El nuevo Comité de Bioética de España acaba de empezar su andadura y no le va a faltar trabajo. Formado por 12 personalidades de perfil científico y académico de primer nivel (4 catedráticos, 2 médicos, 5 profesores universitarios y 1 fiscal), está encargado de emitir informes, propuestas y recomendaciones para los poderes públicos de ámbito estatal y autonómico en asuntos con implicaciones médicas relevantes o sobre materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la Biomedicina y las Ciencias de la Salud, establecer los principios generales para la elaboración de códigos de buenas prácticas de investigación científica.

Para Teresa García-Noblejas, secretaria general de Profesionales por la Ética, solo en el apartado de informes, propuestas y recomendaciones, el nuevo Comité de Bioética tiene al menos estas tareas que abordar:

1. Revisar y recomendar las modificaciones oportunas de las leyes autonómicas que regulan los derechos de las personas al final de su vida de Andalucía y Aragón con el fin de eliminar las prácticas eutanásicas. Concretamente, ambas normas recogen el «derecho a la sedación terminal» por encima de la buena práctica médica y la adecuación terapéutica. Así mismo, las citadas leyes establecen la obligación, para el médico, de limitar las medidas de soporte vital cuando lo estime necesario (o lo soliciten pacientes o familiares) para evitar la «obstinación terapéutica»; sin embargo, al no diferenciar las medidas extraordinarias de soporte vital (ventilación mecánica) de los cuidados básicos (ordinarios) como la hidratación y nutrición, el médico puede estar obligado a privar de agua y alimentos a un enfermo provocando su muerte.
2. Revisar las leyes 14/2006 (Reproducción Humana Asistida) y 14/2007 (Investigación Biomédica) y recomendar al Gobierno su adaptación a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que excluye la posibilidad de registrar en toda Europa patente alguna que sea fruto de investigaciones que hayan implicado la manipulación y destrucción de embriones humanos, así como la utilización de éstos con fines comerciales e industriales.
3. Instar al Gobierno a que derogue la Ley 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo y desarrolle una Ley de atención a las mujeres con embarazos imprevistos y de apoyo a la maternidad.
4. Revisar, y en su caso informar al Gobierno, sobre los riesgos para la salud y las implicaciones éticas de la dispensación de la llamada «píldora del día después» (PDD).
5. Solicitar al Ministerio de Economía y Competitividad que España se oponga a la financiación con fondos europeos de investigaciones con células madre embrionarias instando a que se dediquen los recursos a proyectos de investigación con células troncales adultas y células IP’s, que están cosechando éxitos notables, mientras que la investigación con células troncales embrionarias, tras más de 10 años de trabajos, no ha obtenido resultado terapéutico alguno.

Según García-Noblejas, “el nuevo Comité de Bioética no puede perder esta oportunidad de afrontar desde el rigor científico problemas urgentes que afectan a las ciencias de la salud, la investigación biomédica y la dignidad de la persona humana. Estas acciones deberían formar parte del programa de reformas del Gobierno”.