César Román

El proyecto del gobierno autonómico de Cataluña de transformar las actuales cuatro provincias catalanas en siete veguerías, supone desde el punto de vista de gasto público un absoluto despropósito y un ataque frontal al sentido común. Nuevamente los políticos demuestran estar más absortos por sus intereses particulares y partidistas, que por los de los ciudadanos de a pie. Y es que tras esta decisión no se encuentra el loable objetivo de acercar la administración al ciudadano, sino la de reformar el sistema electoral para que los partidos nacionalistas se perpetúen en el poder aún más y para borrar cualquier coincidencia con todo lo que tenga que ver con el resto de España. Con ello se vuelve a redundar en el hecho diferencial aunque ello suponga un ataque a las más elementales normas del sentido común y de restricción de la deuda de las administraciones públicas. Un sentido común, el seny catalán, que cada día se guarda más al fondo en el baúl de los recuerdos. Un seny que nos dice que aumentar la burocracia y la administración, y consecuentemente el gasto público, es inconciliable con medidas de austeridad y reducción del gasto de las administraciones.

La transformación de las cuatro provincias catalanas en siete más pequeñas, ahora denominadas veguerías, sólo puede conllevar un aumento del gasto conjunto de las administraciones públicas catalanas. Más políticos, más cargos de confianza, más asesores, más entes provinciales o vegueriales y más empresas públicas, será el resultado lógico de esas nuevas circunscripciones. Quien sostenga lo contrario o no conoce la administración pública o tiene intereses particulares o partidistas para ocultar esta obviedad. Las cuentas públicas están absolutamente desbordadas por el irracional uso de los dineros públicos que hacen primordialmente las comunidades autónomas, ya que son estas las que más deuda generan en el conjunto de las administraciones. Esos mismos malos gestores, en lugar de apretarse el cinturón y restringir todos los gastos superfluos o imprescindibles, nos vienen ahora a presentar un proyecto que sólo traerá más gasto y más endeudamiento, sin que como contrapartida los ciudadanos tengan mejores servicios o coberturas sociales. Y todo ello a cargo de la pólvora del rey, con la que se tira mejor que con la propia.

La ocurrencia de las veguerías vuelve a evidenciar que los políticos catalanes y españoles en general carecen de un concepto general de Estado y de administración coherente de ese Estado. Continuamos sin atender la necesaria transformación de todas las administraciones para ajustarlas a criterios racionales y de cercanía al ciudadano, evitando duplicidades de competencias y cargos, empresas públicas fuera de control, organismos vacíos de competencias, o la inevitable agrupación de administraciones locales o uniprovinciales en otras mayores con el consiguiente ahorro de costes. Ello sin olvidar que el estado de las autonomías, tal y como está concebido es un gran agujero negro del dinero de todos, y un enorme foco de problemas de todo tipo. Todo esto se genera esencialmente porque una gran mayoría de la clase política española analiza la administración pública desde la óptica de su cuota de poder, olvidando o dejando de lado las necesidades reales de la sociedad española. Y los momentos actuales demandan la dirección a cargo de hombres con sentido de Estado en lugar de con sentido de partido.

Las veguerías son incompatibles con medidas de austeridad como congelaciones y recortes salariales, o la subida de impuestos. Mal podremos salir de esta crisis si por un lado se carga en quienes tienen una nómina o un negocia abierto todas las facturas de los platos rotos de las crisis, mientras por otro nuestros políticos siguen dilapidando el dinero de todos los españoles en ocurrencias y gastos no imprescindibles. Y es que la incoherencia de pedir austeridad desde las tribunas de la carrera de San Jerónimo o de cara a la galería, mientras se sigue gastando como si nos sobrase el dinero, es absoluta. Una incoherencia que desgraciadamente en el caso de Cataluña se está tornando en seña de identidad.