Redacción. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Cangas de Onís ha decretado este viernes auto de apertura de juicio oral contra Jesús Ortiz Álvarez, Henar Ortiz Álvarez y María del Carmen Álvarez del Valle, padre, tía y abuela de la Reina Letiza, por sendos delitos de insolvencia punible. La jueza les ha requerido además para que presten una fianza solidaria de 41.149 euros, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

La acusación particular pide para cada uno de ellos 2 años y 6 meses de prisión, y multa de 10 euros diarios durante 16 meses. Además pide para Henar y Jesús Otiz la inhabilitación especial para el desempeño del cargo de administrador o apoderado en cualquier persona jurídica, así como para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. La Fiscalía no ha presentado escrito de acusación.

La denuncia se produce como consecuencia de las relaciones comerciales habidas entre Sandra María Ruiz Vázquez y la mercantil 'Henarmonía, S.C.', de la que era administradora María del Henar Ortiz Álvarez, según la acusación particular.

Se generó una deuda de 22.600,73 euros que la acreedora, Sandra María, reclamó por vía ejecutiva en el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Oviedo que en fecha 22 de marzo de 2009 dictó auto acordando el despacho de ejecución contra 'Henarmonía, S.C.' y María del Henar Ortiz Álvarez por la cantidad de 22.600,73 euros en concepto de principal y 6.780,21, calculados para intereses y costas.

Siguiendo los trámites propios del referido procedimiento de ejecución, la ejecutada fue requerida el 4 de abril de 2009 para que designara bienes y derechos sobre los que trabar embargo e igualmente requerida para que manifestase si había procedido a la división y adjudicación de la herencia de su difunto padre.

La ejecutada presentó escritura notarial de fecha 14 de mayo de 2009, otorgada ante el Notario de Ribadesella, en virtud de la cual los herederos, (María del Carmen Álvarez del Valle, e hijos, María del Henar y Jesús Ortiz Álvarez), aceptaban la herencia y decidían adjudicar a la viuda el pleno dominio del único bien dejado por el causante a su fallecimiento (la finca registral 34.078, sita en términos de Sardeu, concejo de Ribadesella, sito de La Arquera, e inscrita en el Registro de la Propiedad de Cangas de Onís), sin que los hijos tuvieran nada que reclamar por razón de la herencia de su padre.