Ángel David Martín Rubio. 1. El comportamiento del Jefe del Estado al sancionar y firmar la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo ¿está de acuerdo con la moral católica en los términos en que vaticinó el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Mons.Martínez Camino: «seguro que sabrá, como católico, adecuarse en sus actuaciones a la moral católica, que es una para todos los católicos»?

2. Cuando se pretende eludir las responsabilidades más altas como si la intervención de los Poderes públicos se limitara a dar fe de la voluntad popular ¿No es cierto que el Jefe del Estado, al promulgar la ley dice expresamente: «Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica»?

3. ¿Al estar en juego la vida de cientos de miles de seres humanos, no se debería haber seguido el criterio de los juristas que sostienen la capacidad legal del Jefe del Estado en el ordenamiento vigente para negar la sanción a una Ley?

4. El 6 de julio de 1985 el periodista Abel Hernández afirmó en Diario 16 que «la obligación constitucional del Rey es firmar las leyes aprobadas en el Parlamento. ‘No tenía otra disyuntiva que firmar o irse’, según una destacada personalidad. Al le parece muy bien que el Rey Juan Carlos siga en su puesto. La misma actitud mantiene el Episcopado español según he podido comprobar directamente en la dirección de la Iglesia española» ¿Era esto cierto? ¿Se ha repetido la historia 25 años después con protagonistas diferentes?

5. Los que han implantado la ley del aborto son autores conscientes y contumaces de lo que el Papa Juan Pablo II calificaba de «gravísima violación del orden moral» ¿Cómo se les va a aplicar el canon 915, que excluye de la Comunión eucarística a los que persisten en «manifiesto pecado grave».

6. Los católicos que con leyes o actos de gobierno, promueven, facilitan y protegen jurídicamente la práctica del aborto merecen la calificación moral de pecadores públicos ¿Cómo se va a concretar el trato que se les dispensará en la administración de los Sacramentos mientras no reparen según su potestad el gravísimo daño y escándalo producidos?

7. ¿En qué situación moral quedan los católicos que dan su voto a los partidos que han  promovido y aprobado esta ley o han apoyado a la vigente hasta ahora?

8. ¿No es cierto que resulta contradictorio dar por bueno un sistema que lleve jurídicamente a efectos inadmisibles y que no es posible en conciencia instalarse tranquilamente en él, sin hacer lo necesario por enderezarlo y por desligarse de responsabilidades que no se pueden compartir?

9. ¿Acaso no es verdad que no se puede dar por bueno ningún orden constitucional por el que la suprema Magistratura se vea obligada a sancionar leyes absolutamente inmorales y que esto se aplica también al caso de la Monarquía parlamentaria o constitucional?

10. Si la Constitución, en su concreta aplicación jurídica, permite dar muerte a algunos, resulta evidente que la misma ley fundamental deja sin protección a los más débiles e inocentes, hecho que hay que añadir a la nefasta gestión de  los gobernantes ¿Qué consecuencias concretas se derivan a la hora de valorar moralmente el sistema político implantado en España en 1978?

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