Arranca el juicio por las identificaciones del Yak 42
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Redacción Madrid. 21 de marzo.
Seis años ha tardado la Audiencia Nacional en sentar en el banquillo a los primeros acusados por el accidente aéreo del Yakolev- 42, en el que murieron 62 militares al estrellarse en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003, cuando regresaban de una misión en Afganistán. Este martes, tres altos cargos militares se sentarán en el banquillo de los acusados por falsificar las identificaciones de los cadáveres.
Al frente del juicio estará el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, que será el encargado de enjuiciar por primera vez en la historia de la Audiencia Nacional a cargos importantes del Ejército. Este magistrado, que ya presidió el tribunal por los atentados del 11-M, es conocido por su firmeza, mano dura y rectitud durante las vistas orales para que no se descontrolen las sesiones.
Ya ha advertido que sólo podrán acceder a la sala de vistas treinta personas, es decir, un representante de cada una de las familias cuyo fallecido fue mal identificado, teniendo en cuenta el reducido tamaño del espacio.
El juicio comenzará el martes con las declaraciones de los tres acusados, el general Vicente Navarro, el comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez, quienes se enfrentan a la acusación de un delito continuado de falsedad documental. Después, seguirán los interrogatorios a los testigos, entre los que finalmente no estarán ni el ex presidente del Gobierno José María Aznar ni los ex ministros de Defensa Federico Trillo y el socialista José Bono.
La Sección Primera también ha rechazado la testifical, tal y como habían solicitado las acusaciones, del ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el almirante general Antonio Moreno Barberá (imputado en la causa en la que se investigan las irregularidades en la contratación del avión siniestrado) y los también ex jefes del Estado Mayor del Ejército (JEME) Luis Alejandre y del Aire (JEMA) Eduardo González-Gallarza.
HASTA 5 AÑOS DE CARCEL
El fiscal del caso, Fernando Burgos, solicita cinco años de prisión para Navarro y 4 años y medio para Ramírez y Sáez por dos delitos de falsificación de documentos oficiales, así como una multa y una pena de inhabilitación especial para cada uno: de 60.000 euros y 5 años para el primero y de 24.000 euros y 4 años para los otros dos.
Burgos también reclama indemnizaciones por daños morales de 25.000 euros para cada uno de los cónyuges, hijos y padres de los 30 militares cuyos cuerpos no se identificaron correctamente, una cantidad que de no poder asumirla los acusados deberá abonar el Estado en concepto de responsable civil subsidiario.
El teniente fiscal acusa a Navarro de elaborar la lista con los militares muertos y "rellenar" de forma arbitraria y "caprichosa" los treinta espacios en blanco que había en esa relación de nombres y que correspondían a los de los militares que las autoridades turcas no pudieron identificar, mientras que a Ramírez y a Sáez les responsabiliza de hacer un informe de necropsia de forma aleatoria.
Por su parte, las cuatro acusaciones particulares personadas en la causa y ejercidas por los familiares de los militares fallecidos solicitan penas de entre 3 y 6 años de cárcel para los tres acusados.
Marlaska reabrió esta causa en abril del pasado año después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se lo ordenara al creer que las identificaciones de 30 de los 62 cuerpos se hicieron "erróneamente".
Los errores en la identificación de los cadáveres del accidente provocaron que se entregaran a muchos de los familiares de las víctimas restos que no eran los de sus seres queridos. Esto tuvo como consecuencia que se enterrara o incinerara a personas que no eran los familiares que se creía.
El magistrado también investiga las supuestas irregularidades en la contratación del Yak-42, en la que ya ha imputado un delito de imprudencia grave con resultado de muerte a cinco mandos militares: el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Antonio Moreno Barberá; el jefe del EMACON, Juan Luis Ibarreta; y de los responsables de este último organismo José Antonio Martínez Sainz-Rozas; Joaquín Yáñez González y Alfonso Elías Lorenzo Taboada.