Se ha anunciado en Madrid la primera demanda de objetores a Educación para Ciudadanía (EpC) contra el Estado español que será presentada en los próximos días ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo.

Según ha explicado José Luis Bazán, los demandantes (en torno a 300 entre padres, madres e hijos) presentan los 105 primeros casos y solicitan al Tribunal Europeo lo siguiente:

Que adopte medidas provisionales que obliguen al Estado español a no forzar la entrada de los niños en clase de EpC.
 

Que reconozca mediante declaración que, en estos casos, se han  vulnerado derechos fundamentales de los padres y de los hijos (libertad ideológica de ambos, libertad educativa, discriminación; y, en el caso de los menores, derecho a la intimidad personal y familiar) ya que todos estos derechos están tutelados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Exigen, además, compensación por los daños morales causados.
 

Que el Tribunal Europeo requiera al Estado español para que respete la neutralidad ideológica en el sistema educativo e impida futuras vulneraciones de los derechos actualmente invocados en este conflicto.
 

Bazán ha explicado que el Gobierno español, con estas asignaturas, viola las recomendaciones del Consejo de Europa en materia de derechos fundamentales, por lo que las familias españolas se han visto obligadas a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos ante la evidente falta de voluntad del Estado español en un conflicto que dura años. Bazán ha puesto de manifiesto la escasa sensibilidad del Tribunal Supremo, que dictó unas sentencias disconformes con los principios más básicos de un Estado de Derecho. «Debe anteponerse la defensa de los derechos fundamentales de las personas a los intereses de Estado o de la ideología que sustenta un gobierno no respetuoso con la libertad ideológica de sus ciudadanos», ha afirmado.

En la rueda de prensa ha intervenido también Inmaculada López, madre de cinco hijos, tres de los cuales son objetores a EpC.  López ha asegurado que la objeción «no fue en modo alguno una decisión fácil ni cómoda, sus consecuencias inmediatas suponían que nuestros hijos en el momento en que les correspondiera cursarlas deberían salir de cada clase. Y esto, se lo aseguro, no es nada fácil para ellos ni para nosotros».  Así mismo, ha señalado que ni el Gobierno de España ni los Gobiernos Autonómicos les han dejado otra opción para poder educar a sus hijos de acuerdo con nuestras convicciones morales y religiosas. «Todo lo contrario», ha asegurado, «nos encontramos con un Estado que en lugar de asegurar este derecho fundamental trata de suplantarlo al imponer por ley unas asignaturas de marcado carácter ideológico, cuya finalidad es conformar la mente de las futuras generaciones según la particular ideología del partido que sustenta nuestro Gobierno, y en un futuro, en todo caso, del gobierno de turno».

En la rueda de prensa ha intervenido también Roger Kiska, abogado de Alliance Defense Fund (ADF), una entidad  especializada en la defensa jurídica de los derechos fundamentales. De origen estadounidense  pero con sede en Bratislava, ADF, junto con Profesionales por la Ética, representa a los padres objetores demandantes.  Una representación de estos últimos presentará la demanda contra el Estado español el próximo 19 de marzo en Estrasburgo.