólo señalamos que existen otras realidades, menos ruidosas, que están padeciendo esta lacra sin trato de favor legislativo”, concluye Ignacio García-Juliá.