Belén Rubio Sevillano. El pasado miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León hizo pública la sentencia por la que  se “reconoce el derecho de objeción de conciencia en Educación para la ciudadanía”, apartándose de este modo del criterio del Tribunal Supremo.

La respuesta  de la Junta de Castilla y León ha sido indignante,  tanto por parte del señor presidente D. Juan Vicente Herrera como por su Consejería de Educación. Sus declaraciones dejan mucho que desear después del trato y el acoso sufrido por los padres. El Presidente de la Comunidad  ni siquiera se ha dignado a escucharnos a lo largo de estos 2 años, ¿no éramos suficientes?. La Junta de Castilla y León tiene la oportunidad ahora de demostrar todo lo que dice en los medios de comunicación y de apoyar de veras a todas estas familias, ¿cómo? extendiendo urgentemente la sentencia a esos otros objetores, tanto a los que han presentado recursos como a los que han objetado o piensan hacerlo. Ahora es el momento, como también lo es de renovar la Consejería, empezando por  su titular D. Juan José Mateos y su viceconsejero el señor Sánchez-Pascuala, que han sido incapaces de gestionar adecuadamente todo lo acontecido y comparten en gran medida con el gobierno central la bondad de esta asignatura. Los recortes del currículo que la Junta dice haber hecho no hacen sino distraer la atención de todos; la realidad es que los libros de texto que se están empleando en esta Comunidad Autónoma son exactamente los mismos que los del resto de comunidades, por esta razón el Tribunal en su día entendió que el currículo de Castilla y León era acorde con el del Ministerio. ¡Por supuesto que lo es!, los contenidos mínimos siguen siendo los mismos.

Está claro que algo pasa en Valladolid y si Juan Vicente Herrera no soluciona el problema es porque forma parte de él. ¿Habrán perdido el norte? ¿Van a la deriva?  Por favor que alguien les preste una brújula.