Redacción Madrid. 18 de febrero. Jueces y magistrados de la práctica totalidad de órganos judiciales de toda España están llamados hoy a secundar lo que será la primera huelga de este colectivo en la historia de nuestro país, en demanda de mejoras estructurales en la Administración de Justicia.

   La protesta es respaldada por cerca del 20 por ciento de la Carrera (unos 800 jueces), que apoyaron la adopción de la medida en juntas celebradas el pasado 21 de enero en sus respectivos territorios, y también por dos de las cuatro asociaciones a las que pertenece cerca del 40 por ciento de la Judicatura -Francisco de Vitoria (FV) y el Foro Judicial Independiente (FJI)-.

   Las otras dos formaciones, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD), apoyan una versión más moderada de la protesta, consistente en la celebración de concentraciones que se materializarán sobre el mediodía de hoy a las puertas de los órganos judiciales más emblemáticos de cada ciudad.

   Los jueces han convocado este paro como medida de presión para que el Ministerio de Justicia y las administraciones autonómicas con competencias acepten sus reivindicaciones, que pasan por la implantación de la nueva Oficina Judicial, la adecuación del ratio de jueces al de la media europea, un aumento retributivo y el no perder la agenda de los señalamientos (potestad que una reforma legal prevé asignar a los secretarios judiciales).

   La huelga también es fruto del malestar del colectivo tras las críticas vertidas por el Gobierno central a raíz de la decisión del Consejo de sancionar con 1.500 euros al juez de Sevilla Rafael Tirado, cuya actuación permitió que el supuesto asesino de la niña Mari Luz estuviera en libertad pese a estar condenado por pederasta.

   Ante la inhibición al respecto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un nutrido grupo de jueces acudieron a una  asamblea celebrada el pasado sábado en Madrid en la que establecieron unos servicios mínimos que incluyen los trámites para celebrar matrimonios ante el Registro Civil y, en la vía penal, la celebración de juicios con causa con preso y las diligencias de servicios de guardia que afecten a derechos fundamentales, como entradas y registros o intervenciones telefónicas.

   Aunque el CGPJ entiende que no hay "cobertura legal" para el ejercicio del derecho de huelga por parte de los jueces y se ha declarado "no enterado" de la convocatoria, ayer se puso en contacto con los presidentes de los 17 Tribunales Superiores de Justicia españoles para que al órgano de Gobierno de los jueces información puntual del desarrollo de la protesta..

   Así, el Consejo pide que se especifique la incidencia de los paros, el número de juicios o actos judiciales suspendidos como consecuencia de la huelga durante la jornada o aquellos que han sido aplazados en previsión de la misma e información sobre los jueces que se han acogido a la protesta y de los que no acudan a sus puestos de trabajo sin especificar los motivos.

   Por su parte, el Ministerio tendrá conocimiento de las incidencias en los órganos en los que se secunden los paros a través de la información que transmitan los secretarios judiciales.

   Los jueces que secunden la huelga podrán sufrir las consecuencias de su decisión en dos ámbitos diferentes: el disciplinario (pues la no asistencia a un señalamiento podría ser motivo de expediente por falta grave, según la Ley Orgánica del Poder Judicial), y el retributivo, pues se les podría descontar del sueldo el día de no asistencia injustificada a su puesto de trabajo.

   No obstante, diferentes fuentes consultadas advirtieron hoy de la dificultad de contabilizar a los huelguistas si éstos no se identifican como tales, puesto que en muchos órganos judiciales (con excepción quizá de los de Instrucción Penal), los jueces no asisten a diario a sus despachos, ya que tienen días previstos para vistas y el resto pueden deliberar y redactar sentencias desde su domicilio.

   Además, es probable que los magistrados, que tienen aún la competencia de señalamientos, no hayan señalado actos para mañana en previsión de la jornada de protestas.

   Con motivo del 'caso Mari Luz', que evidenció la precariedad en la que trabajan los jueces, la Judicatura se movilizó a través de sus canales internos en Internet para escenificar su desazón en una jornada de huelga.

   Con el respaldo a la huelga, FV y FJI se distanciaron de la propuesta consensuada el pasado 12 de enero con el resto de asociaciones (la Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia), que pasa por realizar meras concentraciones el día 18 a la puerta de los juzgados y una posible huelga para el 26 de junio.

   Pese a firmar dicho acuerdo, días más tarde las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente presentaron ante el órgano de gobierno de los jueves una convocatoria formal de huelga, desmarcándose de sus compañeros.

   Las demandas de la Judicatura pasan por la instauración de la nueva oficina judicial, la implantación en los juzgados de las nuevas tecnologías, el establecimiento de una carga máxima de trabajo razonable que pueda asumir cada juez, la adopción de medidas necesarias para la conciliación de la vida laboral y familiar de los magistrados y una adecuación de las retribuciones que perciben.

   Los jueces reclaman un incremento presupuestario de un 3,5 por ciento, un ratio de jueces como el de la media europea, es decir, 20 por cada 100.000 habitantes, y controlar la agenda de señalamientos ante la previsión de la Oficina Judicial de dar esta potestad a los secretarios judiciales.

   Sobre el incremento de la plantilla, estiman que se necesita un plazo de cinco años para que se creen 1.200 plazas judiciales --ahora hay 4.400, con jueces profesionales-- con miras a afrontar el exceso de trabajo que asumen los magistrados de la capital.