César Román

Sus señorías siguen dándole vueltas a la patata caliente de la pensiones, como si con cada giro la patata se enfriase. Buscan soluciones para que nuestras arcas públicas puedan seguir pagando a los pensionistas, en un escenario en el que las cotizaciones a la Seguridad Social siguen cayendo. Y lo cierto es que continuar buscando una salida a ese callejón sin salida, roneando como ratoncillos alrededor del queso de la edad de la jubilación no les va a llevar a ninguna parte.

Para garantizar nuestro sistema de pensiones, no es preciso ni necesario, ni supone una solución, alargar la vida laboral. Para que los actuales y venideros pensionistas cobren una jubilación digna hay que reformar estructuralmente el sistema de financiación de la Seguridad Social. Alargar la vida laboral no sólo no soluciona la dificultad sino que la agrava. Les explicaré donde está el problema para hacer entendible la explicación. El sistema de financiación de la Seguridad Social es un sistema piramidal. Lo que cualquiera de nosotros pagamos hoy, no se guarda en una cajita que se abre cuando nosotros nos jubilamos. Lo que cotizamos hoy, va destinado a las pensiones que se cobran ahora mismo. Eso nos lleva a ese callejón sin salida del que hablábamos antes, y ese sistema de financiación es una bomba de relojería que sólo nos puede conducir al desastre, de no ser reformado estructuralmente. El actual sistema funciona muy bien, cuando hay muchos cotizantes. El problema surge cuando no guardan relación las cotizaciones con las pensiones que hay que cubrir. Y eso sin contar con que no todas las cotizaciones van destinadas a las pensiones, sino que de ellas también hay que detraer la financiación de nuestro sistema sanitario público, amén de otras muchas cosas.

Alargar la vida laboral y modificar los criterios para acceder a una pensión digna es una medida miope. Una medida partidista sin duda alguna, que sólo busca que esa bomba de relojería no le estalle en las narices al gobernante de turno actual, con la que únicamente se pretende alargar en el tiempo el estallido para que el que venga detrás que arree. No es ninguna solución, porque el problema, que es el sistema de financiación, continúa estando ahí, y más vigoroso y agravado a medida que pasa el tiempo. Ante un problema de estas características, que supone una carga de profundidad alojada en la columna vertebral del Estado Social, no valen los apaños y precisa de una medida de Estado. Esa medida de Estado no puede ser otra que reformar profundamente el sistema de financiación de la Seguridad Social, que por estos y otros problemas reclama a gritos desde hace tiempo una profunda reforma. Y esa reforma sólo podrá producirse a través de un gran Pacto de Estado en el que se pongan de acuerdo todas las fuerzas políticas nacionales, los agentes sociales y la sociedad civil. Es preciso retornar a una senda del consenso en los grandes temas de Estado, y este es uno de ellos.

La reforma que nuestro Sistema de Seguridad Social precisa, no tiene que moverse en las directrices en las que se está debatiendo, sino que hay que replantear que hay que financiar la Seguridad Social en una parte a través de cotizaciones y en otra parte muy importante a través de la creación de un impuesto directo a la riqueza. De hacerse así, nuestro sistema de Seguridad Social dejaría de estar supeditado al vaivén del número de cotizantes, ya que su principal fuente de ingresos vendría de todos los ciudadanos sin excepción. Y por otra parte, eso proporcionaría la posibilidad de disminuir la enorme carga que supone para las empresas, y especialmente para las pymes, la cotización a la Seguridad Social. En este punto las empresas pagarían menos a la tesorería, pero trasladarían una parte de esa rebaja a los salarios de los trabajadores, acercándoles mucho más al nivel del coste de la vida, que desde la entrada del euro no guarda relación con los salarios y potenciando mediante esa reducción en las cotizaciones la creación de empleo. Todo lo demás, será seguirle dando vueltas a la patata.