Paula Gordon Gimeno. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha calificado de muy atinada la proposición de Ana Botella de establecer un lugar específico para las manifestaciones ya que, según ha dicho, “ningún derecho es absoluto”.

“Me parece que es una reflexión muy atinada, no existe ningún derecho absoluto, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, mis derechos y libertades empiezan donde acaban los derechos del prójimo”, ha respondido el ministro.

Además, ha recordado que la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Reunión dice que deben comunicarse previamente la manifestaciones “para que precisamente la Delegación de Gobierno pueda hacer compatibles los derechos de todos y puede ser que se cambie la fecha, la hora y el recorrido para respetar también a quien no quiere manifestarse. La última palabra la tienen los Tribunales Superiores de Justicia”. El ministro ha hecho estas declaraciones durante la toma de posesión del nuevo responsable de la Guardia Civil en Madrid.

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, ha especificado que ya le ha enviado una carta en este sentido a la delegada del gobierno de Madrid para proponerle que se acuerden espacios en la ciudad para las manifestaciones. Botella explica que esto ya ocurre en París, siguiendo tres criterios: los ejes estratégicos de transporte, las áreas de afluencia turística y las zonas históricas. El Gobierno regional apoya esta propuesta, al igual que el ministro del Interior.

“En entornos históricos, zonas de gran afluencia turística y ejes estratégicos de transporte deberían regularse”, pide la alcaldesa.
Botella añadió que la capital “no puede tolerar que el espacio público de todos sea ocupado por quienes hacen de Madrid diana de todas las manifestaciones”, en detrimento del resto de los ciudadanos. Se trata de “la libertad sin límites de unos cuantos” con respecto a las limitaciones de los derechos del resto por lo que aclaró que tiene sentido pedir “una regulación de las manifestaciones, siempre desde el estricto respeto al derecho constitucional a protestar”.

Entornos históricos, zonas de gran afluencia turística y ejes estratégicos de transporte deberían ser protegidos, puntualizaba. En París no se producen manifestaciones ni en el centro ni en las proximidades de los edificios de la Asamblea Nacional, y los actos vandálicos son castigados con fuertes multas y con penas de hasta 5 años de cárcel si se daña mobiliario urbano. “El derecho a la manifestación se puede y se debe regular, como han hecho otras democracias”, explicó la alcaldesa.

"Cada uno tiene que hacer su función" y la mía es la de "defender los intereses de los madrileños". El centro de Madrid está siendo muy castigado por las manifestaciones". Tanto en la imagen de Madrid en el exterior y a nivel turístico como el negativo coste que produce en los comerciantes y vecinos.

El portavoz del gobierno de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria, ha insistido en que la delegada del Gobierno sí tiene la capacidad para modificar el itinerario de las manifestaciones, como ha quedado reflejado en "múltiples" resoluciones de la Delegación. Estas declaraciones vienen a cuento tras la afirmación de la delegada del gobierno, en que afirmaba que no se podían pasar a otros lugares las manifestaciones.